Ante la presencia del coronavirus (Covid-19) en Venezuela -virus decretado pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- se comenzaron a aplicar una serie de medidas por parte del Estado venezolano que aumentan el riesgo alimentario y nutricional de los venezolanos, sobretodo el de los 9,3 millones que se encuentran en inseguridad alimentaria según un reciente estudio del Programa Mundial de Alimentos.
Cuarentena social y colectiva, cierre de vías y accesos por parte de la Guardia Nacional, cese laboral y de establecimientos comerciales, más el llamado de “quedarse en casa” de Maduro, han derivado en problemas para las personas que dependen de sus trabajos, de su día a día para poder “alimentarse” y enfrentar la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela, sumado a los riesgos de contagio por la poca disponibilidad de servicios básicos como el acceso a agua potable, lo que presenta un escenario de hambre para millones de personas que deben esperar en sus casas mientras la pandemia se controle, sin que sus necesidades básicas sean garantizadas.
En el siguiente texto se presenta la situación actual de los riesgos alimentarios de Venezuela y su estado frente al coronavirus, sumado a la aplicación de medidas que por un lado intentan proteger a los ciudadanos de contraer el virus, pero por el otro ponen en riesgo sus vidas con graves o actuales consecuencias como la incertidumbre sobre la seguridad alimentaria, deterioro de la calidad de la dieta, reducción del consumo de alimentos, hambre, deficiencia de vitaminas y minerales, pérdida de peso en los adultos, desnutrición aguda en los niños, mujeres embarazadas y en período de lactancia, e incremento de las enfermedades y muertes asociadas a la desnutrición.
Mientras el Estado venezolano no tome las medidas necesarias y urgentes que garanticen la seguridad alimentaria de millones de venezolanos frente a esta situación, será imposible enfrentar el coronavirus sin acabar con miles de ciudadanos con problemas nutricionales, niños con fallas de talla y una población desprotegida que requiere atención y ayuda urgente.
Panorama
En el período 2016-2018, 6,8 millones de venezolanos sufrían hambre. Esto ubicó a Venezuela como el país de América Latina y El Caribe con mayor proporción de personas en situación de hambre. (FAO, 2019). Luego, la CEPAL (2019), cataloga a Venezuela como el país con el fenómeno inflacionario más grave en la historia de América Latina y El Caribe.
Para el 2019, Venezuela pasó a formar parte del grupo de 41 países que requieren asistencia alimentaria externa, siendo el único país en América del Sur, y junto a Haití, los únicos en América Latina y El Caribe. (FAO, 2019).
Como consecuencia de la declaración de la emergencia compleja, desde junio de 2019, Naciones Unidas instala su equipo humanitario país, junto a instituciones públicas, organizaciones nacionales e internacionales para ejecutar la primera fase del “Plan de Respuesta Humanitaria”, con presencia en 24 estado del país.
A este panorama, se suma la pandemia del coronavirus “Covid-19” que por las implicaciones que tiene y las medidas asumidas por el gobierno, se convierte en una amenaza más potente que en otros países, considerando la alta vulnerabilidad de la población.
La seguridad alimentaria y nutricional ante la emergencia:
Es de esperar que los efectos de la pandemia y las medidas de preventivas para su propagación generen cambios drásticos y profundos en la seguridad alimentaria y nutricional, afectando la producción, el acceso físico y económico, el consumo de alimentos y la salud de las personas.
Las restricciones en el acceso a insumos en el mercado y el deterioro de los servicios básicos importantes para la producción de alimentos, afectarán los cultivos de ciclo corto y rubros básicos tradicionales, continuando el colapso del sector agrícola.
La escasez de combustible y de insumos para el mantenimiento de los vehículos, así como el exceso de puntos de control en las vías, afectan ya el abastecimiento de los mercados. Esto se traducirá en escasez, incremento del precio de los alimentos, proliferación de mercados no convencionales, intensificación de la hiperinflación, conflictividad social, entre otros.
Las posibilidades de importación de alimentos para suplir el mercado son limitadas por el cierre de fronteras, la crisis financiera, colapso de los medios de transporte, entre otros que afectan al mercado de alimentos.
Los problemas para importar afectarán directamente a la estrategia de atención alimentaria “Cajas CLAP”, a través de la cual una parte de los venezolanos adquiere alimentos subsidiados por el gobierno. A pesar de todos los desajustes que presenta este plan, es la única fuente de alimentos para algunos hogares con alta vulnerabilidad.
