El pasado jueves 27 de febrero, Nicolás Maduro anunció la creación de un “cuerpo policial antiterrorista” con el objetivo de defender a Venezuela del “flagelo del terrorismo” que en sus palabras proviene desde Colombia, Estados Unidos con la meta de “servir de instrumento” para nueva violencia ejecutada por la oposición; creación que surge mientras el país pasa por una innegable crisis, sin servicios públicos, sin salud, sin oportunidades ni crecimientos, ni mucho menos respeto por los derechos humanos, y el mismo día que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una breve actualización sobre la cooperación técnica con el estado venezolano, donde reiteró que se le permita entrar al SEBIN y DGCIM para constatar las vidas de los presos políticos.
Mientras internacionalmente se sigue evidenciando la poca capacidad de cooperación de Maduro y el respeto por los DDHH, internamente se promueve la creación de cuerpos policiales para la represión y persecución.
Este nuevo cuerpo policial posiblemente asumirá el peso de ataque de la dictadura de Maduro contra la disidencia política y los sectores sociales que exigen derechos. Según Maduro, contará con unidades de inteligencia, contrainteligencia y capacidad de reacción, acción y coordinación, todo bajo el mando de Gil Barrios, militar que antes ocupaba el cargo de Inspector General de la Guardia Nacional de Venezuela .
Hasta el momento solo esos fueron los detalles, no se informó sobre el costo de esta nueva unidad, la cantidad de funcionarios que estarán en las filas, su coordinación y poder frente a otras unidades policiales como las FAES, cuerpo que en las últimas semanas ha desencadenado enfrentamientos en escenarios públicos de Caracas, unidad que ha sido denunciada por la Alta Comisionada, quien ha instado a disolver este cuerpo letal por denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, y presuntas ejecuciones extrajudiciales en las zonas más pobres del país.
Esta medida no sirve para salvar vidas de los niños en el Hospital JM de los Ríos, ni para mejorar el transporte del país o garantizar mejores condiciones de estudio en miles de escuelas que están en las ruinas, pero es prueba de que para reprimir sí hay recursos. Las sanciones económicas, la excusa de siempre, no la argumentan cuando se trata de represión y compra de armas.
Se confirma que las prioridades de Maduro son distintas a las necesidades urgentes del pueblo. Decide invertir en crear otra unidad policial -como si no bastara con las FAES y el CICPC- cuando Venezuela atraviesa por una aguda crisis, la salud pública sigue en decadencia, miles de niños tienen que pasar dificultades para estudiar, la crisis eléctrica se agudiza en el interior del país, los empleados públicos continúan devengando salarios de hambre y siguen las constantes violaciones de derechos humanos que desde Provea hemos documentado.
El Estado venezolano sigue priorizando al sector defensa mientras que los problemas que necesitan atención son ignorados. En el transcurso de los días tal vez se conocerá la verdadera ejecución de este cuerpo, y su implementación en los acontecimientos de Venezuela. Desde Provea estaremos atentos sobre sus actividades, del lado de posibles víctimas que denuncien violaciones de derechos humanos por parte de este nuevo cuerpo, que conociendo los antecedentes de las FAES y del DGCIM actúe con el mismo nivel de arbitrariedad.
Prensa PROVEA.
