El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de Naciones Unidos decidió celebrar, cada 09 de agosto, el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas con el objetivo de fortalecer […] la cooperación internacional para la solución de los problemas con los que se enfrentan las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud».
En Venezuela, las poblaciones indígenas cuentan con una extensa variedad de estándares e instrumentos internacionales y nacionales, que deberían garantizar sus derechos a la salud, alimentación, territorio, consulta previa, libre e informada, entre otros.
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Pese a ello, el permanente incumplimiento de las obligaciones estatales, sumado a la presencia de actores armados en territorios habitados por pueblos indígenas, amenazan las costumbres y modos de vida de estas comunidades.
La paralización de los procesos de demarcación de territorios indígenas; el abandono de las obligaciones estatales de proveer salud, alimentación y seguridad a las comunidades indígenas; la ausencia de garantías para los derechos a la movilidad, educación y a la participación política en igualdad de condiciones; forman parte de un amplio repertorio de abusos y ausencias estatales que echan por tierra todos los avances que se alcanzaron con la aprobación de la Constitución de 1999.
Veinticuatro años después de aprobada esa Constitución, la irrupción e imposición de un nuevo modelo político-económico basado en la erosión de la institucionalidad democrática, la extinción del estado de derecho, la consolidación del modelo extractivo para la acumulación de renta, la participación de economías ilícitas en las gobernanzas del territorio, la devastación ambiental y el desconocimiento de los derechos indígenas, atizan la conflictividad entre actores estatales, no estatales y comunidades indígenas en las tierras ancestralmente habitadas por estos últimos.
Por ello, el mandato de Naciones Unidas para solucionar los problemas que enfrentan estas poblaciones, está lejos de celebrarse en Venezuela.
Tensiones y abusos en la lucha por el territorio
Las tensiones entre indígenas y actores estatales y no estatales, han ido en aumento debido al crecimiento exponencial de la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar -que ha sido empujado por el mega proyecto Arco Minero del Orinoco-; los abusos cometidos por militares en La Guajira venezolana, y la presencia de actores armados en el fronterizo estado de Apure, al sur de Venezuela.
Desde el año 2010 -fecha en la que se produjo la militarización de los territorios indígenas Wayúu en La Guajira venezolana, en la frontera con Colombia, a través de la creación del Distrito Militar N° 01-, se han reportado cientos de abusos que incluyen más de 19 asesinatos de indígenas Wayúu y Añú, decenas de víctimas de torturas y tratos crueles contra indígenas, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales a viviendas de las localidades de Paraguaipoa y La Raya en la frontera con Colombia.
En 2013, Provea y el Comité de Derechos Humanos de La Guajira, llamaron la atención sobre estos abusos y advirtieron que la creciente militarización de territorios y comunidades indígenas, sin consulta previa, libre e informada con los pueblos afectados, allanaría el camino para nuevos atropellos y más tensiones.
En el pico de este conflicto, las autoridades venezolanas justificaron estos atropellos bajo el argumento de que los pobladores fronterizos, en su mayoría indígenas, eran “contrabandistas” y “traidores a la patria”.
Así, en 2015, el Ejecutivo venezolano promulgó ocho decretos de Estado de Excepción, que afectaron a 26 municipios en cuatro estados fronterizos -entre ellos-, La Guajira venezolana.
Entonces, los argumentos para aprobar esas medidas se basaron en la “presencia del paramilitarismo, narcotráfico y contrabando de extracción y los atentados cometidos contra nuestra moneda y contra los bienes adquiridos con divisas de nuestro pueblo”.
La amenazante presencia de grupos irregulares en territorios indígenas
También en 2013, otra situación, ocurrida al sur de la país, daba cuenta de un nuevo y alarmante fenómeno.
Entre junio y diciembre de 2013, representantes de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (OIPUS), acudieron en dos ocasiones a la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y Asamblea Nacional, para denunciar la presencia de mineros ilegales; transnacionales mineras y grupos guerrilleros de las, ahora desmovilizadas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en territorios habitados por los pueblo Wottuja y Jivi en la cuenca del Sipapo.
En octubre de 2017, líderes indígenas del estado Bolívar denunciaron que cinco indígenas habían sido asesinados entre 2016 y 2017 por grupos armados vinculados a la minería ilegal en el estado Bolívar.
El acoso permanente por parte de mineros ilegales y grupos armados irregulares contra indígenas de San Martín de Turumbán, San Luis de Morichal y La Paragua obligó entonces a los habitantes de estas comunidades a conformar -en el marco de la jurisdicción especial indígena- las «Guardias Territoriales», para ejercer la vigilancia y protección del territorio, frente a los ataques armados y ocupaciones ilegales por parte de terceros no indígenas.
