En las últimas tres semanas el país ha sido azotado por una peligrosa vorágine contra los Derechos Humanos. Desde el anuncio oficial de Nicolás Maduro de relanzar el plan «Furia Bolivariana», las autoridades venezolanas han acelerado los actos de criminalización, persecución y arrestos arbitrarios contra dirigentes políticos y activistas sociales.
La escalada represiva tuvo un punto de inflexión tras la detención de la abogada y activista Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano y luego de la expulsión, anunciada por el canciller Yván Gil, del equipo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Sobre el impacto de estas decisiones, conversamos con Jimena Reyes, directora de la Oficina de Las Américas en la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una organización que ha seguido de cerca la crisis venezolana.
– La detención de Rocío San Miguel parece trazar el signo de una nueva escalada represiva contra los defensores de Venezuela. ¿Qué reflexión hace la FIDH sobre el curso de los acontecimientos en Venezuela? ¿Crees que definitivamente estamos entrando en una espiral similar a la de Nicaragua? ¿Cuáles serían las consecuencias si entramos en ese escenario?
La FIDH está muy preocupada por la situación actual de Venezuela, y si bien es cierto que cada país tiene su propia historia y dinámica, hay importantes similitudes entre lo que está ocurriendo en Venezuela y lo ocurrido en Nicaragua desde el 2018.
Primero con el cierre del país, el relacionamiento con la comunidad internacional y en particular con los mecanismos de protección de los derechos humanos, pues el régimen de Ortega-Murillo decidió declarar personas no gratas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que estaba en Nicaragua en ese momento y a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, y aquí tenemos a un régimen que le está dando 72 horas a la oficina del Alto para que sus funcionarios salgan.
Luego también con la ley sobre financiamiento y actuación y mandato de las ONG que se ha aprobado en primera lectura hace unos días en Venezuela que es muy similar, que lo único que hace es copiar y pegar de la ley nicaragüense.
En Nicaragua esa ley tuvo como consecuencia el cierre, la pérdida de la personería jurídica de miles de ONG en Nicaragua, y fue el emblema de la desaparición de la libertad de asociación y de la sociedad civil en ese país. Esperemos que Venezuela no vaya en esa dirección, pero es muy preocupante esa legislación.
No es una coincidencia las similitudes, porque en realidad son unas copias de la legislación rusa, lo cual dice mucho sobre los esquemas que se están tratando de instalar.
¿Qué consecuencias tendrá este paso hacia una situación de paria en la que ha decidido declararse el gobierno de Venezuela? Pues muy seguramente veremos un incremento de las sanciones individuales y también una aceleración del litigio internacional ante la Corte Penal Internacional.
– La sociedad civil celebró la instalación del equipo del Alto Comisionado en Venezuela, sin embargo, criticó el tono de Bachelet, quien alcanzó ese acuerdo con Maduro, en un momento en el que el gobierno de Venezuela parecía apostar por un refrescamiento de su imagen internacional.
Ahora, parece que Maduro optó por desechar esa estrategia ¿Crees que el gobierno de Maduro apuesta al aislacionismo definitivo para eludir el escrutinio internacional?
Es difícil estar en la mente del gobierno de Maduro y saber por qué de repente está actitud, esta voluntad de construir aún más una situación de aislamiento, pero es posible que todo esto sea una estrategia para eludir el escrutinio internacional y también para eludir las elecciones, porque el gobierno sabe muy bien, como lo han mostrado los últimos sondeos, que el pueblo ya no está con él, el pueblo sabe todo el daño que le ha hecho y le está haciendo a Venezuela y entonces las elecciones, a las cuales se comprometió el gobierno de Maduro, muy seguramente terminarán o terminarían en una transición.
Entonces todo esto es una forma de evitar estas elecciones y evitar tener que confrontarse con esta realidad.
– Al expulsar al equipo de OACNUDH la administración Maduro justificó la medida alegando la no injerencia en asuntos internos, pero esa expulsión se produjo a menos de un mes de la fecha pautada por la CPI para decidir sobre la apelación ejercida por Venezuela sobre la reanudación o no de la investigación que se adelanta sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país.
¿Cuánto le puede pesar al gobierno de Venezuela la decisión de expulsar al equipo del Alto Comisionado en la resolución que adopten los jueces de la CPI?
