“Dentro de una semana se estará entregando la vivienda 5.000.000. Cumplida la meta del segundo Plan de la Patria. Ya tenemos los cálculos, los estudios y en los próximos seis años vamos a construir 2.000.000 de viviendas más”.
Eso dijo Nicolás Maduro el pasado 30 de abril durante un acto celebrado en el urbanismo «El Ingenio» de la ciudad de Guatire, estado Miranda, en el marco del 13 aniversario de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), la principal política habitacional del proyecto bolivariano, lanzada en 2011 por el fallecido presidente Hugo Chávez.
Ese día, Maduro anunció la entrega de la vivienda número 4 millones 900 mil construida en el marco de la GMVV. “Me da mucha alegría poder decir hoy 30 de abril de 2024: Comandante Hugo Chávez, 13 años después, la Gran Misión Vivienda Venezuela llega a 4.900.000 viviendas”, dijo el mandatario.
Un aspecto que demuestra el severo retroceso en materia de derechos sociales, es la definitiva implosión de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Entre enero y diciembre de 2023, Provea registró, con base en su monitoreo independiente, que el gobierno entregó un total de 3.915 viviendas nuevas, una cifra que contrasta ampliamente con las 500.000 casas que, según el gobierno, habrían sido entregadas en el marco de la GMVV, una cifra repetida en los últimos 3 años por la vocería oficial
De acuerdo a nuestros registros, en diez años de gestión Maduro construyó y entregó apenas 134.771 viviendas a través de la otrora política social bandera del proyecto bolivariano, mientras que sus funcionarios insisten en decir que han levantado y otorgado 4.900.000 casas. Afirmar que se construirán 2.000.000 de viviendas de los próximos seis años, forma parte de la acostumbrada mitomanía oficial.
La ausencia de información confiable sigue impidiendo un real diagnóstico del impacto y alcance de la GMVV. En su lugar se difunden metas y logros que no se corresponden con la realidad, la de un país en Emergencia Humanitaria Compleja (EHC), con un profundo deterioro de los salarios y del aparato productivo del país, en el que se incluye el sector construcción.
La opacidad y la manipulación oficial constituyen actos de corrupción que afectan el disfrute pleno de los derechos de la ciudadanía, con impacto aún mayor sobre las personas más pobres.
Estos actos refuerzan la exclusión social a la que están expuestos las personas en situación de vulnerabilidad. La corrupción, profundiza la violación de derechos humanos y los problemas que ya existían para los sectores históricamente excluidos.
De acuerdo a los Principios Rectores sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas mediante la resolución 21/11, aprobada en septiembre de 2012, los Estados están llamados a crear un entorno propicio que facilite y promueva la capacidad de las personas, las organizaciones de base comunitaria, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales de combatir la pobreza y empoderar a las personas afectadas por ella para que reivindiquen sus derechos. Ello incluye poder contar con la información oficial sobre los avances, estancamientos y retrocesos en materia de lucha contra la pobreza y políticas públicas en general, con el objetivo de poder generar consensos sobre la forma de aplicar las normas de derechos humanos en los esfuerzos por combatir la pobreza.
La mitomanía estatal es otra violación de derechos humanos que se suma al extenso repertorio de abusos cometidos durante la gestión de Nicolás Maduro.
Te invitamos a consultar el capítulo sobre Derecho a una Vivienda Adecuada, de nuestro Informe Anual 2023
Prensa Provea
