Keymer Ávila es investigador del Instituto de Ciencias Penales y profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela en Pre y Postgrado. Columnista de opinión. Sus artículos, investigaciones y entrevistas se han convertido en una de las referencias para los interesados en seguir el desarrollo y las causas de la violencia en el país. El caso de Oscar Pérez y su grupo y la respuesta de las fuerzas de seguridad del Estado, en el marco de un extendido patrón represivo.
El investigador pone en contexto la violencia estatal completamente desproporcionada para responder al grupo de Pérez que había realizado acciones armadas. La importancia de esta contextualización radica fundamentalmente en que, aunque aparentemente distinto, el trato a este grupo o a los supuestos grupos criminales, muestran un patrón común de respuesta de las fuerzas represivas que podrían tener correspondencia con otras prácticas estatales. Entre muchos otros conceptos Ávila señala:
Como académico e investigador trato de basarme en evidencias, en hechos concretos. Actualmente estamos sumergidos en un extremo pendular que se mueve entre la ausencia de información y la propaganda, por lo que hay que ser muy responsables y prudentes con la poca información de calidad que uno puede procesar. Voy a compartir contigo algunas herramientas que considero de utilidad para poder analizar y comprender este caso.
Para intentar analizar este evento, es importante concentrarse en los hechos más que en los sujetos. Las simpatías o antipatías hacia los personajes no contribuyen para comprender lo sucedido, éstas solo sirven para la propaganda, para los discursos épicos en el primer caso o para los discursos justificadores y negacionistas para el segundo.
¿Qué es lo que te indica ese análisis de los hechos?
Empecemos con las evidencias. De las que tenemos por el momento, hay que destacar que -según registros oficiales- durante los últimos 3 años han fallecido en manos de las fuerzas de seguridad del Estado entre 8000 y 12000 personas, en estos casos los grupos tácticos como las FAES de la PNB tienen un rol protagónico. En 2016 el 22% de los homicidios ocurridos en el país fueron consecuencia de la intervención de los cuerpos de seguridad del Estado. El discurso oficial y mediático para justificar posteriormente estas muertes es la tesis del “enfrentamiento”.
Pero ¿Qué nos dice la extensa investigación empírica sobre estos casos? Que en la mayoría de ellos lo que realmente ocurre son ejecuciones extrajudiciales o ajusticiamientos. Según cálculos de PROVEA al menos el 86% de los casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado son ejecuciones extrajudiciales. En una investigación reciente que hicimos sobre la violencia letal contra las policías encontramos que al menos el 70% de los oficiales fallecidos no se encontraban en ejercicio de sus funciones en el momento del hecho, apenas el 7% resultó fallecido en contextos de enfrentamientos. ¿Cuál es la conclusión? Que los enfrentamientos son casos muy excepcionales y que los casos de ejecuciones -que son los mayoritarios- son presentados como casos de enfrentamientos. El caso de la ejecución del estado Aragua que fue registrada en vídeo es emblemático, ese caso antes en algunos medios había sido reseñado como un enfrentamiento.
La consecuencia de esta situación que venimos sufriendo por años es el incremento acelerado de este tipo de hechos que se van haciendo cada vez más comunes en la práctica de los cuerpos de seguridad. A esta verdadera masacre por goteo que vemos a diario habría que sumarle casos recientes emblemáticos como los de Barlovento, Cariaco, Tumeremo, la desaparición de Alcedo Mora, y la manera como se resolvió el caso que estamos analizando, entre muchos otros, son señales alarmantes de lo que está pasando en estos momentos.
Tú identificas el accionar de las fuerzas de seguridad en el caso del junquito con operaciones contra la delincuencia común. Pero ¿Qué rasgos les marca este accionar a esas fuerzas?
Es un hecho que tenemos instituciones armadas del Estado vinculadas con actividades delictivas, ya sea que las practiquen sus funcionarios directamente o que interactúan de manera funcional con bandas delictivas. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Policial de 2006 señalaba que un 13% de los victimarios de delitos comunes eran funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado, los delitos más comunes eran de corrupción, privación ilegítima de libertad y extorsiones. En el Informe Anual del Ministerio Público del año 2015 se registró la investigación de 227 funcionaros de distintos cuerpos de seguridad del Estado por extorsión y secuestro, lo que representaba casi el 7% de la totalidad de estos casos en todo el país. En 2016 más de 3.000 funcionarios fueron procesados por el Ministerio Público por violaciones a los derechos humanos, casi 500 por corrupción. En un seguimiento de prensa que hicimos para una investigación en curso, debido a la fuente se trataría de un subregistro muy precario de lo que en realidad sucede, hemos analizado 705 casos de funcionarios involucrados en actividades delictivas, los cuerpos que aportaban la mayor cantidad de funcionarios eran la GNB-FANB (33%) y la PNB (23%), estas dos instituciones abarcan más de la mitad de las actividades delictivas cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado. En términos generales los delitos cometidos con más frecuencia son homicidios (75%), extorsión-concusión (15%) y corrupción (9%).
Esto a su vez provoca una gran desconfianza hacia las instituciones del Estado, especialmente a las vinculadas al Sistema de Justicia, que es histórica en nuestro país, pero que parece haberse incrementado a partir de toda la crisis institucional y de desconocimiento intrapoderes que se inicia en el año 2015 y que alcanza su punto máximo con la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente. Que deja en evidencia un desinterés por conservar las mínimas formalidades que debe tener un Estado de Derecho.
¿Cómo asocias este análisis tuyo con la justificación oficial del procedimiento contra el grupo de Oscar Pérez al definirlo de grupo terrorista?
