El 29 de octubre de 1988, catorce pescadores fueron asesinados por efectivos del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP), en el sector conocido como Caño La Colorada en la población de El Amparo, en el sureño estado Apure.
Aquella mañana fueron asesinados José Indalecio Guerrero, Rigo José Araujo, Julio Pastor Ceballos, Carlos Antonio Eregua, Arin Maldonado Ovadias, Moisés Antonio Blanco, Luis Alfredo Berríos, Emeterio Marino Vivas, Rafael Magín Moreno, Pedro Indalecio Mosqueda, José Mariano Torrealba, José Ramón Puerta García, José Gregorio Torrealba y Justo Arsenio Mercado.
Han transcurrido 34 años de este crimen y aún la impunidad continúa sirviendo de protección de los responsables. La Masacre de El Amparo, constituyó uno de los casos de violación a los derechos humanos más emblemáticos de la historia contemporánea venezolana.
Los dos únicos sobrevivientes del hecho –Wolmer Pinilla y José Augusto Arias-, junto a los familiares de las víctimas, han sido actores clave en la lucha por la verdad y contra la impunidad. Tres décadas después continúan luchando para que los responsables sean castigados.
Las estrategias de la impunidad
En el caso de la Masacre de El Amparo, la actuación de los Tribunales Militares, Consejos de Guerra y Cortes Marciales estuvo dirigida al claro propósito de producir impunidad.
El 29 de abril de 1992 el Consejo Permanente de Guerra de San Cristóbal dictó una sentencia declarando que los 14 pescadores muertos eran integrantes de un grupo subversivo colombiano; que se produjo un enfrentamiento y que los militares y policías actuaron defendiendo la soberanía del país.
Esa sentencia fue confirmada el 12 de junio de 1994 por una Corte Marcial integrada por el coronel Marcos Porras Andrade, el Coronel Ramón Francisco Guzmán Díaz y el abogado Servio Tulio Bastidas Balza.
Contra dicha sentencia los abogados de las víctimas interpusieron un recurso de casación y en 1998 una nueva Corte Marcial dictó la sentencia definitiva de impunidad.
Ante la evidente actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar, el caso de la masacre de El Amparo fue presentado en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.
El 10 de agosto de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió el caso asignándole el número 10.602. Durante tres años y dos meses el caso fue procesado en esta instancia, destacándose en todo ese lapso una conducta por parte del Estado venezolano orientada a obstaculizar la posibilidad de obtener justicia.
El 12 de octubre de 1993, es decir, casi al cumplirse cinco años de la masacre, la CIDH de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), publicó un Informe en el cual recomendaba al gobierno de Venezuela -presidido por Ramón J. Velásquez- que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores, y a su vez que se indemnizara a las víctimas.
Ante la negativa del gobierno de Ramón J. Velásquez, la CIDH -a solicitud de los representantes de las víctimas-, presentó el caso el 14 de enero de 1994 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
El 1° de agosto de 1994, el Estado de Venezuela procedió a contestar la demanda. Sin embargo, el 11 de enero de 1995, un mes antes de que el gobierno de Caldera cumpliera un año de gestión y a través del para entonces agente del Estado ante la Corte Interamericana, Asdrúbal Aguiar, el gobierno venezolano reconoció la responsabilidad internacional por los hechos y asumió el compromiso de indemnizar a las víctimas.
El Estado, admitió que había ocurrido una masacre cometida por funcionarios del Estado venezolano y que, como consecuencia, se había causado un daño a los familiares y sobrevivientes, que debía reparar.
Con fundamento en dicho reconocimiento, la Corte Interamericana dictó sentencia el 18 de enero de 1995, la primera dictada por esta instancia contra Venezuela.
Una nueva sentencia sobre el mismo caso fue dictada por la Corte el 14 de septiembre de 1996, pero esta vez sobre las reparaciones que debería cumplir el Estado venezolano.
Del contenido de las dos sentencias, este quedó obligado a investigar y sancionar a los responsables de la masacre e indemnizar a las víctimas. Durante la gestión del gobierno del presidente Caldera se pagó la casi totalidad de la indemnización, pero el Estado, por un mal cálculo de los pagos, quedó debiendo aproximadamente el 5% de esa indemnización, que fue finalmente cancelada en diciembre de 2005 bajo la gestión del Presidente Hugo Chávez.
Durante la gestión del presidente Caldera se consumó la impunidad al declarar inocentes a los autores materiales en la jurisdicción militar y nunca investigar a los autores intelectuales.
En la gestión del gobierno del presidente Chávez no se hizo nada para lograr justicia.
En reiteradas oportunidades la Corte Interamericana ha exigido castigar a los culpables, pero la impunidad continúa a pesar de las reiteradas declaraciones de diversos voceros del gobierno repudiando la masacre.
