GINEBRA – La detención arbitraria y la inminente deportación de tres disidentes políticos venezolanos y una persona defensora de derechos humanos que viven en el exilio en Estados Unidos constituirían una violación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, advirtieron hoy expertos de la ONU*.
Dehivis David Olivo Hernández, Gregory José Sanabria Tarazona, Teobaldo Antonio León y Wilmer Alexander García Vallenilla enfrentan la deportación a Venezuela sobre la base de acusaciones infundadas de que suponen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, según los expertos.
«Nos alarma que su deportación violaría el principio de non refoulement, que prohíbe el traslado de personas a cualquier país en el que corran un riesgo real y previsible de privación arbitraria de la vida, tortura, desaparición forzada, detención arbitraria, persecución, juicio injusto u otras violaciones graves de los derechos humanos», señalaron. Esta protección se aplica independientemente de la situación migratoria o la nacionalidad.
El Gobierno de los Estados Unidos afirma, sin pruebas, que los cuatro venezolanos estarían vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, que ha sido designada equivocadamente por los Estados Unidos como organización terrorista. Esta designación los ha expuesto a una deportación sumaria en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, ya que Estados Unidos sostiene ilegalmente que el Tren de Aragua está llevando a cabo una “invasión o incursión depredadora” en el país bajo órdenes del Gobierno venezolano.
«Estas personas enfrentarían graves violaciones de los derechos humanos si son devueltas a Venezuela», advirtieron los expertos. «Al menos dos de ellas han sido víctimas de actos de tortura documentados en Venezuela. Todas corren el riesgo de sufrir nuevas persecuciones, abusos o desapariciones forzadas».
Estados Unidos tiene la obligación de respetar estas protecciones como parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en virtud del derecho internacional consuetudinario.
«Nos preocupa que las deportaciones sean inminentes, a pesar de la ausencia de una evaluación individual de los riesgos que enfrentan en Venezuela, especialmente debido a sus actividades políticas previas o a su labor en defensa de los derechos humanos», afirmaron los expertos.
También expresaron su preocupación por las circunstancias de su detención, señalando que, según informes, estas personas fueron arrestadas durante trámites rutinarios de inmigración o citas judiciales, sin previo aviso ni justificación adecuada. Al parecer, se les negó el acceso a asistencia jurídica y la posibilidad de impugnar eficazmente sus deportaciones y reclamar la protección contra el non refoulement.
«El Gobierno de Estados Unidos debe detener de inmediato la deportación de estas cuatro personas y llevar a cabo evaluaciones individualizadas adecuadas, conforme al derecho internacional», instaron los expertos. «Las autoridades deben garantizar el acceso a recursos efectivos y abstenerse de adoptar nuevas medidas que puedan poner en riesgo a estas personas o a cualquier otra que sea deportada».
«Venezuela también debe garantizar la seguridad, la dignidad y los derechos de estas cuatro personas en caso de que sean devueltas», añadieron.
De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, los expertos instaron a las autoridades venezolanas a garantizar que ninguna de estas personas ni sus familiares sean objeto de represalias, incluida la detención o el enjuiciamiento, por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión y participación en los asuntos públicos.
«Todas las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades nacionales de cualquier país deben ser investigadas de forma independiente, y se deben proporcionar recursos efectivos a las víctimas», concluyeron los expertos.
Los expertos han estado en contacto con ambos Gobiernos respecto a estas preocupaciones.
*Los expertos:
- Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo;
- Gabriella Citroni (Presidenta-Relatora), Grażyna Baranowska (Vicepresidenta), Ana Lorena Delgadillo Pérez, Aua Baldé and Mohammed Al-Obaidi, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias
- Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos
- Gehad Madi, Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes
- Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados
- George Katrougalos, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo
