Ipys | Intimidar al mensajero: persecución y acoso a fuentes de información en Venezuela

En septiembre de 2016, el Sebin apresó a Braulio Jatar Alonso, periodista y director del sitio en Internet Reporte Confidencial, luego de la difusión de videos que mostraban una protesta y cacerolazo contra el primer mandatario en el estado Nueva Esparta. Sus familiares no fueron notificados inmediatamente del lugar de detención, y el Ministerio Público imputó después a Jatar cargos por legitimación de capitales. En diciembre, el Cicpc allanó la sede de Radio Fe y Alegría en Guasdualito luego de que abriera el micrófono a los ciudadanos para que se expresaran durante el canje de billetes de cien bolívares, y su retiro definitivo anunciado por el jefe del Estado. Las manifestaciones contra el canje de billetes se habían tornado violentas y los ciudadanos habían asaltado en esa localidad las sedes de tres bancos, entre éstos dos del Estado.

Desde el alto gobierno se hicieron llamamientos y exhortos para vigilar las comunicaciones en Internet y regular el uso de redes sociales y de microblogging, que sirven de caudal de expresión para los ciudadanos. El Tribunal Supremo de Justicia también ratificó las medidas de prohibición de salida del país para los directivos y editores de medios de comunicación venezolanos demandados por el diputado oficialista Diosdado Cabello en una querella por supuestos delitos de difamación, tras reseñar una investigación del diario español ABC y del estadounidense The Wall Street Journal, que revelaban detalles de una entrevista con LeamsySalazar, antiguo edecán del presidente Hugo Chávez y exjefe de escoltas de Cabello, quien asoció a Cabello con una investigación por narcotráfico adelantada por la Agencia Nacional Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Imponer una mordaza a la denuncia

Durante 2015, IPYS Venezuela alertó —como también lo hicieron organizaciones defensoras de derechos humanos y gremios— sobre la profundización de las políticas de persecución y asedio a periodistas, trabajadores de medios (reporteros, gráficos, camarógrafos, editores y directivos de medios), líderes empresariales, gremiales y disidentes políticos.

Durante este período se hicieron evidentes las acciones represivas contra líderes gremiales, dirigentes de sectores empresariales y profesionales que fueron citados en notas periodísticas por medios de comunicación y periodistas. La mayoría de estas actuaciones por parte de organismos de seguridad del Estado y por sus instituciones ocurrieron luego de la publicación en medios de entrevistas o informaciones referentes a temas que son considerados sensibles para el gobierno de Venezuela.

Las prácticas represivas y detenciones indiscriminadas se incluyen en un contexto de debilitamiento del tejido social, polarización política y en medio de un agudo deterioro económico: Durante este período se agudizó la escasez de bienes y servicios, los índices de inflación alcanzaron niveles históricos, los venezolanos padecieron los rigores de una crisis energética que fue atribuida por el gobierno al fenómeno climático El Niño, que sumió a las principales ciudades en apagones, y que obligó al gobierno un año más tarde a diseñar horarios de racionamiento; el descontento social y rechazo a la gestión gubernamental remontaron en las encuestas.

Esto ocurrió en un año electoral con especial significado, tanto para el partido en el gobierno como para la oposición, por la trascendencia de los comicios para la Asamblea Nacional, celebrados el 6 de diciembre, y que finalmente la oposición ganó
con las dos terceras partes de los curules. En este entorno de conflictividad, el gobierno nacional arreció en el hostigamiento a distintos voceros de asuntos políticos, económicos, salud y energía.

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) contabilizó solo en febrero de 2015 la detención de al menos 15 líderes empresariales y gremiales, que fueron luego imputados con supuestos cargos de conspiración, intimidación al público, y acusaciones de boicot o acaparamiento de productos de la cesta básica. La mayoría de las detenciones de empresarios o gerentes fueron practicadas por altos funcionarios del Sebin y sucedieron a la emisión de declaraciones públicas sobre sus áreas de experticia. Todos los tipos de delitos imputados son sancionables con penas de cárcel, según los artículos 128, 132, 143, 293, 293 del Código Penal. En ocasiones, estas detenciones fueron vinculadas o etiquetadas por funcionarios, entre estos el presidente Nicolás Maduro, con la presunta intención de “crear o generar zozobra en la población”, en medio de una “guerra económica”.

