20 de mayo de 2019 / A un año de la celebración de las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 es necesario resaltar que sus resultados están lejos de ser producto de un proceso electoral imparcial, equitativo, transparente y, por ende, confiable. Al punto que esas elecciones presidenciales solo sirvieron para profundizar la crisis política debido a la pérdida de legitimidad en la reelección de Nicolás Maduroy, además, le sumaron nuevas aristas a un complicado contexto de recesión económica y de emergencia social en Venezuela.
Desde el Observatorio Electoral Venezolano (OEV), se cuestionó que fuera un órgano sin legitimidad política como la Asamblea Nacional Constituyente que hiciera la convocatoria a tales comicios. Aparte de que se inhabilitaron a candidatos y a partidos políticos de la oposición venezolana con grandes cuotas de representación en la Asamblea Nacional y, a la vez, se limitó la actualización y la inscripción de personas en el Registro Electoral, en especial de los venezolanos en el exterior que ya suman, al menos, un conjunto de 3,7 millones de personas de acuerdo a las cifras de la Organización Internacional de Migraciones (OIM).
Todas estas acciones de ventajismo político se hicieron bajo la mirada despreocupada del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien no fue la única autoridad que tuvo un papel como árbitro electoral. Otros cuerpos como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la República (CGR) también tomaron participación en decisiones que marcaron la contienda electoral, que resultó desconocida tanto a lo interno de Venezuela como afuera de sus fronteras.
El resultado no podía ser otro que una histórica baja participación en una elección presidencial venezolana apenas con 46,07%, como lo marcaron los resultados oficiales del CNE. Esta cifra que pudiera ser alta que cualquier otro país de América Latina está muy lejos de la participación electoral de 74,69% que se reportó en las presidenciales de 2006, el 80,49% de las presidenciales de 2012 o incluso, de la participación de 79,68% que se dio durante las presidenciales de 2013.
Valga el momento, además, para evocar que el equipo de veedores del OEV en los 24 estados fue testigo de un cúmulo de 459 irregularidades electorales, durante el propio día de las votaciones del 20 de mayo. En concreto, se registraron 75 hechos de violencia o momentos de tensión, 84 fallas en la organización y más importante, 294 reportes de abuso con la propaganda electoral y los recursos públicos.
Este ventajismo del partido político a cargo del Gobierno también se expresó en una campaña de coartación para aquellos electores que reciben los beneficios de los distintos programas sociales que se entregan a través del mecanismo del llamado “Carnet de la Patria”. No es sencillo olvidar tampoco que todavía no se ha levantado una investigación profunda e imparcial sobre la denuncia de la compra de los votantes con la entrega de una bonificación especial en bolívares para aquellos portadores del “Carnet de la Patria”.
Aparte los representantes del OEV, tuvieron que lidiar con 6 episodios distintos que le pusieron reservas para efectuar su labor de observación electoral en algunos centros de votación. Estos números apenas dan cuenta de la tendencia en los 313 centros electorales que formaron parte de la muestra usada para la observación.
Todas estas irregularidades son parte de los argumentos que llevaron a más de 50 países en el mundo a desconocer la reelección de Nicolás Maduro y que hoy se expresan en distintas iniciativas de mediación política que intentan encontrar una salida a la crisis política en Venezuela.
En las ofertas del Grupo de Lima, del Grupo Internacional de Contacto y otras gestiones como el reciente encuentro liderado por Noruega, la celebración de unas elecciones equitativas, justas y con garantías aparece como una de las herramientas más útiles para resolver el grave desafío nacional.
Sin embargo, en el OEV queremos resaltar que nada de esto puede darse sin que se resuelva primero: el nombramiento de un nuevo cuerpo de rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), se realice un operativo especial para actualizar el Registro Electoral que permita la participación de todos los electores venezolanos tanto adentro como afuera del país y se garantice el cumplimiento de, al menos, 12 auditorias básicas y de las misiones de observación electoral tanto nacionales como internacionales
