Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el “Informe sobre pobreza y derechos humanos en América”, el primer informe temático en abordar esta materia.
En la última década se lograron importantes avances en la región en materia de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales (DESCA), que permitieron a grandes sectores de la población salir de la pobreza y la pobreza extrema. Sin embargo, estos logros se encuentran hoy en riesgo de retroceso. A través de este informe, la Comisión Interamericana busca contribuir a los esfuerzos para reducir y erradicar la pobreza en América, con recomendaciones orientadas a mejorar y fortalecer la legislación, las políticas y acciones de los Estados a fin de garantizar que los derechos humanos de las personas que viven en la pobreza sean debidamente respetados y protegidos.
La CIDH observa con preocupación que la persistente situación de pobreza y pobreza extrema en los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se traduce en graves obstáculos para el goce efectivo de los derechos humanos. La CIDH ha constatado en sus visitas a países que las personas que viven en la pobreza enfrentan obstáculos geográficos, económicos, culturales y sociales para ejercer sus derechos.
En muchas regiones, las personas en situación de pobreza, viven alejadas de los lugares de trabajo, de las plazas comunales, de los mercados y se les dificulta el acceso a los servicios públicos, tales como agua potable, saneamiento, red de energía, centros de salud, escuelas y a las instituciones que prestan servicios sociales. Asimismo, en ocasiones, se ven expuestas a recorrer largas distancias y transitar por caminos, infraestructuras y carreteras en mal estado, poniendo en peligro su propia vida.
Estos obstáculos que enfrentan cotidianamente las personas, grupos y colectividades que viven en situación de pobreza se amalgaman entre sí, generando condiciones de trabajo degradantes y peligrosas, viviendas insalubres, alimentación inadecuada, riesgo a sufrir enfermedades, exposición a la violencia, acceso desigual a la justicia, y baja o ninguna participación en los procesos de toma de decisiones pertinentes a su condición.
Esta situación afecta particularmente a grupos históricamente discriminados, tales como las mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes, migrantes, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, población LGBTI y personas mayores. La CIDH urge a los Estados considerar los factores de riesgo que enfrentan estas personas y desarrollar políticas sociales para responder y remediar su situación de pobreza, así como enfrentar activamente las múltiples formas de discriminación que han sufrido históricamente.
Los Estados tienen la obligación de adoptar pasos deliberados, concretos y orientados a cumplirlas para avanzar en la erradicación de la pobreza en América. Deben abordar la problemática de la pobreza desde un enfoque de derechos humanos, desarrollando estrategias para garantizar los derechos al trabajo digno, salud, alimentación, vivienda, y educación, garantizando el empoderamiento económico y social de las personas que viven en pobreza. Deben asimismo posibilitar la participación de las personas que viven en situación de pobreza, tomando en cuenta sus experiencias y perspectivas.
La CIDH y la Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) reafirman su compromiso de colaborar con los Estados americanos en la elaboración e implementación de políticas públicas con enfoque en derechos humanos para garantizar una vida digna a las personas que viven en la pobreza y lograr progresivamente la plena erradicación de la pobreza en el hemisferio.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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