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13 noviembre, 2019 por

«Cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo». Luego de la rebelión popular en Bolivia y la posterior dimisión del presidente Evo Morales, el dictador venezolano, Nicolás Maduro, pareciera estar siguiendo a pie juntillas la recomendación del conocido refrán popular. Y es que en vísperas de una nueva movilización de masas convocada por la oposición venezolana para el próximo 16 de noviembre, el gobernante de facto venezolano ha anunciado la implementación de un nuevo operativo de seguridad para reforzar el control, la vigilancia y la represión sobre la población.

Durante una jornada de «Orientación e Interacción» con las «Unidades Populares de Defensa Integral» (UPDI), Maduro anunció el despliegue de la Milicia Bolivariana hasta el 31 de diciembre en las calles del país. «Está dada la orden para la activación de todas las cuadrillas de paz. Candelita que se prenda, candelita que se apaga […] Hay quienes quieren sabotear las navidades. No han podido, ni podrán». 

Maduro informó que la Milicia cuenta con 3.295.335 milicianos y se organizan en las comunidades a través de las (UPDI) que suman 63.890 en todo el país. Dijo que los milicianos ejercerán funciones de patrullaje y control durante el mes de diciembre y añadió que solicitará a la ilegítima asamblea nacional constituyente la elevación de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada a Ley Constitucional y que «se le de fuerza a la presencia de la Milicia en la FANB».

«Batallones de la dignidad» bolivarianos

Aunque sus antecedentes se remontan al año 2004, las Milicias Bolivarianas fueron creadas por Chávez en diciembre de 2007, luego de desconocer la voluntad popular expresada en el referendo sobre la propuesta de reforma de la Constitución Nacional -impulsada por el fallecido mandatario-, que rechazó la creación de este cuerpo en el seno de la Fuerza Armada.

La Milicia fue introducida como un «cuerpo especial» de la FANB en sustitución de la Reserva Nacional. Incluida inconstitucionalmente como un quinto componente de la Fuerza Armada, la característica de «cuerpo especial» intentaba sortear los obstáculos legales y constitucionales para su creación. En 2005, con la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana adquiere rango legal y es definida en el instrumento como:

«[…] un cuerpo especial organizado por el Estado Venezolano, integrado por la Reserva Militar y la Milicia Territorial destinada a complementar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la Defensa Integral de la Nación, para contribuir en garantizar su independencia y soberanía. Los aspectos inherentes a la organización, funcionamiento y demás aspectos administrativos y operacionales serán determinados por el reglamento respectivo». 

De acuerdo a la LOFANB, la Milicia Nacional Bolivariana depende directamente del Presidente o Presidenta de la República en todo lo relativo a los aspectos operacionales, mientras que para los asuntos administrativos depende del Ministro del Poder Popular para la Defensa. A pesar que, de acuerdo a la Constitución Nacional, la FANB está conformada por cuatro componentes (Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional); la Milicia Bolivariana ha ido, por la vía de los hechos, siendo impuesta como un quinto componente de la FANB al servicio del proyecto político bolivariano. Una versión remasterizada de los «Batallones de la Dignidad» creados por el dictador panameño Manuel Noriega para intimidar, vigilar y perseguir a la oposición política, bajo la excusa de la defensa de la soberanía y la seguridad nacional.

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La reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del año 2009 creó en su artículo 50 la figura de los llamados «Cuerpos Combatientes», unidades militarizadas en las empresas e instituciones públicas y privadas cuyo objetivo sería asegurar la «integridad y operatividad» de dichas instituciones, impidiendo la paralización de la producción y las operaciones, lo que constituiría una violación al derecho a huelga usándose a los “combatientes” como esquiroles o grupos de choque.

Para abril de 2014, las «Milicias Obreras» comenzaron su entrenamiento en el Fuerte Tiuna. 1.500 personas vinculadas a la estructura político-organizativa del proyecto bolivariano conformaron el primer grupo de milicianos adscritos a los «Cuerpos Combatientes», la meta oficial era alcanzar la cifra de 2,5 millones de combatientes.

En mayo de ese año, durante un encuentro realizado con las llamadas «Comunas Productivas» Nicolás Maduro anunció la creación de las «Milicias Comunales»: «Tenemos que formar a todo el pueblo en la doctrina militar, con las milicias comunales». Según informó el periódico Últimas Noticias a la jornada asistieron «aproximadamente 10.000 comuneros de todo el país, así como miembros de diferentes movimientos sociales e integrantes de la Misión Jóvenes del Barrio, que se han integrado a la segunda etapa de la ofensiva económica enfocada en potenciar la producción nacional, cumplir con los precios justos y garantizar el abastecimiento de productos, bienes e insumos». Días antes, Maduro había oficializado la creación de las «Milicias Estudiantiles».