El acceso económico a los alimentos se ve mermado por la reducción del ingreso de aquellos hogares que dependen de la economía informal y de empresas afectadas por las medidas de restricción para su funcionamiento. También las personas que dependen de bonos, pensión, y que devengan un salario mínimo, siguen expuestos a situaciones más extremas de inseguridad alimentaria por su bajo poder adquisitivo.
Las fuentes alternativas de alimentos como la ayuda de familiares, amigos, organizaciones locales, entre otros; ha mermado, generando mayor exposición al hambre y mayor conflictividad en el hogar, que ha conducido en muchos casos al desmembramiento familiar como medida de sobrevivencia.
Los medios de vida, como ahorros y bienes, se han agotado debido a su uso como estrategia para proveerse alimentos durante los últimos años. Esto ha obligado a las personas a hacer ajustes en sus hábitos de vida, incluyendo la alimentación que cada vez se ha hecho más precaria en cantidad y calidad.
Los grupos más afectados son aquellos con alta vulnerabilidad biológica y social, incluyendo a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, madres el período de lactancia, adultos mayores y personas con discapacidad. También las personas bajo protección del estado, se han visto vulnerados en sus derechos de protección, al extremo de ser entregados a organizaciones de la sociedad civil para salvar su vida.
La alimentación institucional debería ser una alternativa para proveer asistencia a las personas de alta vulnerabilidad, como en colegios públicos, servicios de salud, casas hogar para adulto mayor, establecimientos para atención psiquiátrica, centros penitenciarios, entre otros donde el servicio de alimentación ya no existe o funciona en precarias condiciones.
El Plan de respuesta humanitaria, que se ejecuta desde junio 2019, no ha tenido el impacto esperado en la seguridad alimentaria y la nutrición, así como en sectores afines a estas. Tampoco se ha hecho oficial los nuevos mecanismos de atención ante la nueva realidad que golpea al país.
Ante las fallas de los mecanismos para proveer alimentos a la población, es importante mencionar los efectos negativos que tiene la inseguridad alimentaria y nutricional en estas.
- El bajo acceso a alimentos que son fuente de energía, como cereales, tubérculos y granos, aceite y azúcar; generan bajo rendimiento físico y mental, afectado la vida cotidiana de las personas, así como su productividad. Al ser alimentos saciadores, ante una baja ingesta, generan “sensación de hambre”, siendo a su vez los alimentos que permiten la conservación del peso corporal.
- Lo anterior apunta a la reincidencia de situaciones de hambre que generan incomodidad a las personas, incrementado la conflictividad social. También la pérdida de peso drásticas por déficit calórico; y no menos importante, la reducción de la productividad de las personas.
- En el niño menor de 5 años es grave el impacto que genera el bajo consumo de alimentos energéticos o calóricos, ya que la pérdida de peso a esta edad se traduce en lo que se denomina “desnutrición aguda”, principal causa de infecciones respiratorias, diarreas, y otros trastornos que pueden conducir a la muerte temprana. Este tipo de desnutrición se ha incrementado en Venezuela, alcanzando umbrales de emergencia en algunos espacios comunitarios.
- La reducción de la disponibilidad de alimentos de origen animal, tiene un efecto negativo en el crecimiento y desarrollo de los niños, así como en el embarazo y la lactancia. Si se suma las precarias condiciones de los servicios de salud en los que se atiende a la madre y al niño, esto implicará empeoramiento la tasa de mortalidad materna e infantil.
- En esta misma línea, también va incrementado la cantidad de niños que no crecen de forma adecuada, y que se van sumando a la lista de niños venezolanos con desnutrición crónica o con retraso en talla. Es decir, que no logran la talla adulta esperada. Esto agrega un riesgo adicional al niño, el de padecer enfermedades cardiometabólicas en la vida adulta, principales causas de mortalidad en Venezuela.
- La baja disponibilidad de frutas y vegetales redunda en el deterioro de la salud cardiovascular de las personas adultas, así como el adecuado manejo de la diabetes. También, ante los efectos de la afección por “coronavirus” se ven mermadas las defensas orgánicas, generando mayores complicaciones clínicas y la mortalidad por esta causa.
- El bajo consumo de alimentos con nutrientes claves como el hierro y el ácido fólico provocan deficiencias de estos en el cuerpo, siendo la anemia su principal consecuencia. Esta condición está asociada con el deterioro del desarrollo cerebral de los niños, con la baja productividad de las personas y es causa de muerte en los niños y la mujer embarazada.
En resumen las consecuencias de la inseguridad alimentaria y nutricional en la población sigue la siguiente ruta: Incertidumbre sobre la seguridad alimentaria, deterioro de la calidad de la dieta, reducción del consumo de alimentos, hambre, deficiencia de vitaminas y minerales (hambre oculta), pérdida de peso en los adultos, desnutrición aguda en los niños, desnutrición de la mujer embarazada y la madre en período de lactancia, incremento de las enfermedades y muertes asociadas a la desnutrición.
