Tras más de dos años sin aumento del salario mínimo y las pensiones en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro negó -luego de las celebración del primero de mayo-, la posibilidad de que los trabajadores contaran con un ingreso superior al establecido actualmente, defraudando las expectativas y demandas de un sector que ha protagonizado de forma incesante la conflictividad social en en los últimos tres años.
Sobre el estancamiento del salario y la pérdida del valor del trabajo en nuestro país, conversamos con Héctor Lucena, profesor de la Universidad de Carabobo, ex Decano de los Estudios de Postgrado de esa casa de estudios, y fundador del Programa Doctoral en Ciencias Sociales
– A pesar de los escasos acuerdos alcanzados en el Foro de Diálogo Social sobre la metodología para la reconstrucción del salario mínimo, el gobierno insiste en negar un aumento que ha sido demandado por los trabajadores con mucha conflictividad en las calles, al menos en los últimos dos años. ¿A qué obedece esa terquedad oficial?
En el mundo del trabajo venezolano, la preocupación fundamental de los trabajadores ha estado signada por los salarios, su continuada pérdida de poder adquisitivo en el sector público y su estancamiento, como mal menor, en casi todo el sector privado.
De ahí el replanteamiento de la campaña sindical “salarios dignos”. No obstante, hay que destacar que no es éste el único problema que ahoga la vida de los trabajadores. Hay que tener presente que el desempleo alcanza cifras con récords históricos, también la informalidad y la precarización.
Además recordemos que la política del avestruz que ha seguido este régimen, ante aquellos esfuerzos necesarios para diagnosticar el funcionamiento del país, por lo que se ha extendido la ausencia de recopilación, procesamiento y publicación de la data socio económica, es decir estadísticas fiables, coherentes y comparables, que se deben producir en un país de funcionamiento medianamente abierto, dado que al no publicarlas se sustituye con discursos y relatos vacíos o fantasiosos del estado de la nación. La crudeza de la pobreza, sea con o sin empleo, pensionado o jubilado es atroz, y la sociedad está cansada de estar sujeta a unas condiciones de existencia de pérdida de sentido al esfuerzo laboral y de una muerte lenta.
Está claro que en el artículo 91 de la Constitución Nacional se garantiza un salario mínimo vital que debe ser ajustado cada año tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. En los años que van del presente siglo ha sido una constante la brecha entre ambos conceptos, con el agravante que año tras año se ha venido ampliando, a extremos que en los hechos el actual salario mínimo se considera inexistente – $3,50 mensual-, no satisface siquiera el valor de una comida en el mes. Para las relaciones de trabajo, en Venezuela no existe salario mínimo, de facto ha sido abolido. Queda a las partes establecerlo según sus propias capacidades y niveles de entendimiento.
– ¿Qué consecuencias tiene esta política de des-salarizar e imponer la bonificación del ingreso?
El país ha experimentado un proceso paulatino de desmontaje de las propias relaciones de trabajo. Las regulaciones del régimen, desde su propia constitución nacional, hecha a su medida, más las que han nacido de ella, han estado abonando al desmontaje y al empobrecimiento del trabajo. Lo que ha dado lugar a que la relación de la distribución de los ingresos haya alcanzado un grado de desigualdad extremo. En cuanto a la participación del trabajo en el ingreso nacional en América Latina, Venezuela ha llegado a estar con solo 10%, como lo muestran datos publicados por la OIT en 2022, en tanto la mayoría de los países de la región estaban por encima del 50%. Difícil encontrar otro indicador más elocuente de un funcionamiento contrario al reconocimiento del valor del trabajo. Demás está reconocer que los cuatro años de hiperinflación 2018-2021, volvieron añicos las percepciones dinerarias de los trabajadores.
El régimen ha venido huyendo de la obligación de remunerar con los correspondientes salarios al esfuerzo laboral, por la vía del uso de bonificaciones, por cierto casi todas discrecionales, que por supuesto pulverizan todos los compromisos históricos derivados sea de regulaciones conquistadas, de acuerdos igualmente históricos alcanzados en las relaciones de patronos y organizaciones de los trabajadores, de beneficios basados en tradiciones y prácticas, que tienen al salario como la base de su determinación.
