(Nueva York) – Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deberían exhortar al secretario general de la ONU António Guterres a declarar formalmente que la situación en Venezuela constituye una emergencia humanitaria compleja que representa un grave riesgo para la región, señalaron hoy Human Rights Watch e investigadores de Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.
El Consejo de Seguridad, integrado por 15 naciones, llevará a cabo una sesión pública el 10 de abril de 2019 para tratar la crisis humanitaria en Venezuela y la agudización de la escasez de comida y medicamentos. La severidad de la crisis es tal que requiere de una respuesta internacional a gran escala.
“El Secretario General de la ONU Guterres debería alzar la voz sobre la situación en Venezuela y demostrar liderazgo, asegurando que los cuantiosos recursos con los que cuenta la ONU puedan movilizarse en beneficio del pueblo venezolano, a través de asistencia que sea neutral, independiente e imparcial”, expresó la Dra. Kathleen Page, médica y profesora de la Facultad de Medicina Johns Hopkins. Page es una de las autoras principales de un nuevo informe sobre Venezuela publicado por Human Rights Watch y la Facultad de Salud Pública Bloomberg en la Universidad Johns Hopkins.
Está previsto que el 10 de abril la Dra. Page exponga ante los miembros del Consejo de Seguridad sobre la situación en Venezuela. El equipo de Human Rights Watch y de la Universidad Johns Hopkins concluyó que la severa escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela, sumada a la propagación de enfermedades a través de sus fronteras, representa una emergencia humanitaria compleja que exige una respuesta rotunda de la ONU.
El informe concluyó que, durante el gobierno de Nicolás Maduro, las autoridades venezolanas no solo demostraron que no tienen la capacidad para poner fin a la crisis, sino que además la han exacerbado al censurar información sobre la magnitud y la urgencia de los graves problemas que enfrenta el país.
La escasez de alimentos está teniendo un gravísimo impacto para la población venezolana. En 2018, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) indicó que, entre 2015 y 2017, casi el 12 % de los venezolanos —3,7 millones de personas— estaban subalimentados, comparado con menos del 5 % entre 2008 y 2013. En los hospitales se ha registrado un aumento de la cantidad de niños y niñas con desnutrición, así como de muertes de niños y niñas con desnutrición aguda.
La crisis se ha propagado a través de las fronteras de Venezuela. El éxodo masivo de venezolanos —más de 3,4 millones en los últimos años— está desbordando los sistemas de salud de los países receptores. Los datos reunidos en Colombia y Brasil muestran un aumento abrupto en la cantidad de ciudadanos venezolanos que intentan obtener tratamiento médico en el extranjero, y diversos profesionales de la salud indicaron que, en general, los venezolanos llegaban tras haber recibido un tratamiento limitado en su país, o directamente sin haber sido tratados.
Durante la presidencia de Maduro, las autoridades venezolanas han ocultado la crisis al interrumpir la publicación de datos oficiales sobre salud, que antes se difundían periódicamente. Han perseguido y tomado represalias contra quienes recopilan datos o hablan sobre la escasez de comida y medicamentos. Estas acciones, sumadas a que el Gobierno no reconoce la verdadera magnitud del problema, han hecho que sea imposible efectuar un diagnóstico completo de la crisis. Ese diagnóstico es crucial para definir una respuesta humanitaria eficaz.
“Aunque la situación humanitaria en Venezuela es gravísima, podría empeorar mucho más”, explicó Louis Charbonneau, director para la ONU de Human Rights Watch. “El Secretario General y su equipo pueden evitar que eso ocurra movilizando el sistema de la ONU y presionando a las autoridades venezolanas para poder ayudar a salvar vidas de ciudadanos venezolanos. Los miembros del Consejo de Seguridad deberían instar a Guterres públicamente a que lo haga”.