Entre las medidas urgentes en materia alimentaria y nutricional están
Asistencia alimentaria a los hogares más vulnerables a la inseguridad alimentaria, con alimentos nacionales e importados. Priorizar adultos mayores, niños, embarazadas, madres lactantes y personas con discapacidad.
Transferencias directas en efectivo a población vulnerables, equivalentes al costo real de la canasta alimentaria normativa en los establecimientos convencionales.
Facilitar el acceso a agua segura, artículos para higiene personal y del hogar, así como activar un plan de saneamiento ambiental para prevenir el contagio por coronavirus, así como otras infecciones asociadas a la alimentación.
Proteger los medios de producción de alimentos básicos y de ciclo corto, así como garantizar las condiciones de mercado de estos para permitir el acceso físico y económico a aquellos ciudadanos que cuenten con recursos para proveerse.
Ofrecer condiciones preferenciales a la comercialización de alimentos fortificados, como la harina de maíz precocida, pastas alimenticias, Lactovisoy; para prevenir la deficiencia de hierro y vitamina A, y prevenir la anemia. Suministrar suplementos de vitaminas y minerales a la población infantil, mujeres embarazadas y madres lactantes.
Dotar a los centros de recuperación nutricional de personal e insumos para la prevención y tratamiento de la desnutrición aguda en niños, mujer embarazada y madres en período de lactancia.
Reactivar comedores institucionales y comunitarios para atender a población con vulnerabilidad biológica, en situación de hambre, y con pocas posibilidades de autoabastecerse.
Articular con el sector privado, así como con las organizaciones de la sociedad civil, ONGs internacionales para el fortalecimiento técnico del plan de atención a la emergencia.
Ampliar las acciones del “Plan de Respuesta Humanitaria”, orientadas a la atención de la seguridad alimentaria, nutrición y salud, así como agua segura, higiene y saneamiento, para la atención de población afectada por la desnutrición aguda, previamente identificada.
La reducción de la producción de alimentos de ciclo corto, así como el mantenimiento de otros rubros básicos, se verán afectados por las restricciones en el acceso a insumos, recursos financieros, transporte, entre otros. La importación así como su distribución hacia los puntos de comercialización de los mismos. Generando desabastecimiento, escasez, incremento de los precios y la proliferación de mercados no convencionales.
Consecuencias
Los cambios bruscos que han ocurrido en los últimos días y las medidas adoptadas por el gobierno nacional, marcan un panorama de incertidumbre ante las posibles alternativas que permitan al venezolano tener acceso a un mínimo de alimentos que le permitan afrontar la situación.
Mientras dure la emergencia, el venezolano debería disponer de alimentos, servicios básicos y todo lo que le permita alimentarse y cuidarse ante esta pandemia mundial. Estas necesidades deben ser cubiertas por el Estado venezolano, quien ha sido el principal impulsor de las medidas, y no puede dejar a la deriva a cientos de venezolanos, esperando que la cuarentena haga todo el trabajo.
La emergencia en salud generada por el fenómeno epidémico del coronavirus “Covid-19″, viene a profundizar el deterioro de la seguridad alimentaria que experimenta el país en los últimos años.
Los efectos de las medidas asumidas por el gobierno nacional para reducir el impacto en la salud de las personas, puede causar daños extremos en materia de seguridad alimentaria y nutricional, en materia de producción, acceso, consumo y aprovechamiento biológico.
La producción de alimentos, ya mermada hasta ahora, queda expuesta por la falta de incentivos y personal que pueda asistir a las plantas o cultivos. Esto ocasionará una baja disponibilidad y acceso a los insumos en el mercado, tanto por el cierre de los establecimientos, como por la poca distribución o las trabas en ella.
Los cambios bruscos derivados de la emergencia ya han generado miedo e incertidumbre en la población por el tema alimenticio. No se puede obligar a no salir de casa mientras millones necesitan hacerlo para buscar comida o dinero necesarios para su día a día, debe garantizarse una respuesta para estas personas.
Una vez más, millones quedan desprotegidos y en riesgo mientras no se toman medidas para garantizar protección alimentaria y de salubridad para Venezuela.
–
Por Yngrid Candela, doctora en Nutrición, docente Investigadora CENDES – UCV.
Introducción y comentarios finales por Óscar Calles, periodista de Provea.
Puede visualizar y descargar el documento para su difusión AQUÍ.
Coronavirus frente inseguridad alimentaria venezuela
