Nicolás Maduro informó este jueves durante una alocución en cadena nacional, que solicitará apoyo financiero a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para financiar los vuelos del llamado «Plan Vuelta a la Patria», que consiste en el traslado de venezolanos que emigraron del país, de vuelta a la nación.
«500 millones de dólares, voy a la ONU a pedirlos como apoyo, de los recursos que tiene la ONU para apoyar a Venezuela para que los migrantes regresen, porque les hicieron una oferta falsa», expresó Maduro la noche de este jueves desde el Palacio de Miraflores.
Maduro informó que hasta la fecha unos cinco mil venezolanos se han registrado en la Embajada de Venezuela en Perú, para retornar a Venezuela, con el «Plan Vuelta a la Patria». De acuerdo a información suministrada por el portal de noticias gubernamental AVN, el «Plan Vuelta a la Patria» contempla tres fases, que incluye el registro en el programa, la operación logística, con el traslado a Venezuela y la inserción en el sistema de protección social del gobierno nacional.
En días recientes, Provea afirmó que mientras miles de venezolanos protagonizan la emigración forzada más grande de la historia del país, la dictadura de Maduro ha insistido en negar la existencia de ese drama, no acepta su responsabilidad y culpa a otros por el sufrimiento de los migrantes venezolanos. Semejante actitud no solo viola los fundamentos de sus compromisos internacionales, sino que además obstaculiza la solución de los problemas nacionales que causan esta migración y dificulta la necesaria cooperación de la comunidad internacional.
Maduro y otros altos funcionarios defensores de su gobierno, han negado el impacto de la diáspora venezolana.
“Hay un problema muy grave, lo dicen las Naciones Unidas, (Colombia es) el país con mayores refugiados del mundo y de gente que huye de la guerra: 6 millones, 7 millones (…) es lo más grave que hay. Afortunadamente Venezuela no tiene ese problema”, dijo Maduro el pasado 30 de agosto durante un acto en el Palacio de Miraflores.
Por su parte, el 2 de octubre de 2017, el defensor de la dictadura, Alfredo Ruíz, afirmó en declaraciones a la estación Unión Radio: «No es cierto que Venezuela es un país de emigrantes. Venezuela todavía es un país receptor de inmigración (…), el flujo de las personas que entra es mayor que las personas que salen», y añadió, «Al fallar el diálogo como debate, la resolución de conflicto por la vía pacífica, entonces empieza a fallar otra cosa que es la esperanza (…). Si tengo problemas para conseguir un empleo, problema de seguridad, me siento inseguro, no puedo acudir a algunos sectores, a alguna discoteca (…) la esperanza se pierde», minimizando las causas y dimensiones del enorme flujo de venezolanos que han huido del hambre y la represión generadas por el gobierno de Maduro.
De acuerdo a cifras de ONU, para junio de 2018 se estimaba que 2.3 millones de venezolanos habían salido del país, principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile. Asimismo, ACNUR registraba 299.016 solicitantes de asilo y 585.996 personas procedentes de Venezuela optaron por otras alternativas de regularización al 1 de agosto de 2018.
A comienzos del mes de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) de la ONU; Comité sobre los Derechos del Niño (CRC) de la ONU; la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); el Dr. Felipe González, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, emitieron una declaración conjunta exhortando a los Estados, junto con otros actores relevantes tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organizaciones de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación a desarrollar una respuesta regional coordinada basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida para responder antes, durante y después del desplazamiento masivo de migrantes y refugiados de Venezuela.
Este 19 de septiembre, ACNUR y la OIM, el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración, anunciaron el nombramiento de Eduardo Stein, como Representante Especial Conjunto para los refugiados y migrantes venezolanos en la región. En una declaración conjunta, estos órganos de ONU informaron que la labor del Representante Especial será brindar «apoyo a los esfuerzos de los gobiernos nacionales respecto de la respuesta frente a las necesidades de protección y de soluciones por parte de un número cada vez mayor de refugiados y migrantes venezolanos».
Desde el año 2015, las organizaciones de la Sociedad Civil venezolanas han solicitado reiteradamente al gobierno de Maduro, la activación de los mecanismos de cooperación y ayuda humanitaria a través de los órganos y agencias de cooperación de Naciones Unidas. La dictadura niega la existencia de una emergencia humanitaria compleja y la profunda crisis en alimentación y salud, cerrando con ello las posibilidades para que se activen los mecanismos de cooperación internacional que coadyuven a solucionar la grave crisis y el severo daño nutricional a la población en mayor situación de vulnerabilidad.
Si el gobierno de Maduro hubiera reconocido a tiempo la existencia de una emergencia humanitaria compleja y hubiese promovido los esfuerzos necesarios para recibir la cooperación internacional a través de los órganos de Naciones Unidas, millones de venezolanos aún estarían en nuestro país, y no atravesando a pie las heladas montañas de Colombia y Ecuador en busca de una vida mejor. Los migrantes venezolanos han estado sometidos a situaciones de riesgo para su salud, su seguridad y sus vidas, debido a la indolencia de la dictadura de Maduro.
El Estado venezolano, como miembro de las Naciones Unidas, está obligado a respetar la Carta de las Naciones Unidas que establece dentro de sus propósitos “Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. Pero al negar la existencia de los problemas y al obstaculizar la cooperación internacional, el gobierno no solo da muestras de soberbia e indolencia, sino que además vulnera el principio de buena fe para el cumplimiento de los compromisos internacionales, que es uno de los pilares del derecho internacional.
Es una burla para los millones de venezolanos que han debido abandonar el país, que la dictadura plantee la solicitud de fondos a Naciones Unidas para financiar un «Plan» que lejos de significar una respuesta efectiva a la crisis migratoria venezolana, se ha convertido en un nuevo instrumento para la propaganda política del gobierno.
Si existiera la voluntad de atender las causas que han forzado a millones a emigrar, la administración de Maduro comenzaría por reconocer la emergencia humanitaria y solicitar a ONU la ayuda internacional necesaria para paliar la grave crisis de alimentos y medicinas, pero eso, lamentablemente, no es la prioridad del gobierno. De concretarse esta solicitud, ONU debería responder enérgicamente al gobierno de Venezuela que es necesario atender las causas que están empujando a los venezolanos a huir desesperadamente del país, y en ese sentido exigirle a Maduro que permita el ingreso de la ayuda humanitaria.
Prensa Provea