Los jueces de la Corte Penal Internacional, en esta etapa, que es una etapa de apelación, en la que deben decidir si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional puede reanudar o no la investigación sobre la situación venezolana, en particular sobre los hechos a partir del 2014 que pueden constituir crímenes de lesa humanidad, ahí los jueces están mirando si se puede considerar que ha habido cambios a nivel judicial en Venezuela, y si los casos sobre los cuales podría estar investigando la Fiscalía de la CPI han avanzado, si ha habido justicia, si está funcionando la complementariedad, eso es lo que van a mirar.
Entonces, no es tanto una evaluación política sobre si está el gobierno de Venezuela está cerrado o está abierto, es una evaluación jurídica. Ahora bien, el hecho de expulsar a un equipo técnico del Alto Comisionado que estaba justamente apoyando a que exista una mejoría del sistema judicial, seguramente hará parte del contexto, será una prueba más de que las cosas no están avanzando, de que no hay independencia de la justicia, y que así se le proponga al gobierno de Maduro apoyo para mejorar esta situación, es un apoyo que está negando, que está rechazando. Entonces, esta medida, es algo que seguramente tomarán en cuenta como un hecho de contexto.
– ¿Cuánto peso tendrá la decisión de Maduro, respecto a la expulsión del equipo de la OACNUDH, en la posible renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos en septiembre?
Es difícil saber qué va a ocurrir, pero sin duda la renovación del mandato de la Misión no era una evidencia en septiembre, ahora la necesidad de esa renovación, con los últimos hechos, las últimas horas de detención, este cierre del gobierno de Maduro frente a la comunidad internacional y esta voluntad de reducir aún más el espacio cívico, y la posibilidad para las organizaciones de la sociedad civil de actuar de forma independiente, son hechos que van a influir positivamente, o sea, van a influir en la renovación del mandato, hacia una demostración de la necesidad del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos.
La FIDH considera que hay que renovar ese mandato, que claramente hay una necesidad de que siga el monitoreo por la Misión de la situación venezolana, que en estas últimas semanas ha empeorado en términos de derechos humanos, porque también hay que recordar las últimas olas de detención y, obviamente, la más visible y muy preocupante ha sido la desaparición forzada de Rocío San Miguel y su familia.
Sobre esto último hay que hacer un paréntesis. En el derecho internacional de los Derechos Humanos, hay desaparición forzada desde el momento en que una persona es detenida de forma arbitraria y se desconoce su paradero, y si luego se llega a conocer su paradero eso no le quita el carácter de desaparición forzada por el momento o el lapso de tiempo en el que no se conoció este paradero y en el que las autoridades se negaron a decir dónde estaba la persona.
– ¿Qué deberían hacer los gobiernos de Iberoamérica para detener la prolongada deriva autoritaria de Maduro y las amenazas que esto representa para las democracias de la región?
Los gobiernos latinoamericanos deben reflexionar sobre las causas profundas de la situación actual venezolana, quiero decir que el sistema de Maduro, la corrupción y los crímenes internacionales que hacen parte de ese sistema, así como la injerencia de gobiernos extranjeros al continente que buscan imponer un modelo a través de lo que le solicitan muy probablemente al gobierno de Maduro como actitud, deben llevar a una respuesta contundente.
Ahora bien, hay que reconocer el límite de lo que puede hacer la comunidad internacional, de la necesidad de manejar o utilizar el palo y la zanahoria.
Si la comunidad internacional maneja el palo y la zanahoria, este es un momento de palo definitivamente, porque el gobierno de Maduro se está burlando de los acuerdos que tomó en Barbados, se vio con todo en el tema de la inhabilitación de María Corina Machado
Si Maduro sigue en esta línea, vamos a tener una nueva ola de migrantes, lo que vaciaría aún más la fuerza laboral e intelectual de Venezuela. Es la responsabilidad de los Estados, en particular latinoamericanos, que son los más cercanos, de prepararse a recibir debidamente a esta población que va a estar huyendo tanto de la situación económica, que seguramente no va a mejorar, pero además que va a estar saliendo de un país donde se está incrementando notablemente la represión.
Los regímenes autoritarios, los dictadores, caen. La historia lo demuestra. Todos caen.
Prensa Provea