La retórica antiterrorista oficial termina siendo funcional para prácticas terroristas del propio Estado. El ejemplo típico lo tenemos con todo lo sucedido en Estados Unidos a partir del 11 de septiembre. El uso y abuso de ese término como discurso justificador de la represión estatal es una pésima señal para analizar nuestro actual contexto. El terrorismo es un concepto cajón de sastre que es definido por el poder según sus intereses coyunturales. En ese marco, terrorista puede ser cualquiera, con independencia de sus acciones reales, basta con que le adjudiquen la etiqueta desde los espacios de poder, y se reproduzca y amplifique a través de sus aparatos de propaganda.
El discurso antiterrorista, de construcción de enemigos a los que hay que aniquilar, a los que se les deshumaniza totalmente como forma de justificación para su destrucción, que deja de ser un sujeto de derechos para convertirse en el mal mismo que debe ser exterminado de la faz de la tierra, tiene consecuencias negativas para todos. Cuando esa lógica de la guerra se propia del discurso oficial el enemigo puede ser cualquiera que sea definido como tal. Esto no es nuevo, esto sucedía en la baja Edad Media con la inquisición ¿Contra quién luchaba la inquisición? Contra el mal mismo, contra el Diablo ¡Imagínate! ¿Cómo luchas contra el mal absoluto? Con poderes absolutos, es así como la inquisición no tenía límites en sus actuaciones, porque tenía que acabar con el Diablo. Los diablos actuales son el terrorismo, las drogas, la inseguridad ciudadana, el imperio o el comunismo, hay para todos los gustos. Al conservadurismo político cuando está en el poder le encantan estos recursos.
Esas lógicas permean poco a poco las políticas de los Estados, en especial las de seguridad ciudadana. Estas campañas de guerra se trasladan para procesar luego cualquier tipo de conflicto o disenso. La seguridad de la nación se confunde con la seguridad de los ciudadanos. Y así dejamos de ser ciudadanos para que cualquiera se convierta en un enemigo, en un terrorista.
¿Cómo calificas la participación en la operación contra este grupo de integrantes de lo que se conoce como “colectivos”?
La justificación del Estado Moderno es el monopolio de la violencia, esto lo encuentras desde las formulaciones iniciales de Hobbes hasta las más contemporáneas de Weber. Los ejércitos privados son más característicos de la Edad Media, de la premodernidad. Eso en primer lugar.
Por otra parte, desde 2006 diversos sectores han hecho un esfuerzo extraordinario para que el país tenga el modelo de policía que necesitamos. Este modelo hace énfasis en el carácter profesional, especializado y en la exclusividad de la prestación de este servicio por parte del Estado, esto está claramente establecido en el artículo 3 de la Ley del Servicio de Policía, que se encuentra en sintonía con el artículo 332 de nuestra Constitución. Esto está en la norma, esto no significa que sea así en la realidad. El tiempo ha demostrado que la clase política del país es el principal enemigo del modelo policial que se encuentra en nuestra legislación. El ejecutivo lo demuestra con la militarización de la seguridad ciudadana y con operativos como las OLP, la oposición en cuánto tuvo una oportunidad atacó desde la Asamblea Nacional la legislación en esta materia. Ambos bandos quieren sus pequeños ejércitos privados, no les conviene lo que se hizo desde la CONAREPOL.
Sobre los “colectivos”: esta etiqueta está muy posicionada en la retórica periodística, y que en la realidad puede ser cualquier cosa, ese es otro concepto cajón de sastre. Un colectivo es un grupo de personas que pueden tener actividades y objetivos muy diversos, creo que ese término hay que emplearlo con cuidado porque a través de él se criminalizan a sectores y organizaciones que pueden tener trabajos realmente encomiables. Lo que sí es digno de atención es lo que sucede con funcionarios de las fuerzas de seguridad que están desmovilizados y luego se organizan, o “colectivos de escoltas” que nadie sabe cómo están regulados, incluso pueden haber supuestos de funcionarios que actúan de civil para hacer el trabajo sucio. Todo eso opera cuando no se establecen límites claros, es la lógica del todo vale.
Entonces “colectivo”, en el contexto actual, en el que se le quiere dar el significado de “civiles armados” puede ser cualquier cosa. En este contexto pueden ser desde funcionarios de civil, hampa común, grupos parapoliciales o paramilitares, o una mezcla de todo lo anterior, que pueden hacer mucho daño para luego achacárselo al adversario político, una especie de mercenarios que trabajan para el mejor postor. Pero estos grupos pueden tener también agenda propia. Todo esto en el fondo sin evidencias, ni trabajos serios de investigación, solo quedan en hipótesis y especulaciones, difíciles de generalizar habría que estudiar casos concretos.
¿Cómo crees que debe abordarse el esclarecimiento del caso?
Estos hechos deben ser investigados por organismos independientes, competentes, en los que la gente tenga un mínimo de confianza. Nosotros como país necesitamos conocer la verdad de lo sucedido, así se construye nuestra memoria, así nos dotamos de herramientas para que el poder no sea ejercido sin límites. El poder sin límites va en contra de los derechos de la ciudadanía. Si permitimos que nos nieguen la verdad de los hechos estaremos permitiendo la enajenación de nuestros derechos.
Para las autoridades, en el supuesto que estemos en presencia de un caso de excesos, de uso desproporcionado de la fuerza o de ejecuciones extrajudiciales, se trataría de casos de graves violaciones a los derechos humanos y esos casos no prescriben.
Carlos Carcione de UPC de CER-Latinoamericana para Aporrea.org
