Exigimos al Estado de Nicaragua que se abstenga de realizar cualquier acto de intimidación, represalia y persecución contra los ciudadanos que ejerzan los derechos a la libertad de asociación y reunión, libertad de expresión y manifestación pacífica, creando un entorno seguro y protector del derecho a la vida, integridad y libertad de los líderes sociales y políticos del país
Nosotros, organizaciones de derechos humanos de la región, integrantes de la Coalición por la Libertad de Asociación, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo a las recientes decisiones de los poderes nicaragüenses, que han colocado al margen de la legalidad una cantidad importante de organizaciones sociales y derechos humanos del país. Esta actuación del gobierno de Daniel Ortega representa el precedente más grave de vulneración al derecho a la libertad de asociación y reunión en las Américas.
El pasado 17 de marzo de 2022 el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de 25 organizaciones no gubernamentales, que incluían asociaciones de periodistas, ambientalistas, defensoras de las mujeres, indígenas y derechos humanos. Desde el año 2018 el Ejecutivo ha ilegalizado al menos 87 ONG nicaragüenses, así como los registros de 12 ONG internacionales que actuaban en el país. Según el Ministerio de Gobernación, las 25 ONG no habían informado sobre el origen de sus donaciones y la lista de beneficiarios finales.
El 10 de febrero de 2022 la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó la cancelación de la personería jurídica de un grupo de 16 universidades y organizaciones de la sociedad civil: “-Esta medida- se enmarca en el patrón de afectación las libertades y derechos sobradamente documentado por la CIDH. De esta forma, expresa su especial preocupación por el grave impacto que la implementación de dicha disposición supondría para el derecho a la educación, a la libertad académica y la autonomía universitaria, a los derechos laborales de las personas que trabajan en las entidades afectadas y a los derechos sociales que contribuyen a proteger desde sus respectivas misiones”.
Por su parte el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acordó una resolución, el 23 de marzo de 2021, sobre la Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua, en la cual condenaba “todo acto de intimidación y represalia, tanto en línea como por otros medios, cometido por agentes estatales y no estatales contra personas y grupos que tratan de cooperar o han cooperado con las Naciones Unidas, sus representantes y mecanismos en la esfera de los derechos humanos, o con la Organización de los Estados Americanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
La resolución expresa preocupación por las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia, las cuales calificó como “persistentes”, instando al gobierno del país a adoptar medidas para garantizar un entorno seguro y propicio para que líderes sociales y defensores de derechos humanos pudieran realizar su trabajo libremente. Asimismo, calificó las medidas que obligan a las organizaciones a cesar sus actividades como “arbitrarias”, pidiendo al gobierno revertir estas decisiones y devolver los bienes confiscados. En junio de 2021 la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, llamó al gobierno de Nicaragua a “derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.
Para la Coalición por la Libertad de Asociación la ilegalización sistemática de las organizaciones independientes de la sociedad nicaragüense representa el precedente más grave en la región para el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, así como sus derechos vinculados: libertad de expresión e información, manifestación pacífica, entre otros.
Medidas similares están siendo replicadas por gobiernos de la región, de diferente signo ideológico, que actualmente erosionan las libertades democráticas de sus ciudadanos.
Nos hacemos eco de las peticiones de los organismos universales y regionales de protección dirigidos al gobierno de Nicaragua:
– Derogación de la normativa restrictiva que obstaculiza e imposibilita el ejercicio de las libertades democráticas dentro del espacio cívico nicaragüense;
– Exigimos al Estado de Nicaragua que se abstenga de realizar cualquier acto de intimidación, represalia y persecución contra los ciudadanos que ejerzan los derechos a la libertad de asociación y reunión, libertad de expresión y manifestación pacífica, creando un entorno seguro y protector del derecho a la vida, integridad y libertad de los líderes sociales y políticos del país
– Liberación de las personas privadas de libertad por razones políticas.
