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A propósito de la presentación del Informe Temático de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Pobreza y Derechos Humanos en América, divulgado este martes por el órgano hemisférico, Provea recuerda que el Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central de Venezuela, siguen de espaldas a la Constitución Nacional vigente, al no difundir cifras oficiales sobre pobreza e indicadores socio económicos, lo cual erosiona las garantías para los derechos a la información, participación y contraloría social, previstos en la Carta Magna de 1999.

La propia CIDH ha recomendado al Estado venezolano “garantizar el derecho efectivo de acceso a la información en poder del Estado con el fin de promover la transparencia de la gestión pública y afianzar la democracia”. En el más reciente informe sobre pobreza en el continente, el Estado venezolano no aportó ningún dato al órgano sobre la situación en nuestro país en esta materia.

En septiembre de 2016 el INE publicó la última cifra oficial que se conoce sobre hogares en situación de pobreza por Línea de Ingreso (LI) correspondiente al primer semestre de 2015, en la que se admitió un incremento de la pobreza en Venezuela  que sitúa en 33,1% el porcentaje de hogares pobres. 2.434.035 hogares venezolanos se encontraban en situación de pobreza hasta junio de 2015 según la información suministrada por el INE, cuyo reporte se publicó con año y medio de retraso. De acuerdo a la data oficial, entre enero de 2013 y junio de 2015, 950.771 hogares ingresaron a la línea de pobreza por ingreso. La cifra indicó que en promedio 12.170.175 venezolanos se encontraban en condición de pobreza hasta el primer semestre del 2015, esto abarcaba al 39,7% de la población.

De acuerdo a los Principios Rectores sobre la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas mediante la resolución 21/11, aprobada en septiembre de 2012, los Estados están llamados a crear un entorno propicio que facilite y promueva la capacidad de las personas, las organizaciones de base comunitaria, los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales de combatir la pobreza y empoderar a las personas afectadas por ella para que reivindiquen sus derechos. Ello incluye poder contar con la información oficial sobre los avances, estancamientos y retrocesos en materia de lucha contra la pobreza, con el objetivo de poder generar consensos sobre la forma de aplicar las normas de derechos humanos en los esfuerzos por combatir la pobreza.

Mientras más posibilidades se brinden para que los ciudadanos y las organizaciones sociales accedan a la información pública, más oportunidades tendrán estos de proponer y exigir políticas y medidas para elevar la eficacia de la acción del Estado. Si se obstaculiza el acceso a la información oficial, se niega a los ciudadanos el derecho a la contraloría social y se cierra la posibilidad de promover consensos para avanzar en la solución de los graves problemas que atraviesa el país, como el alarmante aumento de los niveles de pobreza y los importantes retrocesos en materia de derechos sociales que mantienen  al país en una situación de Emergencia Humanitaria Compleja.


Prensa Provea