En 2019 se evidenció con mayor rigor la crisis del sector educativo en todos sus niveles. La deserción de estudiantes y profesores llegó a niveles nunca vistos en la historia reciente de Venezuela. El caos generalizado en los servicios públicos impactó de manera negativa en el calendario escolar y las actividades cotidianas, se produjo un mayor deterioro de la infraestructura física de planteles e instituciones educativas; persistieron los bajos salarios y remuneraciones para el personal docente, administrativo y obrero en las distintas etapas del sistema educativo y aumentó de la inseguridad en los recintos.
Esa realidad vivida en las escuelas y universidades no fue reconocida por el gobierno, quien se empeñó en difundir información que muestra un sistema educativo distinto donde se brinda educación de calidad y se incrementa la matrícula.
Lo cierto es que ante el rotundo fracaso en la gestión social, el gobierno de facto de Maduro adoptó como política mentir. La mitomanía se está usando principalmente en materia de salud, vivienda y educación. Difunden irresponsablemente cifras para aparentar beneficios a la población, principalmente los más pobres.
En materia de educación no hubo voluntad política, por parte de quienes detentan el poder en Venezuela por la vía de facto, para revertir el progresivo retroceso del derecho a la educación en el país y que distintas organizaciones sociales venimos advirtiendo desde hace unos cinco años.
Ante el fracaso, la opción del gobierno de facto como ya anotamos es mentir. Difundieron el año pasado cifras – y continuaron este año- que muestran el supuesto crecimiento de la matrícula en los distintos niveles educativos. Mientras la realidad es que las aulas se fueron quedando vacías e incluso se cerraron escuelas y la falta de educadores se convirtió en un grave problema en el período escolar, desde los dos ministerios de educación se esforzaron por ocultar lo que realmente sucedió.
Una estrategia comunicacional que tiene también como propósito negar la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) que afecta al país. Ante la pandemia del covid 19 y la suspensión de clases, la realidad socioeconómica del país y problemas estructurales del sistema educativo se han constituido en obstáculos reales para garantizar la culminación del lapso escolar en escuelas y liceos y de la actividad académica universitaria. Ha quedado evidenciado el reclamo permanente de los gremios de la educación del poco apoyo que reciben del Estado venezolano para cumplir sus labores de la mejor manera. Se dejó a cada educador que resolviera como pudiera las limitaciones para garantizar la orientación y evaluación de los estudiantes.
El gobierno de facto afirmó que la matrícula de estudiantes del nivel básico creció de manera significativa durante 2018 y 2019, lo cual genera la duda razonable de la posible alteración con el propósito de ocultar el descenso de la matrícula que distintos actores han señalado.
Al analizar el lapso que corresponde a este Informe (2018/19) se desprende de las cifras oficiales lo siguiente:
Para el período 2018/19 el gobierno repitió en educación básica la misma cifra del período 2017/2018, estimada en 7.664.869 estudiantes. En ese mismo nivel, la matrícula total para el período 2019/20 sería de 8.244.052 estudiantes. En inicial y primaria 5.655.419 estudiantes, y 2.588.633 en educación media general y técnica. Ello indica que en inicial y básica la cantidad de estudiantes se incrementó en comparación con el lapso académico anterior en 250.661 estudiantes y en educación media se incrementó con 328.522 alumnos, para un total de 579.183.
Un crecimiento extraordinario en un solo lapso escolar, cuyo origen no es explicado por los voceros de la dictadura y que no se corresponde con la tendencia histórica de crecimiento o disminución de la matrícula en ese nivel educativo. Un crecimiento difícil de entender en un contexto de EHC y migración forzada masiva.
Contrario a esas afirmaciones, la verificación detallada permite indicar que entre 2008 y 2018 la matrícula en educación básica disminuyó en 57.880 estudiantes. En esos 10 años el lapso escolar en el que se registró el mayor incremento fue el transcurrido entre 2011/12 y 2012/13, con 109.115 estudiantes que se incorporaron al sistema.
Dado lo anterior, surge la siguiente interrogante: ¿cómo se explica que en tiempos de una profunda crisis económica y social, el crecimiento haya sido de 579.183 estudiantes en un solo lapso escolar?
Las cifras de la mentira
Luego de tres años consecutivos sin divulgación de cifras oficiales sobre la situación de la educación en Venezuela, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó, a finales de 2019, cifras parciales, teniendo como fuente datos del Ministerio de Educación. Sin embargo, la información no incluyó la data correspondiente a 2019. Para el análisis de ese período hemos tomado como fuente las informaciones de voceros del gobierno de facto de Maduro.
Del análisis de las cifras oficiales difundidas queda plenamente demostrado que la gestión de Maduro en el área educativa es un fracaso. Si comparamos las cifras del lapso escolar 2013/14 con las correspondientes al período 2017/18, los datos indican que hubo una reducción de la matrícula de 138.815 niños, niñas y adolescentes en el nivel escolar de educación básica, que incluye educación inicial, primaria y media. Ello equivale a 3.470 aulas vacías calculada cada aula con 40 niños.
Cuando se analiza la información sobre cantidad de centros educativos, la evaluación también es negativa. En ese mismo lapso, la cantidad de escuelas y liceos disminuyó en 449 planteles. Mientras el gobierno mentía anunciando la inauguración de escuelas en todos los estados del país, la realidad fue que disminuyó el número y, además, la infraestructura existente se deterioró considerablemente.
Para este Informe no fue posible obtener datos sobre la cantidad de estudiantes en cada una de las misiones educativas. Cada vez se informa menos de las mismas, tanto del presupuesto asignado a cada una de ellas como de la evolución de la matrícula.