En el seguimiento para el cumplimiento de la sentencia la Corte IDH realizó audiencia en el mes de enero de 2010. En marzo de ese año, la Corte IDH dictó una sentencia en donde acotaba que debía reabrirse el caso de El Amparo.
Además, en mayo del mismo año, dicho órgano le ordenó al Estado venezolano que debía dar cumplimiento cabal a la sentencia dictada en 1995, y que tenía oportunidad de hacerlo hasta junio de 2010. En julio de 2010, Provea en conjunto con Cejil, envió un comunicado a la Corte en donde se señalaban las observaciones realizadas al informe presentado por el Estado venezolano.
En abril de 2011, Provea envió una comunicación a la Fiscal General de la República para que se pronunciara con respecto al caso de El Amparo, solicitando que se realizara una reunión con los sobrevivientes, familiares de las víctimas y sus representantes para dar información sobre el alcance de las investigaciones realizadas y las gestiones a realizar; y requiriendo que el Estado Venezolano presente a la Corte, el mencionado cronograma.
En 2015 la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz ratificó el compromiso que había alcanzado con Provea un año antes, para realizar una visita a la población de El Amparo y conversar con los familiares de las víctimas y los dos sobrevivientes, esa visita nunca se concretó.
Un paso, insuficiente aún, para alcanzar la justicia
En octubre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dio un paso parcial en la lucha contra la impunidad de graves violaciones de derechos humanos ocurridos de 1958 a 1998, ya que anuló, por petición del Ministerio Público, la sentencia que en 1998 declaró inocentes a quienes dieron muerte a los 14 pescadores de El Amparo.
Provea calificó la decisión como un paso parcial, toda vez que la sentencia viola el artículo 29 de la Constitución que establece que las graves violaciones de los derechos humanos deben ser investigadas y sancionadas por los tribunales ordinarios.
En ese momento, el TSJ remitió el caso a la Corte Marcial para que dictara una nueva decisión de conformidad con los criterios establecidos en la sentencia, contrariando además varias sentencias dictadas por la propia Sala en casos anulados en la justicia militar.
La Sala Constitucional además violó las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18 de enero de 1995 y del 14 de septiembre de 1996 sobre la Masacre de El Amparo. La Sala -salvo el voto concurrente de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán-, no hizo ninguna referencia a los mandatos establecidos en esas dos sentencias que debió desarrollar.
El 14 de junio de 2017, la Corte Marcial se declaró incompetente para cumplir lo ordenado por la Sala Constitucional, debido a que los delitos imputados a los involucrados “son de naturaleza no militar […] constituyen delitos de naturaleza común enjuiciables y sancionables por la jurisdicción penal ordinaria”.
Finalmente, en junio de 2022, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la Corte de Apelaciones del estado Apure, dictar sentencia en relación a los hechos ocurridos el 29 de octubre de 1998 en el Caño Las Coloradas. Un paso que Provea valora como importante en la búsqueda de justicia.
Pese a ello, el pasado 25 de octubre de 2022, los dos sobrevivientes de la masacre, Wolmer Pinilla y José Augusto Arias, acompañados por el abogado Marino Alvarado, acudieron el pasado 25 de octubre a la Corte de Apelaciones de Apure para constatar el estado de la causa, y aún la totalidad del expediente del caso no ha sido remitida por el Tribunal Supremo de Justicia, lo que supone una nueva dilación en el camino a la justicia.
Amparados por la impunidad
Hasta ahora los responsables de los sucesos de El Amparo no han sido juzgados ante la justicia venezolana.
Para Provea ello continúa siendo un aval a la impunidad, más aún, cuando buena parte de los involucrados en la masacre ocupan o han ocupado altos cargos en las instituciones del Estado venezolano a pesar de los señalamientos que pesan sobre ellos.
Una de esas personas es el ex ministro y ex gobernador del estado Guárico, Ramón Rodríguez Chacín, quien es señalado como autor intelectual de la masacre de El Amparo y de otros hechos ocurridos en el mismo período y conocidos como “los amparitos”.
Otras personas señaladas por haber participado en estos sucesos y que han ejercido funciones públicas en los últimos años son: el General (Ej.) Camejo Arias, quien fue designado como director de Seguridad de la Gobernación del estado Bolívar, en 2004; el Coronel (Ej.) José Vivas Quintero, exdiputado al Parlamento Andino en representación del Movimiento Quinta República (MVR); el ex Comisario (Disip) Henry López Sisco, quien fue contratado por el ex gobernador Manuel Rosales en la Gobernación del Zulia; Ricardo Pérez Gutiérrez, juez militar que instruyó el expediente de la masacre y revocó los autos de detención contra los funcionarios involucrados en los hechos, dictando autos de detención contra los sobrevivientes por “rebelión militar”, fue contratado como asesor jurídico del Ministerio de la Defensa durante la gestión de José Vicente Rangel.
Prensa Provea
