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El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, creado por la Organización de Naciones Unidas mediante su Resolución A/RES/65/209 del 30 de marzo de 2011, para expresar su preocupación e instar a los gobiernos del mundo a frenar la terrible figura de las desapariciones forzadas.

La desaparición forzada es una estrategia dirigida a generar terror en las víctimas, extendiendo esta sensación a su circulo de familiares y amigos. No sólo afecta al desaparecido, genera un profundo temor e incertidumbre en sus familiares, por lo que prolonga el sufrimiento e inhibe a la sociedad, quien se siente amenazada ante tales prácticas. En la asunción del terrorismo de Estado como forma de gobierno, las dictaduras -clásicas y modernas- de América Latina, han recurrido a la oprobiosa tarea de desaparecer a cientos de miles de ciudadanos para tratar de impedir los cambios sociales o aplastar las revueltas sociales que demandan mejoras para las mayorías.

La Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas considera esta figura como la “privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. Asimismo, el instrumento interamericano de protección destaca que la desaparición forzada viola múltiples derechos esenciales de la persona humana e impone a los Estados el deber de no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales.

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha dicho en su sentencia del 29.07.1988 por el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras que “La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar ”

La Corte ha señalado que la práctica de desapariciones forzadas constituye además una ruptura del Estado con los valores y principios de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas “en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención”.

Desde el año 2000 y hasta el 2018 Provea registró 199 casos de desaparición forzada, casi en su totalidad impunes. En el contexto actual, genera honda preocupación el aumento de los casos de desapariciones-forzadas-temporales de personas en el marco del aumento del terrorismo de Estado. Al repertorio represivo mostrado por la dictadura de Nicolás Maduro, se ha sumado en los últimos 3 años el aumento de los casos de personas detenidas arbitrariamente y posteriormente sometidas a largos períodos de incomunicación en los que familiares, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, desconocen el paradero o las condiciones de reclusión y respeto a la vida e integridad de las personas detenidas.

Caso emblemático: Alcedo Mora y los hermanos Vergel

Alcedo Mora es un reconocido activista popular de la ciudad de Mérida con amplia trayectoria en las organizaciones PRV-FALN-Ruptura y Tercer Camino en la entidad, además es vocero del Secretariado de los Colectivos Revolucionarios en el estado. Fue visto por última vez el 26 de febrero de 2015 en las inmediaciones de la Plaza El Llano de la ciudad de Mérida. Un día antes envió un mensaje de texto en el que informó que asistiría a una reunión en la población de Jají, municipio Campo Elías de la entidad andina. Además, en sus mensajes de ese día informó: “Camaradas. Alerta. Tengo requisitorio de orden de captura por el SEBIN, se me quiere involucrar en unos recuperos , la cosa es complicadas , es parte donde se me quiere cobrar por unas denuncias de corrupción a PDVSA que -he- venido haciendo y me quieren montar una olla. Hay que estar pendiente. Atte. Alcedo Mora. Batería”. Desde entonces no se ha tenido ninguna información sobre su paradero.

El pasado 24 de agosto de 2019 se cumplieron 4 años de la desaparición forzada del dirigente popular del estado Mérida, Alcedo Mora y de los ciudadanos de origen colombiano Jesús Esneider Vergel Prado y Eliezer Antonio Vergel Medina. Luego de una intensa campaña de denuncias, movilizaciones, solicitudes de investigación al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, las autoridades venezolanas no han brindado una respuesta a sus familiares sobre el paradero de estos ciudadanos.

Familiares de Alcedo Mora acompañados por Provea ejercieron el 28 de junio de 2016 una Petición por violación de Derechos Humanos ante el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a los fines que el caso sea examinado por ambas instancias de conformidad con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Alcedo Mora denunció por medios de comunicación y en un informe entregado al gobernador del estado Mérida a varios funcionarios de la gobernación y personal de la empresa estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA)  que estarían involucrados en el contrabando de gasolina hacia la República de Colombia. Alcedo Mora además realizaba críticas públicas al gobierno nacional en aquellos aspectos que consideraba atentaban contra los intereses de las mayorías pobres del país.

En la medida que aumente la respuesta autoritaria, aumentara el número de casos de abusos contra los derechos humanos que incluyan detenciones arbitrarias y eventuales desapariciones temporales o indefinidas de personas. Los obstáculos para determinar el paradero, garantizar la defensa y el apoyo a detenidos, aumenta las posibilidades de la comisión de delitos contra los derechos humanos, como la tortura, tratos crueles, e incluso la desaparición forzada. Urge detener la posibilidad que la dictadura venezolana siga cometiendo claros abusos contra los derechos humanos. Para ello es necesaria la presencia de la amplia diversidad de mecanismos de protección que brindan el Sistema Interamericano y Universal de protección a los derechos de la gente.


Inti Rodríguez | Provea