Al examinar las cifras correspondientes al período escolar 2017/18 hubo una disminución de 36.465 docentes en comparación con el periodo escolar anterior. Al no disponer de cifras del lapso 2019 es imposible constatar si tal situación se atenuó o agudizó.
Persistieron las denuncias de padres y docentes sobre las deficiencias del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Con el propósito de mejorarlo, se anunció la creación de los Comités Escolares de Abastecimiento y Producción (CEAP).
Se constata un fracaso en los llamados “Conucos Escolares”, iniciativa improvisada que no consideró la escasez de agua en escuelas y liceos, así como los pocos recursos para el mantenimiento de los espacios.
En ese contexto se anunció el Plan Avícola Escolar, el cual empezaría en 186 escuelas que permitirían abastecer a los planteles con su propia producción para contribuir a la alimentación de los estudiantes.
No se produjo ningún avance en cuanto a la aplicación de las recomendaciones de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa. Un esfuerzo positivo que tuvo el propósito de adoptar medidas de corto y mediano plazo para mejorar la educación, fue abandonado en el camino.
El deterioro generalizado de los servicios públicos ―junto a los cuatro apagones que se produjeron a nivel nacional durante 2019― afectó el calendario escolar y agudizó algunos de los problemas que ya existían, motivando la deserción escolar. Ello sumado al grave deterioro de la infraestructura escolar: En Manicuare, estado Sucre, por ejemplo, las graves condiciones en las que se encontraba la infraestructura, y la existencia de brotes de aguas negras en la Unidad Educativa Cruz Salmerón Acosta, obligó a padres y representantes a tomar las instalaciones para exigir a las autoridades que se atendiera la problemática. “La escuela no está apta para que los niños continúen en clases”, se quejó Normarubelin Vásquez, representante de 5° grado.
“Hay 723 alumnos en la escuela José Eduardo Sánchez Afanador, pero no hay electricidad, ni computadoras, ni mesas, ni sillas. Las ventanas carecen de vidrios, los inodoros han perdido sus lavabos y las puertas de metal del aula han sido saqueadas por ladrones, lo que permite a las palomas colonizar varios de los espacios sucios”
Los bajos salarios y condiciones inadecuadas de trabajo forzaron a los gremios de la educación a organizar y convocar movilizaciones y paros a nivel nacional. 2019 fue un año de altos niveles de conflicto.
La dirigente sindical del magisterio en el estado Lara, Luzbelly Quintero, en entrevista concedida a PROVEA, señaló que los docentes están siendo sometidos a condiciones laborales no dignas:
“El salario que devengamos no nos permite cubrir necesidades ni siquiera de la canasta alimentaria. Muchos colegas se han retirado para emigrar o para realizar actividades de comercio informal. No sentimos el apoyo del Estado, las condiciones en las cuales se están impartiendo clases no son las mejores, ni para alumnos ni para los docentes. Lo que ganamos no da ni para pagar los pasajes para llegar a las escuelas, es una situación insoportable que produce frecuentes renuncias. Quienes tenemos responsabilidad gremial seguimos alentando a los colegas para exigir condiciones dignas de trabajo y mejores condiciones para los estudiantes. Gracias a las luchas que hemos librado en los últimos años exigiendo el cumplimiento de la convención colectiva, hemos logrado algunos aumentos pero que terminan siendo insuficientes ante el costo de la vida. En materia de seguro de hospitalización (HCM), por ejemplo, solo nos garantizan 200 bolívares fuertes, lo que no da para cubrir ninguna contingencia”
Educación Universitaria.
Según Maduro, para octubre de 2019 existía un total de 2.829.520 estudiantes universitarios, la misma cifra que anunció para octubre de 2018. Ello demuestra la piratería del gobierno a la hora de difundir cifras. De acuerdo a esas cifras en un año no hubo ni un estudiante más ni uno menos.
En el sector universitario también se profundizó la crisis, con algunos problemas similares a los de otros niveles educativos: deserción de estudiantes y profesores; deterioro de la infraestructura; inseguridad en los recintos, y bajos salarios para el personal docente, administrativo y obrero. A ello hay que sumar la poca labor de investigación ante el éxodo de investigadores y los limitados recursos. Han sido anuladas casi en su totalidad las partidas destinadas a garantizar la ampliación de conocimientos mediante becas para estudiar o participar en eventos a nivel nacional e internacional. El gobierno de facto, mediante formas diversas, persiste en atacar la autonomía universitaria y elevar los niveles de hostilidad contra la comunidad universitaria, empleando para ello también al Poder Judicial.
La profesora universitaria Keta Stephany resume la situación actual de las universidades de la siguiente manera:
“La progresiva destrucción de la infraestructura, así como la obsolescencia y pérdida de los bienes de las universidades públicas en Venezuela, son también resultado del abandono por parte del Estado de su obligación de garantizar la equidad en el acceso a la educación universitaria gratuita. Los programas de alimentación, de becas y demás beneficios a la población estudiantil pasaron de ser insuficientes a ser prácticamente inexistentes. La inseguridad se ha apoderado de los espacios universitarios y es causa de la pérdida progresiva del turno nocturno. Los salarios no compran la canasta alimentaria. No hay bibliotecas actualizadas, laboratorios funcionales ni tecnología apropiada para el trabajo académico. Tampoco hay suficientes profesores. Y las universidades privadas no escapan a la crisis”.
No hay duda, en todos los niveles de la educación hay una grave crisis que por más que quiera ocultar la dictadura todos los días se refleja en liceos y universidades.
Para leer el capítulo sobre el derecho a la educación del Informe Anual sobre Derechos Humanos 2019 consulta AQUÍ:
06Educación (1)
