En febrero de 2025, en una operación cívico militar se desmantelaron aproximadamente 38 puntos de control apostados a lo largo del río Orinoco, en el estado Amazonas.
Estos puntos eran administrados por indígenas y no indígenas venezolanos y colombianos.
Lo que en 2018 surgió como una respuesta a la extorsión de los militares venezolanos en un territorio donde predomina la minería ilegal, con los años se convirtió en una especie de piratería de río donde los propios habitantes le cobraban, sin distinción, a todos los que pasaban, evidenciando cómo la pobreza y la exclusión en zonas mineras, lleva a replicar conductas propias del modelo extractivista.
En este reportaje especial, la periodista e investigadora de nuestro Informe Anual, Minerva Vitti, relata cómo la fiebre extractiva, el abandono estatal y las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja, empujan a los pobladores indígenas del estado Amazonas, a participar en economías y gobernanzas al margen de la legalidad.