Y es que la creación en 2016 del llamado Arco Minero del Orinoco, propició la masificación de las actividades mineras a gran escala -con la consecuente afectación al medio ambiente y a los territorios indígenas-, y las crecientes disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado para controlar los territorios y ejercer la dirección de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo.
El 24 de febrero de 2016, Nicolás Maduro, en Consejo de Ministros, promulgó el Decreto N°. 2.248 mediante el cual se creó la llamada Zona de Desarrollo Estratégico Especial Arco Minero del Orinoco, un proyecto de mega minería que se desarrolla en la franja sur del río Orinoco entre los estados Bolívar y Amazonas, en vastas regiones habitadas por comunidades indígenas.
Dicho proyecto se impuso sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas afectados y sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental.
La militarización de los territorios indígenas para salvaguardar los intereses económicos de las corporaciones nacionales y transnacionales que explotan los recursos naturales en esta zona, aumentó los abusos y las tensiones entre el Estado y los pueblos originarios.
Las autoridades venezolanas abandonaron sus responsabilidades en estas zonas fronterizas y ricas en recursos minerales, y el territorio ha sido penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación, a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional.
En 2021, Provea recibió reportes provenientes de miembros de las comunidades indígenas fronterizas con Brasil, sobre el aumento de la presencia de mineros ilegales armados y la complicidad de militares venezolanos con estas agrupaciones.
«Hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas»
«Hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales. Han perdido el control de sus tierras, incluso debido a la militarización por parte de los agentes del Estado. Su presencia ha provocado violencia e inseguridad en sus territorios en los últimos años, a lo que se suma la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados».
Así describió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la situación de los derechos de los pueblos originarios en Venezuela, en un informe sobre nuestro país presentado por la ex Alta Comisionada, Michelle Bachelet, en la sesión ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se realizó el 5 de julio de 2019, en la sede del órgano en Ginebra.
«La situación humanitaria ha perjudicado desproporcionadamente los derechos económicos y sociales de muchos pueblos indígenas, especialmente sus derechos a un nivel de vida digno, incluido el derecho a la alimentación, y su derecho a la salud», detalló el informe.
Según los registros de Provea, al menos 47 indígenas pertenecientes a los pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu, han sido asesinados por agentes de la fuerza pública y actores no estatales -incluyendo presuntos miembros de disidencias de las FARC y el ELN-, desde 2010, en diversos conflictos que se han desarrollado en territorios indígenas bajo control militar o disputados por gobernanzas criminales.
Uno de los hechos más recientes, involucró a cuatro indígenas Yanomami -incluida una mujer de 45 años- quienes fueron asesinados a manos de efectivos militares venezolanos en el sector Parima B del Alto Orinoco, en el estado Amazonas, al sur del país.
En una situación aun más reciente, Virgilio Trujillo, indígena Piaroa, miembro de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (Oipus) y vinculado a las actividades de la Guardia Indígena Territorial de su comunidad, fue asesinado por presuntos miembros de agrupaciones armadas colombianas.
Trujillo, era un destacado activista que defendía el derecho a mantener su territorio libre de la extracción de minerales y de la presencia de fuerzas irregulares de la guerrilla colombiana que operan en la zona.
Modelo amenazante
El afianzamiento de un modelo económico que privilegia la acumulación de capitales y la consolidación de gobernanzas ilícitas -por encima de los derechos indígenas y la protección del ambiente-, está empujando a las poblaciones originarias de Venezuela a un peligroso desfiladero.
El despojo de territorios y las condiciones de exclusión derivadas de una situación de Emergencia Humanitaria Compleja, ponen en riesgo la existencia de poblaciones en condición de vulnerabilidad como los pueblos indígenas Pemón, Warao, Jivi, Wayúu y Añu, entre otros.
Luego de los sucesos conocidos como la Masacre de Tumeremo, ocurrida en marzo de 2016, Provea exigió a las autoridades tomar medidas efectivas para erradicar y sancionar la actuación de grupos armados involucrados en actividades extractivas o de otra índole, y los abusos cometidos por agentes estatales contra estas poblaciones.
Pero mientras persista la imposición de medidas que afectan los derechos de los pueblos indígenas por parte de las autoridades, la ausencia institucional y democrática del Estado, y se consoliden las estructuras criminales que disputan el territorio, estas comunidades seguirán amenazadas.
Prensa Provea
