Entre la noche del 3 y la mañana del 4 de septiembre, las denominadas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un comando de la Policía Nacional Bolivariana, asesinó a siete hombres en el poblado de Cariaco, en el municipio Ribero al oeste del estado Sucre, según reportes de habitantes en la comunidad. Así, una vez más, la alta letalidad con la que actúa este componente de la PNB viola el derecho a la vida. Se ha convertido, como lo hemos venido denunciando, en una maquinaria de terror contra los sectores populares en Venezuela.
Aproximadamente a las siete de la noche del martes 3 de septiembre, los funcionarios, armados y encapuchados, ajusticiaron según denuncias de vecinos y familiares a cinco hombres entre las barriadas de Campo Alegre y Barrio Venezuela de Cariaco. Los asesinados según fuentes policiales eran señalados como miembros de bandas delictivas en el poblado. Pocos momentos después, un hecho similar se registró en el cacerío de Campoma, a unos veinte minutos de la capital del muncipio Ribero. Según denuncias de familiares varias de las personas asesinadas fueron detenidas en una sola casa y a las pocas horas aparecieron en la morgue del hospital. Es la reiterada practica del Faes de llevarse a las personas detenidas y luego las asesina argumentando que hubo enfrentamiento. Para justificar su acción siembran armas y realizan disparos.
En horas de la mañana del miércoles 4, un nuevo homicidio ocurrió a manos del FAES. Un hombre, conocido bajo el alias de «Erni», fue ajusticiado en el sector 23 de octubre, en Cariaco. Un vecino del sector informó que el hombre era propietario de una carnicería y presuntamente había cometido un homicidio días atrás.
Allanamientos sin orden judicial
Sobre las identidades de los asesinados hay poca información. Solo se conocen los supuestos alias de los siete ajusticiados y los nombres de dos de ellos, Pedro Gordones y Franklin Ruiz, quienes eran habitantes de la barriada Mundo Nuevo en la parroquia Santa Inés de Cumaná.
La detención de las víctimas está plagada de acciones ilegales por parte del FAES. El grupo armado realiza incursiones en las zonas donde localiza a las víctimas, ingresa a las viviendas sin tener orden judicial, golpea a las víctimas y extiende este tipo de procedimientos a vecinos y familiares.
Testimonios de familiares y vecinos dan cuenta se trata de ajusticiamientos
El relato de familiares, quienes solicitaron no identificar sus nombres por temor a represalias; asegura que el martes 3 de septiembre, entre la una y media y tres de la tarde, funcionarios del FAES allanaron varias viviendas en Mundo Nuevo, golpearon Ruiz, Gordones y a otros jóvenes que estaban en el sector, ataron a las dos víctimas y las trasladaron, aún con vida, en un vehículo hasta Cariaco. Estos dos hombres, junto con otros tres, aparecieron asesinados a balazos en la capital del municipio Ribero y sus cadáveres trasladados al hospital de la localidad y posteriormente a la morgue del Hospital Universitario «Antonio Patricio de Alcalá», en Cumaná. El padre de Franklin Ruiz denunció que su hijo fue torturado antes de ser asesinado y que lo sacaron de la vivienda con violencia, pero cuando lo montaron en el vehículo estaba vivo.
Un procedimiento similar practicaron al día siguiente durante el homicidio de una persona a quien la policía identifica con el alias «Erni», en Cariaco. Vecinos del sector 20 de octubre relataron que a las 11:00 a.m. del miércoles 4 de septiembre la persona fue interceptada en esta zona y allí le hicieron varios disparos. «Yo estaba en el Mercado, cerca del sitio donde lo mataron» y hasta allí se escucharon las detonaciones», indicó un vecino que solicitó omitir su identidad.
Militarización
Funcionarios de Protección Civil y de la Policía del estado Sucre, quienes solicitaron resguardar sus identidades, informaron que en la noche del 3 de septiembre, funcionarios del FAES tomaron control del Hospital «Dr. Diego Carbonell» en Cariaco. A este centro sanitario trasladaron inicialmente los seis cadáveres producto del ajusticiamiento realizado la noche del martes.
Los uniformados, bajo condición de anonimato, aseguraron que el FAES cerró todos los accesos al hospital e impidieron el ingreso de pacientes y funcionarios de otros organismos de seguridad. No obstante, a las afueras del centro sanitario, una gran cantidad de ciudadanos se apostaron exigiendo información y denunciando lo ocurrido.
Hechos similares a los de Cariaco se repitieron durante el mes de agosto en los municipios Arismendi y Mariño, en la Zona de Paria del estado Sucre. Según un conteo realizado por Provea, detuvieron y asesinaron al menos a cinco hombres.
El 23 de agosto, los uniformados asesinaron a dos hombres en el poblado de Irapa, en el municipio Mariño. El hecho ocurrió a las 5:30 p.m. en la comunidad de Santa Marta, según reporte de periodistas locales publicados a través de Redes Sociales. Las dos víctimas fueron señaladas como presuntos integrantes de una banda delictiva.
Entre el 19 y 20 de agosto, el FAES dio muerte a tres jóvenes en el municipio Arismendi. Dos de los ajusticiamientos ocurrieron en una zona rural del poblado de Río Caribe, la capital de la jurisdicción. En este caso, vecinos de la zona insistieron que no se trataba de delincuentes. Un tercer homicidio ocurrió en la zona rural de Guarapiche, en el mismo municipio, un menor de edad fue baleado al no poder escapar durante la incursión del grupo armado. Es decir, entre el 19 de agosto y el 4 de septiembre las Faes en esos poblados del estado Sucre realizó 12 ejecuciones según denuncias de familiares y vecinos.
Mientras esto ocurre sigue el silencio del Defensor del Pueblo Alfredo Ruíz impuesto por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente precisamente para garantizar impunidad junto al Fiscal Constituyente Tarek Willian Saab.
Existe en el país una institucionalidad al servicio de la violencia policial y militar y la garantía de la impunidad. Por eso organizaciones de derechos humanos venezolanas vienen solicitándole a la Alta Comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet que solicite al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la creación de una Comisión de Investigación que documente y favorezca el camino a la justicia.
Los altos mandos de la policía nacional y los jefes de operaciones del Faes a nivel nacional tienen una deuda con la justicia, así como cada uno de los funcionarios que violando la ley se han dedicado a imponer en los hechos la pena de muerte en el país. Esa responsabilidad se extiende al ministro del interior y a Nicolás Maduro que ante la recomendación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU de disolver las Faes, viene alentando las graves violaciones a los derechos humanos que realiza a diario principalmente en las zonas pobres del país.
Prensa Provea
