Yngrid Candela* | Especial para Provea
En los últimos reportes internacionales, Venezuela ha figurado como uno de los países con peor desempeño en materia alimentaria y nutricional. En 2018, el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) reportó que 21,2% de venezolanos – 6,8 millones – estaban subalimentados. En 2019 el Programa Mundial de Alimentos registró 32,3% de venezolanos – 9,3 millones – con inseguridad alimentaria aguda en sus formas moderada y severa. Estos últimos datos han colocado a Venezuela como el cuarto país con la peor crisis alimentaria en el mundo. Aproximaciones hechas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ante la Emergencia COVID-19, indican que Venezuela es uno de los países cuya economía estará más expuesta a los efectos de esta emergencia. El reporte global de nutrición por su parte, presentó datos muy limitados y con poca vigencia sobre la situación nutricional de la población.
Un nuevo informe preparado por la FAO, a petición de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), denominado “Seguridad alimentaria bajo la pandemia de COVI-19”, prevé un incremento de la pobreza y el hambre en los países que conforman esta alianza intergubernamental, afectando más a aquellos que dependen de la importación de alimentos y cuya moneda se ha devaluado.
Según estimaciones de la CEPAL, “entre 2019 y 2020 la tasa de pobreza regional pasará de 30,3% a 34,7% y la tasa de pobreza extrema de 11,0% a 13,5%”. Esto, sumado a la desigualdad y al impacto del contagio por COVID-19, afectará la seguridad alimentaria de la población más vulnerable. Entre estos destacan los que cumplen “medidas de seguridad sanitaria”, mujeres en edad fértil, niños y niñas menores de 5 años, niños y niñas escolarizados, trabajadores de la economía informal, habitantes de la zona rural, incluyendo a los que dependen de la agricultura familiar.
Los riesgos que supone esta emergencia en los países de la CELAC han sido identificados con la finalidad de proponer e iniciar las medidas de política necesarias para mitigar los efectos de la pandemia y mantener la funcionalidad del sistema alimentario. En materia de oferta consideran que el mayor riesgo está representado por el bajo acceso a capital fijo, a insumos intermedios y mano de obra para la producción y distribución de los alimentos. El aspecto asociado a la demanda de alimentos está dado por el bajo poder adquisitivo de la población más vulnerable. Para el comercio internacional, la alteración de los precios de los alimentos y la oferta nacional de los mismos, son los aspectos con mayor relevancia.
En base a los riesgos mencionados anteriormente, Venezuela es calificada como un país con alto riesgo en materia de poder adquisitivo de la población, limitaciones en capital fijo para la producción de alimentos, disrupción en la distribución y comercialización de alimentos, y alteración de precios internos de estos. El riesgo es medio-alto en materia de acceso a insumos intermedios para la producción de alimentos, y el riesgo bajo corresponde a mano de obra para la producción de alimentos y la oferta de alimentos interna.
Ante este contexto de emergencia, la población más vulnerable queda expuesta a la inseguridad alimentaria, la malnutrición y otras deficiencias que deben ser atendidas por la vía de la protección social. En este sentido, los países de la CELAC han implementado medidas de asistencia a la población vulnerable por la vía de transferencias en especies (canastas alimentarias) y en efectivo, basados no solo en cantidad sino en calidad de alimentos que permitan cubrir necesidades de subsistencia, para atender la malnutrición en todas sus formas, incluyendo la desnutrición aguda, el déficit de nutrientes y también el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades asociadas a estos. Venezuela no figura entre los países que ha tomado medidas de emergencia para atender a su población.
Considerando que la flexibilización del confinamiento se realizará de forma progresiva y que este proceso tendrá un impacto negativo el sistema alimentario, la recomendación de este informe en materia de políticas públicas se orienta a ejecutar acciones que prioricen la producción de alimentos a través de iniciativas conjuntas, según el grado de exposición y capacidad de respuesta de cada país.
En Venezuela, la emergencia por “COVID-19” se suma a la “Emergencia humanitaria compleja” que se ha prolongado e intensificado en el país sin medidas contundentes para el manejo de sus causas y consecuencias. Por esto, demanda un esfuerzo mayor que otros países para alcanzar de forma inmediata a la población que ya está afectada y la que se suma producto del confinamiento, la paralización de la economía y la intensificación de la crisis en materia de seguridad alimentaria y de servicios esenciales asociados a esta, incluyendo la crisis de gasolina
Ante este nuevo escenario que muestra este informe, cobra importancia el papel el Estado en la facilitación del derecho a la alimentación a la población de forma directa, ya sea con sus propios recursos o con la asistencia externa. Esto implica evaluar las políticas necesarias para atender a la población en lo inmediato y que permitan llenar el gran vacío que dejan las medidas vigentes hasta ahora. El subsidio de alimentos, así como los ajustes de salario, bonos y pensiones, carecen de pertinencia social y todos juntos no alcanzan a cubrir el 10% del costo de una canasta alimentaria.
También es momento de evaluar el desempeño del plan de respuesta humanitario país, iniciado en 2019 bajo la coordinación de Naciones Unidas y acompañado por organizaciones nacionales e internacionales. Es urgente la revisión de las necesidades humanitarias en el país y la actuación inmediata para mitigar los daños ya provocados por la doble emergencia, preparar a la población para la resiliencia e ir avanzando en la reinvención de nuevas formas de vida que garanticen las libertades de las personas, incluida aquella de estar bien alimentado y no padecer hambre.
Mientras esto ocurre, el riesgo se generaliza y se intensifica, haciendo colapsar los medios de vida de los hogares y sometiendo a muchos a la dependencia de la solidaridad de personas y organizaciones que también han agotado sus medios en el intento de socorrer a quienes ya no cuentan con alimentos ni medios para adquirirlos.
*Nutricionista, Docente – Investigadora en el Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) y redactora del capítulo sobre derecho a la alimentación del Informe Anual de Provea.