Hay sectores que logran acumular muchas décadas de construcción regulatoria entre las partes empresarias y laborales, y que la política laboral del régimen ha destruido, cuando estatiza empresas, o interviene el funcionamiento de amplios sectores productivos privados, o impone medidas vía memorándum 2792 o instructivos tipo Onapre y buena parte del contenido en lo relativo a sindicatos y convenios colectivos, del “Decreto con rango y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadoras y las trabajadoras”.
En estos hechos, ha predominado la intención anti laboral, la centralización estatal, la desconfianza en los propios actores socio laborales, de su autonomía y relación directa.
En la perspectiva de los estudios del trabajo, esto representa un atropello del Estado contra los trabajadores y un fracaso de la política socio laboral. Se ha regresado a etapas que se creían superadas en la relación capital-trabajo. Sin duda que el patronato ha aprovechado la situación para el uso del trabajo dependiente, igualmente también ha ocurrido el relajamiento de la dedicación al trabajo, muy notable en el sector público. Coloquialmente se dan situaciones donde el patrono hace como si cumpliera con sus obligaciones y el trabajador hace como si trabajara. Los mejores tiempos del capitalismo se caracterizaron por el predominio de la ética del trabajo que se exigía a ambas partes, lo ocurrido en la Venezuela chavista por el contrario ha facilitado el relajamiento laboral.
– ¿Qué consecuencias ha traído la pérdida del sistema productivo empresarial y la pérdida de empleos, ingresos, beneficios, cláusulas, contractuales y prestaciones sociales para los trabajadores?
Destacable el hecho que luego de cuatro reconversiones monetarias, eliminando catorce ceros a la moneda nacional, pulverizaron los activos de los trabajadores en sus prestaciones sociales, cajas y fondos de ahorro. Con las primeras, es condenable que la conducción estatal autoritaria de los diversos programas de ajuste, no previeron la protección debida al sector trabajador.
Es sabido que los programas de ajustes clásicos, emprendidos en el marco de abiertas orientaciones neoliberales, las medidas compensatorias protegen los activos de los trabajadores, al tiempo que instalan a partir del momento de la aplicación del ajuste, prácticas a favor de mayores flexibilidades regulatorias. Aquí, se fue más allá en la explotación del trabajo en un supuesto socialismo militarista del siglo XXI, con la venia del dócil sindicalismo oficialista claramente entregado a las políticas anti laborales del régimen.
Llamativo que los conductores del régimen, hicieron coro satanizando la reforma del régimen de prestaciones del 1997, acordado en el marco del dialogo social, al calificar como robo, el establecimiento del esquema de abonar trimestralmente las prestaciones a fideicomisos constituidos por cada trabajador, que a su vez le remuneraban esos capitales a tasas favorables. Estaba también disponible la opción de retirar esos capitales por parte del trabajador dueño.
Hoy, este esquema con salarios decentes constituiría un objetivo significativo para la economía de los trabajadores, al tiempo que eludiría el problema de la retroactividad en economías inflacionarias.
Con políticas laborales asistencialistas, así como intervencionismo extremo, el régimen ha pretendido sustituir las relaciones de trabajo que solo requieren libertad de trabajo, libertad sindical, de asociación autónoma, de fomento de las negociaciones colectivas, de administración del trabajo profesional, así como una justicia laboral, sin dependencia de partidos políticos y con personal estable de incorporación por concurso, de acceso sin carnets, pero si por formación y capacitación. Tales aspiraciones, incluso van más allá de lo practicado en la Venezuela pre chavista, que también tuvo sus falencias, se trata de aspirar y construir un verdadero funcionamiento laboral para tiempos de revolución 4.0, de la innovación y el conocimiento como base central de las actividades productivas.
– ¿Es posible reconstruir el valor del trabajo en Venezuela?, Cómo avanzar en esa dirección?
Reconstruir el funcionamiento laboral es imperioso. Se confía que los trabajadores en sus diversas categorías profesionales, ocupaciones, con mayores o menores calificaciones, han experimentado el despojo de garantías y pérdida de esperanza, de ahí la diáspora con todos los riesgos que ello conlleva. Lo que junto con quienes tienen capitales, igualmente desenvolviéndose en un contexto de mengua económica, de inseguridad jurídica, han de estar preparados y dispuestos para reconstruir la organización de su relación con madurez, innovación, responsabilidad y respeto.
Prensa Provea
