***El inicio de la campaña electoral debe ser una oportunidad para el ejercicio de las libertades ciudadanas y la promoción de un amplio debate nacional sobre las necesidades y posibles soluciones a la grave crisis política, económica y social que aqueja al país. Pero el ascenso de la persecución amenaza seriamente esa posibilidad.
Entre la creación del Comando Popular Anti golpe -en medio de la revuelta popular de 2014-, y el relanzamiento de la Furia Bolivariana, en enero de 2023, quedó claro el patrón asumido por el gobierno de Nicolás Maduro para sofocar la crítica a su gestión, agravando la situación de erosión democrática y la vulneración de los derechos humanos.
Ambas figuras, que se suman a la extendida nomenclatura de corporaciones, planes y operativos especiales creados en sus 10 años de gestión, han socavado progresivamente el Estado de Derecho y arrojado las garantías constitucionales a un cuarto oscuro, similar a los descritos por las decenas de víctimas de torturas cometidas por los temidos agentes de seguridad del gobierno venezolano.
A la oscuridad también han sido echados los derechos y las conquistas sociales.
Tras 10 años al frente de la presidencia, Maduro tiró en saco roto los salarios, las pensiones y las convenciones colectivas; implosionó el sistema de salud y desmanteló la institucionalidad ambiental, poniendo entre la espada y la pared a los pueblos indígenas.
La “irrupción definitiva del nuevo Estado Democrático y Social, de Derecho y de Justicia”, plasmada en el Plan de la Patria 2013-2019, no alentó a Nicolás Maduro a enaltecer los valores de la democracia. Al contrario, luego de las protestas de 2014 se animó a pisar a fondo el acelerador de la represión en Venezuela.
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La persecución política mina la ruta electoral
En enero de este año, Nicolás Maduro decidió seguir el camino que ha recorrido en los últimos 10 años.
Taponeando el diálogo, violando acuerdos suscritos con sus opositores y minando el campo abierto para la alternancia democrática, sólo consiguió abultar el escrutinio que le siguen la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión de Determinación de los Hechos, creada por resolución de Naciones Unidas.
“Activen la furia bolivariana”, dijo Nicolás Maduro envalentonado el pasado 23 de enero, aupando nuevamente el crimen de persecución por razones políticas.
A la fecha, más de 40 dirigentes y activistas políticos vinculados a la campaña electoral del candidato opositor Edmundo González, han sido detenidos por agentes de seguridad. También crecen las denuncias por actos de represalias contra personas que han brindado algún tipo de apoyo a la líder opositora María Corina Machado en la gira que realiza por diversos estados del país.
Precisamente, una de las principales recomendaciones formuladas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sobre las elecciones de 2021, instó al Estado venezolano a “Reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del TSJ con la aprobación de una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito”, ello con el propósito de frenar el empleo de la justicia para perseguir a la disidencia política y evitar la “invasión de las competencias del poder electoral”.
El relanzamiento de la Furia Bolivariana condujo a un ascenso de los abusos, la persecución y el terrorismo de estado.
Amparado en el uso excesivo de la legislación antiterrorista y la negación sistemática de las garantías procesales, el cooptado sistema de administración de justicia venezolano, ha sido el instrumento para brindar «legalidad» a los atropellos.
Tras la sistemática violación de los derechos a la asociación, manifestación y expresión, se impone el empeño gubernamental de consolidar un modelo económico divorciado de los intereses populares, sostenido por la corrupción, la opacidad y el favorecimiento de economías criminales de diversas procedencias.
El histórico retroceso de la economía venezolana y su impacto en el aumento de la pobreza y la exclusión de grandes sectores de la población, coincidió con la finalización de la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, un período en el cual aumentó la corrupción, el manejo irresponsable de los recursos públicos y el endeudamiento del país.
Sumado a estos factores, la agudización de la crisis y la ausencia de respuestas para superarla, obedece fundamentalmente al cierre de los espacios democráticos y la extinción del Estado de Derecho. El Estado venezolano ha abandonado abiertamente sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales, para garantizar un nivel de vida adecuado a la población.
La adopción de medidas antipopulares y antidemocráticas en el terreno económico, ha erosionado la garantía de los derechos sociales y hace ilusoria la posibilidad de superar la crisis en el menor tiempo posible para mitigar su impacto en la vida de los sectores más empobrecidos y vulnerables.
Consideramos imperativo exigir al Estado venezolano que garantice un espacio pluralista propicio para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, proteja la libertad de asociación y libere de manera plena e incondicional a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente.