Fedecámaras consideró que, por la manera abrupta de proceder de los cuerpos de seguridad del Estado en las detenciones, el gobierno incumplió las garantías al debido proceso, que incluye el seguimiento estricto de los procedimientos para la comisión de supuestos de delitos y para el procesamiento de ciudadanos que incurran en éstos, la presunción de inocencia y derecho a la legítima defensa, entre otros preceptos conformes con la legislación venezolana.

Pero todas estas acciones no solo se circunscriben a 2015. IPYS Venezuela evidenció que durante 2016 persistieron las agresiones, detenciones, hostigamiento y limitaciones a ciudadanos en el ejercicio de sus plenos derechos a la libertad de expresión. Estas acciones promueven la censura y la persecución por motivos político- partidistas y colocan al Estado y al gobierno en una situación de mora con las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, y como principal promotor y responsable de las vulneraciones.

En la búsqueda de justicia

La directiva de Fedecámaras dirigió en 2015 comunicaciones a Unasur y a la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar las detenciones de empresarios, gerentes y líderes de sectores productivos y gremios en el país. La organización denunció una “campaña comunicacional de descrédito” contra el sector empresarial bajo el argumento oficial de que participaba y conspiraba en una supuesta “guerra económica” contra el Gobierno.

El grupo también acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de estar detrás de las detenciones. “Esta campaña se convirtió en una serie de medidas represivas y privativas de libertad contra diversos dirigentes gremiales y empresariales promovidas por el Gobierno”, expresó en un comunicado.

JorgeRoig,  presidente de Fedecámaras para ese momento, sostuvo que las detenciones a los empresarios formaban parte de una política de vigilancia y asedio contra el gremio. “Los dirigentes empresariales de este país estamos sometidos a una constante vigilancia y ahora a constantes amedrentamientos por nuestras opiniones. Ser dirigente empresarial en este país es una profesión que en estemomento está bajo la lupa del Gobierno por decir las cosas con las cuales no estamos de acuerdo”, expresó.

Pero lejos de aplicarse correctivos o abrirse mecanismos para que el Estado promueva la seguridad e integridad de los dirigentes, periodistas y trabajadores de los medios, estas acciones han causado reacciones más contundentes por parte de funcionarios y representantes de instituciones del Estado venezolano, que han manifestado repudio ante cualquier denuncia en instancias internacionales, y acusado a gremios, organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas de “hablar mal de Venezuela”, “desprestigiar al país” y “conspirar junto a organismos internacionales” para crear una supuesta imagen falsa de Venezuela con el propósito de favorecer o crear las condiciones para una “intervención militar” y un “golpe de Estado”.

Empresarios y fuentes a la cárcel

En febrero de 2015 las autoridades venezolanas detuvieron a Carlos Rosales, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados, tras denunciar en los medios la escasez de 60% en medicamentos y 50% en equipos médicos presuntamente retenidos en la aduana.También fueron apresados Luis Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), y varios directivos de la Corporación Cárnica de Venezuela, luego de declarar a medios sobre los problemas de desabastecimiento de productos y fallas en la distribución de alimentos.

IPYS Venezuela considera este patrón un mecanismo que el Estado venezolano ha ido perfeccionando para intimidar y silenciar la crítica, promover la autocensura, limitar la capacidad de los medios y periodistas para obtener información de fuentes, y enviar un mensaje a otros actores que pretende hacer de los casos de detenciones un ejemplo para quienes ejerzan la crítica o expresen opiniones adversas a la actual gestión de gobierno.

El ingeniero venezolano Luis Vásquez Corro, miembro de la Comisión Eléctrica Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela, fue entrevistado en abril de 2015 por el periodista Richard Alexander Lameda del diario El Impulso de Barquisimeto. Días después, el 17 de abril, sus declaraciones aparecieron en la primera página del rotativo, en un titular que alertaba sobre el riesgo de colapso del Sistema Eléctrico Nacional a causa de la sequía en la represa de Guri, en el estado Bolívar. Vásquez Corro había afirmado que la cota del embalse se hallaba en los 270 msnm y que, de continuar la sequía, la hidroeléctrica debería apagar sus turbinas si el nivel de agua descendía hasta los 245 msnm. También había ofrecido criterio técnico sobre posibles soluciones a la crisis y criticado la falta de inversión por parte del Estado en otras fuentes de generación de energía.

