El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó este 23 de julio la actualización semestral del informe «Perspectivas de la Economía Mundial«, en el que analiza el comportamiento y las proyecciones de las economías a escala global.
En el reporte, el órgano proyecta una severa contracción de la economía venezolana de 35% para el cierre de 2019. «La profunda crisis humanitaria y la implosión económica en Venezuela siguen teniendo un impacto devastador, y se prevé que la economía se contraiga alrededor de 35% en 2019», señala el estudio. En abril, el FMI había calificado a Venezuela como un “lastre considerable” para el desarrollo económico de la región y situaba su proyección de caída del PIB real en un 25%, diez puntos menos que la actual proyección. “La economía venezolana se espera que se contraiga un cuarto en 2019 y otro 10% en 2020, un colapso mayor que el proyectado en el informe de octubre de 2018 y que genera un lastre considerable en el crecimiento proyectado para la región y para el grupo de mercados emergentes y economías en desarrollo en ambos años”, advirtió el Fondo en su primer reporte del año.
En octubre de 2018 el FMI había proyectado una reducción del PIB real de 18% en 2018 y del 5% para 2019. El organismo estimó entonces que el Producto Interno Bruto per cápita de los venezolanos se redujo en más del 35% durante el período 2013–2017 y previó una disminución de casi un 60% entre 2013 y 2023. De acuerdo a esa proyección, Venezuela se situaría, junto a Arabia Saudita; Azerbaiyán; República Democrática del Congo; Georgia; Iraq; Líbano; Liberia; Libia y Qatar, como las naciones en las que, en distintos períodos históricos, se ha registrado una caída del PIB per cápita superior al 60%.
La proyección actualizada del FMI para la Venezuela de 2019 augura una catástrofe para los derechos humanos. Una caída del PIB real de 35%; una tasa de inflación de 10.000.000% y un indice de desempleo de 44,3% para el cierre del presente año.
El más reciente reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado en septiembre pasado, reflejó que entre 2012 y 2017 Venezuela había caído dieciséis puestos en el indice global de Desarrollo Humano (IDH). El Informe ubicó a Venezuela en el puesto 78 de 189 países analizados por el organismo, y en 8º lugar entre los países de América Latina, en una lista que lidera Chile con el índice más alto de la región, y que cierra Haiti -en el puesto 168 global-, con el IDH más bajo del continente. El informe del PNUD advirtió que el retroceso experimentado por Venezuela es uno de los mayores en el indicador que refleja los logros nacionales en materia de salud, educación y nivel de ingresos. “Solo Siria, Libia y Yemen, tres países con prolongados conflictos, han perdido más puestos” alertó el organismo.
El PNUD destacó también que la renta per cápita de Venezuela había disminuido un 25,8% entre 1990 y 2017. De acuerdo al informe del IDH del año 2012, el ingreso nacional bruto per cápita de Venezuela se situaba en 11.475 dólares; mientras que para el 2017 el PNUD reportó un ingreso per cápita de 10,672 dólares.
El FMI, PNUD y CEPAL, coinciden en que los peores registros en materia de indicadores socioeconómicos en Venezuela comenzaron a producirse a partir del 2013, año en el cual Nicolás Maduro asumió la presidencia del país. También, los reportes de estas instituciones coinciden en comparar la situación venezolana con la de países que han atravesado conflictos bélicos o han sido sacudidos por desastres naturales que generaron inestabilidad en sus economías. La diferencia es que en el caso venezolano la severa caída de la economía y de los indicadores sociales, no es consecuencia de ninguno de los dos escenarios descritos anteriormente. Se trata entonces de una situación generada por el propio Estado venezolano como consecuencia de una actuación deliberada y en el contexto de una crisis política aguda, que se ha convertido en emergencia humanitaria compleja.
El histórico retroceso de la economía venezolana y su impacto en el aumento de la pobreza y la exclusión de grandes sectores de la población, coincide con la finalización de la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, un período en el cual aumentó la corrupción, el manejo irresponsable de los recursos públicos y el endeudamiento del país. Sumado a estos factores, la agudización de la crisis y la ausencia de respuestas para superarla, obedece fundamentalmente al cierre de los espacios democráticos y la extinción del Estado de Derecho. La adopción de medidas antipopulares y antidemocráticas en el terreno económico, ha erosionado la garantía de los derechos sociales y hace ilusoria la posibilidad de superar la crisis en el menor tiempo posible para mitigar su impacto en la vida de los sectores más empobrecidos y vulnerables.
