En el marco de las protestas ciudadanas que comenzaron en abril, escuelas y hospitales han resultado afectadas en medio de las acciones represivas de los cuerpos de seguridad del Estado. Diversas organizaciones como Cecodap han solicitado acciones preventivas para proteger a escuelas y colegios que colinden con las manifestaciones.
A partir de esta problemática y en respuesta de la cantidad de víctimas que han resultado afectadas, el Ministerio Público pidió el pasado 14 de junio, una acción de protección para imponer a los órganos de seguridad del Estado que cumplen funciones de orden público, la obligación de no utilizar gases lacrimógenos u otros agentes químicos de disuasión en las inmediaciones de los centros educativos y de salud, tanto públicos como privados.
Esta solicitud fue interpuesta por el fiscal 100º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Juan Vicente Gómez, con competencia en protección de niños, niñas y adolescentes, civil e instituciones familiares, ante el Tribunal 32º de esa jurisdicción.
Con esta acción judicial, el Ministerio Público busca garantizar la integridad física, el derecho a la vida y a la salud de los niños, niñas y adolescentes que están en los centros de salud infantil y los planteles educativos, en vista de las últimas actuaciones de los cuerpos de seguridad que, a través del uso de gases lacrimógenos para el control de manifestaciones públicas, han afectado el desenvolvimiento cotidiano de las actividades de estudiantes y pacientes en esos lugares.
Cabe destacar que en medio de las manifestaciones se han visto afectados preescolares, colegios, escuelas y hospitales, tal como sucedió con el Hospital Materno del Valle, entre otros casos.
Ministerio Público
