El 08 de enero de 2021, la populosa barriada de La Vega, al suroeste de Caracas, fue el escenario de una de las peores masacres registradas en la historia reciente del país.
La madrugada de ese día, decenas de miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) -y sus divisiones élite: Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), Unidad de Operaciones Tácticas Especiales (UOTE), Dirección de Investigaciones Penales (DIP)- acompañados por funcionarios del Comando Nacional Antisecuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) se desplegaron para bloquear todas las entradas y salidas del barrio.
En una estrategia de acecho y persecución, policías y militares cercaron a los habitantes de la séptima parroquia más poblada, de las veintidós que integran el municipio Libertador de Caracas.
Semanas antes del operativo, el foco mediático estaba centrado en las constantes refriegas protagonizadas por agentes de la fuerza pública y presuntos integrantes de agrupaciones delictivas que ejercían el control territorial en el barrio Cota 905 -vecino a La Vega-, y en la expansión de estas economías criminales hacia zonas vecinas.
Imágenes y vídeos viralizados en redes sociales, días antes del operativo policial-militar, mostraban al menos a una decena de jóvenes portando armas de fuego de alto calibre en las calles del gigantesco barrio de La Vega.
Derribando el bastión
La Vega, un acostumbrado bastión electoral del chavismo, protagonizó una ruidosa rebelión en 2017 y 2019. Junto a la también -e históricamente- chavista parroquia El Valle, al sur de la ciudad.
Centenares de habitantes de ambas parroquias tomaron las calles y enfrentaron a policías y militares en medio de las jornadas de protestas de esos años.
Esos antiguos bastiones del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del proyecto político bolivariano, se convirtieron, entonces, en el epicentro popular de ambos ciclos de protestas.
El castigo de las corporaciones policiales y militares, fue particularmente duro contra las personas que protestaron en los barrios pobres.
Los acentuados abusos, en opinión de Provea, estuvieron motivados por dos factores: primero, por el significado histórico que ha tenido para quienes gobiernan, la pérdida casi total del apoyo popular en estas zonas que, desde 2008, eran garantía de victoria electoral; y segundo, por el significativo cataclismo que representa cualquier rebelión popular para la estabilidad de las economías criminales que sostienen -desde hace mucho tiempo- policías y militares, junto a agrupaciones delictivas.
La brutal represión ejercida en los barrios pobres perseguía un objetivo simbólico y político para atemorizar y preservar el control territorial, pero también, un objetivo vinculado al copamiento -mediante la fuerza- para reestablecer las dinámicas delictivas.
Controlar y aplastar
Durante varios meses, y días antes de la masacre, habitantes de varios sectores de las zonas bajas y altas del cerro de La Vega, habían reclamado insistentemente las deficiencias en servicios como el agua, la recolección de basura y los cortes de energía eléctrica.
Pero el 08 de enero llegaron más problemas.
Esa madrugada, los pobladores de La Vega sintieron la presencia del Estado, como un enorme y aterrador fuego que abrasó todo.
No era nuevo.
En 2019, cuando los jóvenes del barrio se levantaron contra el hambre y ensamblaron barricadas y bombas molotov contra la represión, funcionarios de las FAES y de los Consejos Comunales se dispusieron a marcar con aerosoles las casas de los manifestantes.
Ese año, Provea pudo documentar al menos 17 casos de personas -habitantes del sector- que habían sido detenidas, o que habían huido del país, luego de estos procedimientos ilegales.
Pero en la madrugada del 08 de enero de 2021, cuando policías y militares acorralaron al barrio e infundieron el miedo entre los cerca de 150.000 habitantes del cerro, se llevaron un mejor botín a la causa del miedo.
Ese día, mataron a 23 personas. Todos civiles caídos en supuestos enfrentamientos, a pesar de que nunca cayó un policía o un militar.
Terror total
La casi totalidad de las 23 víctimas de la Masacre de La Vega, fueron detenidas y posteriormente asesinadas delante de sus familiares o en lugares cercanos a los sitios donde fueron detenidas.
Familiares y vecinos de las víctimas señalan que las personas asesinadas no estaban vinculadas a bandas delictivas, pero fueron ajusticiadas luego de haber sido detenidas dentro de sus viviendas o en la calle.
Provea ha tenido acceso a algunas de las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público, y ha podido conocer los nombres de los agentes de seguridad pública presuntamente involucrados en este hecho:
- Douglas Rafael Tovar Sánchez (PNB) Oficial Agregado
- Supervisor Mendible Figuera Cherver Alfredo 20.841.309 (PNB)
- Rubén David Sánchez Añasco cédula 21070240
- Johan Luis Adras Hernández 26619035
- Douglas Rafael Tovar Sánchez cédula
- Muller Laidesker
- Octavio Izturde
- Deremith Mendoza
- Marco Esparragoza
- Oficial Jefe Fernando Hernández (Faes)
- Florencio Escalona (Faes)
- Pedro Revilla (Faes)
- Miguel Heredia(Faes)
- Cesar Acosta )Faes)
- Brian Seijas (Faes)
- Supervisor Jefe Argenis Pinto (Faes)
- Rubén Sanchez
- José Molina
En Venezuela, junto a la pobreza, la impunidad es la mayor violación de derechos humanos. Provea ha afirmado numerosas veces que la impunidad en Venezuela es estructural.
El irregular funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia y el copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantiza impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos.
De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados. Esta situación afecta especialmente a los más pobres.
La extinción del Estado de Derecho mediante la ampliación de un cerco jurídico que restringe los derechos de manifestación, asociación y libre expresión; la respuesta cada vez más autoritaria a la conflictividad social mediante la criminalización y represión a manifestantes y disidentes políticos; y la abolición de la Constitución Nacional mediante la construcción de una «legalidad» e «institucionalidad» alterna, han allanado el camino para que la dictadura aplique más fuerza para someter al pueblo a condiciones dramáticas de subsistencia.
Allanamientos ilegales, detenciones masivas y arbitrarias, desapariciones forzadas temporales de detenidos, aplicación de justicia militar, uso excesivo de la fuerza en la gestión de manifestaciones, entre otras prácticas, forman parte del repertorio represivo de la dictadura en materia de seguridad ciudadana y control del orden público.
Al cumplirse 17 meses de la masacre de La Vega Provea reitera su exigencia de investigación y sanción a los responsables, y reparación y garantías de no repetición para las victimas,
Prensa Provea
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