Adicionalmente, el ascenso de la represión, el terrorismo de Estado, y el afianzamiento de los mecanismos inconstitucionales de control social y político, añaden más penurias para los venezolanos.
“Un espacio libre y vibrante para que las personas expresen sus opiniones es vital”, afirmó en marzo de 2023 el Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante la Actualización Oral sobre la situación de derechos humanos y la cooperación técnica del Estado venezolano.
El inicio esta semana de la campaña electoral debería ser una oportunidad para el ejercicio de las libertades ciudadanas y la promoción de un amplio debate nacional sobre las necesidades y posibles soluciones a la grave crisis política, económica y social que aqueja al país. Pero el ascenso de la persecución amenaza seriamente esa posibilidad.
Las violaciones masivas de derechos humanos solo tendrán una salida cuando las demandas de justicia y de igualdad de derechos para todas las personas puedan ser escuchadas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional en respeto al Estado de derecho.
A partir del diagnóstico plasmado en nuestro Informe Anual 2023, presentamos un conjunto de exigencias y recomendaciones que pueden guiar al país en la creación de políticas necesarias para restituir el pleno disfrute de los derechos a la población venezolana y que consideramos deben formar parte del debate entre quienes participan en la actual contienda electoral.
- Sobre el derecho a la Alimentación:
Es necesario construir políticas públicas que cuenten con la participación activa y corresponsabilidad de los grupos poblacionales más afectados por la inseguridad alimentaria y nutricional, a través de estrategias focalizadas, sostenibles e incluyentes.
- Sobre el derecho al Ambiente Sano
El Estado venezolano debe suscribir y adoptar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), cuyo objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos al acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
- Sobre el derecho a la Educación
Se deben adoptar medidas que contribuyan a disminuir las barreras económicas para el acceso a la educación mediante la dotación de uniformes y útiles, la creación de bibliotecas escolares o de aula, la masificación del Programa de Alimentación Escolar y los comedores universitarios, y rediseñar el pasaje estudiantil u otros programas que garanticen el acceso material a la educación en todos los niveles.
- Sobre los Derechos Laborales
Respetar los derechos colectivos del trabajo, en especial el derecho a la negociación colectiva, el derecho constitucional a la huelga y la libertad de asociación y reunión. Poner fin a las medidas administrativas y judiciales que obstaculizan y criminalizan el ejercicio de la libertad sindical, y detener los procesos judiciales que se siguen contra sindicalistas y trabajador por el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones.
- Sobre los derechos de los Pueblos Indígenas
Inmediata paralización del Proyecto Arco Minero del Orinoco y de las actividades extractivas legales o ilegales que se desarrollan en territorios indígenas, hasta que no se realicen los procesos de consulta previa, libre e informada con estos pueblos y los correspondientes estudios de impacto ambiental. Asimismo, avanzar en el proceso de demarcación y titulación de tierras indígenas garantizados en la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI).
- Sobre el derecho a la Salud
Emprender un plan nacional para restituir las capacidades rectoras, administrativas y operativas del sistema sanitario público, con asignación de recursos suficientes, la asistencia técnica y financiera de organismos internacionales y la participación de todas las instituciones sanitarias públicas y privadas, la Asamblea Nacional, las gobernaciones y alcaldías, las ONG y personas afectadas, los gremios y sindicatos de profesionales y trabajadores de la salud, la academia y las universidades del país.
- Sobre el derecho a la Seguridad Social
Ejecutar en diversos niveles la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social con el fin de promover un mejoramiento de la calidad de vida de las personas beneficiarias y accionar con una perspectiva de desarrollo y bienestar la promoción de un sistema de seguridad social.
- Sobre el derecho a la Tierra
Garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que los campesinos y productores puedan desarrollar su actividad agrícola sin que grupos delictivos y organismos de seguridad -actuando al margen del Estado de derecho-, vulneren el libre desarrollo de las fuerzas productivas del campo.
- Sobre el derecho a la Vivienda
Detener la asignación de viviendas de interés social a través del llamado “Carnet de la Patria” y de cualquier otro mecanismo pueda convertirse en un instrumento de control social o de discriminación por razones políticas.
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Finalmente, consideramos imperativo exigir al Estado venezolano que garantice un espacio pluralista propicio para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, proteja la libertad de asociación y libere de manera plena e incondicional a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente.
Como afirmó en 2013 el ex Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon “Hay un modo mejor de proceder. Más participación. Más democracia. Más compromiso y apertura. Esto supone conceder el máximo espacio a la sociedad civil”.
Prensa Provea