Al día siguiente del titular en la primera página de El Impulso, Vásquez Corro se encontraba junto a familiares en una misa en la urbanización La Rosaleda, al este de Barquisimeto. A su salida de la iglesia, cerca de las ocho de la noche del sábado 18 de abril, vehículos con sujetos que vestían ropa negra comenzaron a seguirlo. El ingeniero logró identificar dos camionetas Toyota y dos motos de alta cilindrada. Los vehículos eran tripulados por al menos ocho personas. Vásquez Corro se hallaba en compañía de su esposa y su suegra.

Cuando Vásquez Corro transitaba por la carrera 22 entre las calles 30 y 31 de Barquisimeto en dirección a su residencia, fue interceptado por los vehículos. Las personas que le seguían se identificaron como funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y le ordenaron detener la marcha. Los funcionarios dijeron primero a Vásquez Corro que debía acompañarlos para responder unas preguntas en una supuesta investigación que se adelantaba por una denuncia que se había recibido en su contra. El ingeniero pidió ver alguna orden judicial con detalles del procedimiento, pero los funcionarios no le mostraron nada. No se rehusó a acompañarles, pero advirtió que no estaba en posesión de sus medicinas y que padecía hipertensión, diabetes y problemas en el nervio ciático, razón por la que debía tomar pronto los fármacos recetados por sus médicos.

Una vez en la sede del Sebin en Barquisimeto, los funcionarios notificaron a Vásquez Corro que debía quedar detenido por una denuncia que se había recibido, aunque nunca se especificó la instancia que recogió la denuncia. Se le interrogó sobre sus declaraciones dadas a El Impulso y cómo había obtenido la información que sustentaban sus opiniones o advertencias. Se le confiscó su teléfono móvil y se le preguntó si tenía familiares, allegados o amigos en cargos públicos o si conocía a personas que trabajaban en Corpoelec o en la Hidroeléctrica. Vásquez Corro fue luego procesado como detenido: se le tomaron registros de sus huellas digitales y se le hicieron fotografías.

Manuel Virgüez, abogado defensor de Vásquez Corro, pudo conocer luego que al ingeniero se le imputaban delitos relacionados con la supuesta difusión de noticia falsa, difusión de noticia alarmante, y declaraciones para “generar zozobra” en la población. Los denunciantes eran cinco ciudadanos entre los que se incluían cuatro mujeres y un hombre. El perfil de los denunciantes también permitió conocer que había dos mujeres de tercera edad, una secretaria que laboraba en la pasada gestión oficialista de la alcaldía de Iribarren (Barquisimeto) y un ingeniero llamado Freddy Duarte, que laboraba como inspector de obras en la Corporación de Desarrollo Jacinto Lara (Corpolara), un ente creado por el gobierno nacional y controlado por el oficialismo y que recibe presupuesto para la ejecución de proyectos que rivalizan con las competencias de la gobernación de la entidad en manos del mandatario regional opositor Henri Falcón. Los denunciantes alegaban que las declaraciones de Vásquez Corro habían causado angustia y provocado el llanto de niños en las familias correspondientes porque se afirmaba que no habría luz. Funcionarios también dijeron a Vásquez Corro y a su abogado que sus declaraciones y el titular de El Impulso habían provocado la ira de altos cargos en el gobierno y que la orden de detenerlo provino de tres instancias: El Ministerio de Energía Eléctrica, el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio de Defensa.

Luis Vásquez Corro fue presentado en tribunales el lunes 20 de abril. Sus abogados disputaron todos los cargos y ofrecieron como ejemplo declaraciones de otros funcionarios, como las de Jesse Chacón, para entonces ministro para la Energía Eléctrica, que expresaban —según los abogados de Vásquez Corro— los mismos argumentos y preocupación por la sequía y la caída de los niveles del embalse del Guri. La audiencia culminó con la excarcelación del ingeniero Vásquez Corro con medidas cautelares de presentación “cuando el tribunal lo decida” y la prohibición de hablar con medios y periodistas. Los abogados y representantes de Vásquez Corro aseguran que los organismos de seguridad han intervenido sus teléfonos móviles e interceptado comunicaciones, razón por la que él se siente vigilado y en ocasiones nervioso.