En una nueva encuesta realizada por Comités populares de Derechos Humanos y Provea durante los primeros días del mes de febrero de 2020, en varias parroquias de los municipios Libertador y Sucre de la Gran Caracas, el 60% de las personas consultadas dijo no contar con el servicio de agua en sus viviendas y acusaron constantes interrupciones en el flujo.
EL 20% de los consultados en este período señaló que la ausencia de agua por tuberías se ha prolongado hasta por un año, mientras que el 40% denunció que los cortes varían entre algunas horas y hasta dos meses de interrupción del servicio.
La escasa disponibilidad de agua y la deficiente gobernanza de la gestión de los recursos hídricos, acentúan las desigualdades y tienen un impacto significativo en las poblaciones más vulnerables y en condición de pobreza. En Venezuela la población urbana y rural está seriamente afectada por las constantes interrupciones en la prestación del servicio de agua potable por parte del Estado y, aunque las interrupciones afectan a todos los estratos socioeconómicos, el impacto de la falta de agua es más pronunciado en los más pobres, quienes carecen de medios para acceder a servicios privados de suministro de agua, instalar alternativas para la recolección en las viviendas y recurrir a mecanismos de saneamiento de la escasa cantidad de agua que reciben.
De acuerdo al Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de 2019, realizado por UNESCO y otras organizaciones, Venezuela se situó en el cuarto lugar entre las naciones de América Latina y El Caribe, con la mayor tasa de desigualdad en el acceso al agua entre el sector más rico y el sector más pobre de la población. Nuestro país es uno de los que menos invierte en infraestructura para el saneamiento de aguas, por debajo del 50% de los recursos necesarios para cumplir con las metas nacionales, según UNESCO.
El colapso generalizado de los servicios públicos ha creado –junto al deterioro de la economía y el ascenso de la represión- las condiciones propicias para un aumento exponencial y generalizado de la pobreza en Venezuela.
El 86% de las personas consultadas por los Comités de Derechos Humanos a comienzos de mes, dijo haber realizado acciones de exigibilidad para demandar la garantía del derecho al agua, que van desde denuncias ante organismos públicos y movilizaciones de calle en diversos sectores de la ciudad. Estas demandas no han sido atendidas oportunamente por las autoridades, a pesar de que en junio de 2019 la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios del régimen de Nicolás Maduro, creo el Observatorio Nacional de los Servicios Públicos para “optimizar la atención del pueblo venezolano”, un organismo que el 98.76% de los entrevistados dice no conocer.
Durante 2020 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 8.193 manifestaciones para exigir derechos sociales. Esta cifra, que representó el 85% de todas las documentadas por la organización, incluyó numerosas protestas que exigían la garantía del derecho al agua.
Hacer frente al COVID-19… sin agua
“Dado que lavarse las manos con jabón y agua limpia es vital en la lucha contra el COVID-19, los gobiernos de todo el mundo deben proporcionar un acceso continuo a suficiente agua a las poblaciones que viven en las condiciones más vulnerables”. La advertencia, hecha en marzo de 2020 por un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas -entre ellos el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento- fue un llamamiento a los gobiernos del mundo a garantizar el suministro de agua potable para mitigar el impacto del COVID-19.
“La lucha mundial contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de los 2.200 millones de personas que no tienen acceso a servicios de agua potable”, dijeron los expertos de ONU. Sus advertencias, y las recomendaciones de la OMS para frenar la curva de contagios mediante una adecuada higiene personal, lucen como una quimera en la Venezuela actual. La carencia de agua es incompatible con la dignidad humana. Si el derecho humano al agua permite la realización de otros derechos en contextos de normalidad, en medio de la pandemia del Coronavirus contar con suministros de agua continuos, suficientes y de calidad, es contar con mayores garantías para el derecho a la vida, a la salud, y a la integridad personal.
Para el grupo de expertos de Naciones Unidas, las personas en situación de pobreza estarían más propensas a infectarse con COVID-19 debido a las interrupciones en los servicios de agua potable, por lo que estarían sometidas a condiciones más severas de aislamiento que disminuirían sus capacidades para obtener alimentos y recursos para la subsistencia familiar.