 

321.433 fusiles para la «paz»

Maduro informó este martes que a través de la FANB serían distribuidos 321.433 fusiles a los milicianos para “garantizar la paz y las navidades felices”. En diciembre pasado, durante un acto junto a la FANB y la Milicia Bolivariana, Maduro había instruido a ambas instancias a trabajar en tres dimensiones: una dimensión preventiva basada en la activación de la inteligencia y contrainteligencia popular, una defensiva anclada en la «defensa del territorio nacional», y otra ofensiva, basada en la «preparación y planificación para mantener la paz del país». En dicha ocasión, Maduro también prometió armas a los milicianos y un bono especial «Niño Jesús», que sería cancelado mediante el carnet de la patria.

Si bien el proceso de militarización y participación de civiles en labores de seguridad ciudadana y orden público inició con Chávez, en la era Maduro el proyecto bolivariano pisó el acelerador hasta el fondo. Desde 2014 la gestión de Maduro aceleró la construcción del andamiaje anti-protestas y de control total de la población. En medio del conflicto que se desarrollaba en las calles para exigir su salida del poder, lanzó el “Comando Popular Antigolpe” con el que abrió la puerta a la participación “institucionalizada” de civiles en labores de contención de manifestaciones; inteligencia para-policial y seguridad ciudadana. Finalizada la ola de protestas conocida como la “Salida”, inmediatamente se crearon nuevas figuras represivas que se sumarían a las Milicias obreras; campesinas; estudiantiles y vecinales. Las “Brigadas Especiales contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia” (BEGV); la Fuerza Choque, adscrita al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), y el “Sistema Popular de Protección para la Paz” (SP3) fueron algunas de las instancias creadas entre 2014 y 2015 para hacer frente al descontento social y afianzar los mecanismos de control.

En enero de 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa publicó en Gaceta Oficial No. 40.589, la resolución número 008610 mediante la cual se dan atributos a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para realizar labores de control de orden público en el contexto de manifestaciones. Esta medida, violatoria de la Constitución Nacional en sus artículos 68, 329 y 332 y apartada del estándar internacional que señala que sólo los cuerpos policiales deben ser los responsables del control del orden interno; se dictó en un contexto de amplia represión por parte de efectivos de las FANB en las manifestaciones públicas. La Resolución 008610 no hizo diferenciación sobre los cuerpos militares que podrán actuar en manifestaciones públicas para el control del orden interno, sino que dejó abierta la posibilidad para que cualquier miembro de esta institución participe en estas operaciones, lo que podría incluir al Ejército o la Armada, en abierto desconocimiento a lo establecido en el artículo 332 de la Carta Magna. Más recientemente, figuras como la “Red de Articulación y Acción Sociopolítica” (RAAS) o las “Cuadrillas de Paz”, han añadido nuevos riesgos para quienes protestan o disienten del proyecto autoritario de Maduro y su cúpula.

Armando a civiles

Venezuela, el país que en 2013 aprobó una Ley especial para el desarme y el control de municiones, y que en mayo de 2019 asumió la presidencia pro tempore de la Conferencia de Desarme de la Organización de Naciones Unidas, vive una prolongada y peligrosa carrera para armar a civiles identificados política e ideológicamente con quienes detentan el poder a la fuerza.

En marzo de este año Nicolás Maduro hizo un llamado a las agrupaciones paramilitares que respaldan su dictadura, para que asumieran una posición de “resistencia activa”, alentando abiertamente a las instancias político-organizativas vinculadas al Partido Socialista Unido de Venezuela y al aparato represivo estatal, a sumarse a las labores para contrarrestar el descontento y la movilización popular, generadas por la grave crisis que atraviesa el país.

Milicias Bolivarianas y agrupaciones paramilitares conforman la principal estructura civil del aparato represivo en Venezuela.

Las milicias no son reconocidas en la Constitución Nacional como un componente de la Fuerza Armada. Los miembros de esta instancia armada son civiles identificados abiertamente al proyecto político de Nicolás Maduro, con escaso entrenamiento y sin mecanismos visibles de rendición de cuentas en caso de que sus miembros incurran en la comisión de abusos contra los Derechos Humanos.

Mientras, las agrupaciones paramilitares actúan bajo la aquiescencia de agentes de la fuerza pública para cometer abusos contra manifestantes pacíficos, hostigar y amenazar a dirigentes políticos y activistas sociales y controlar territorios para desarrollar economías criminales. Estas agrupaciones están involucradas en cientos de denuncias de violaciones a la integridad personal y asesinatos contra manifestantes, ocurridas entre el 2014 y el 2019.

La dictadura ha escalado la represión a niveles superiores generando severos riesgos para el derecho a la integridad y la vida de cientos de miles de ciudadanos. Incorporando a civiles armados al aparato represivo, los riesgos para los derechos humanos aumentan exponencialmente.

Inti Rodríguez | Provea

 

 

 

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