Este jueves, el docente y artista plástico Alcides Bracho, cumple 150 días de arbitraria detención.
El pasado 04 de julio Bracho fue detenido en Caracas por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Los funcionarios policiales que allanaron -sin orden judicial-, su vivienda, no presentaron ningún documento que acreditara la existencia de una investigación u orden de aprehensión en su contra, y actuaron sin la presencia de fiscales del Ministerio Público.
Según denunciaron los familiares de Bracho, los funcionarios del SEBIN actuantes en el operativo habrían hurtado propiedad privada de la vivienda y amedrentado a su esposa e hijos.
Alcides Bracho es docente y artista plástico, desarrolla activismo sindical en el magisterio venezolano a través de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), donde es un permanente promotor y organizador de movilizaciones en defensa de las reivindicaciones salariales del sector. Además, es un militante de larga data en el partido político opositor Bandera Roja.
Persecución contra los trabajadores
Bracho fue el primer detenido en medio de la más reciente razzia represiva ejecutada por el gobierno de Nicolás Maduro, en la que también fueron arrestados los trabajadores y activistas sociales Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Emilio Negrín, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés.
Todas estas personas tienen un elemento en común: son activistas vinculados a las luchas sindicales, y han tenido una destacada participación en las recientes movilizaciones realizadas por trabajadores y empleados públicos a nivel nacional, en rechazo al instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) que afecta las contrataciones colectivas y las escalas salariales, y que ha sido impugnado ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Estas detenciones, se produjeron en un contexto en el que varios dirigentes sindicales del sector público han sido detenidos y/o perseguidos por ejercer sus funciones.
Esta conducta de las autoridades, es contraria a los estándares internacionales e instrumentos nacionales que protegen la labor de defensa de derechos humanos, y está apartada de las recientes recomendaciones del Comité de Expertos de la OIT sobre Venezuela, que recomendó al Estado venezolano: “el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro vinculadas a la actividad sindical”, y “ la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones”.
Pese a este llamado, el Tribunal Especial Cuarto de Primera Instancia con competencia en terrorismo, declaró con lugar la solicitud del Ministerio Público y ratificó la medida de privación de libertad para los sindicalistas.
Alcides Bracho, permanece detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, al noreste de Caracas y el resto de trabajadores en un centro de detención del mismo organismo policial ubicado en La Yaguara, al noroeste de Caracas.
Sus familiares deben afrontar a diario cuantiosos gastos, dificultades e incertidumbre, que suponen la prisión en la Venezuela de Maduro, ya que el sistema de justicia venezolano, se ha convertido en una desalentadora maquinaria para las víctimas y en un perpetuador de la impunidad.
En 2021 la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, mandatada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dijo sobre el poder judicial venezolano: “ en lugar de actuar como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ofrecer protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ha facilitado su comisión y ha contribuido a la impunidad”.
El 13 de septiembre de este año, las Relatorías Especiales de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, enviaron una comunicación al Estado venezolano, en la que expresaron su preocupación y solicitaron información al Ejecutivo nacional debido a los alegatos de «[…] amenazas, hostigamientos, vigilancia y detenciones arbitrarias en contra de los señores Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés, quienes habrían sido objeto de las citadas violaciones por su labor de promoción y tutela de los derechos humanos, en particular en la defensa de derechos laborales y sociales» .
«[…] lamentamos que, de ser verdad dichas alegaciones, estas formarían parte de un contexto de gran hostilidad hacia los defensores de derechos humanos en el país. De manera particular nos preocupa que las personas mencionadas en esta comunicación estén siendo procesadas por crímenes tipificados como terroristas o atentatorios a la seguridad nacional en virtud de (delitos tipificados en) la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo», señalaron ambas Relatorías.
Unidos por la libertad
Los familiares y amigos de Bracho y el resto de los trabajadores detenidos, conformaron un comité de víctimas para luchar por la libertad de estos activistas y de todos las personas privadas de libertad por razones políticas.
El pasado 26 de noviembre realizaron un multitudinario acto cultural en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, en el que, junto a otros familiares de detenidos, artistas, y organizaciones de la sociedad civil, lanzaron la campaña «Navidad sin presos políticos», para exigir la libertad plena de los presos políticos, en medio del diálogo que celebran gobierno y oposición en México.
Allí, las esposas, hijos y demás familiares de los trabajadores Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés, rechazaron el proceso judicial que se sigue contra estos activistas y expresaron su anhelo de verlos en libertad.
Prensa Provea
