Naciones Unidas designó el primer lunes de octubre de cada año como “Día Mundial del Hábitat” para promover la discusión sobre el estado de pueblos y ciudades, así como el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. El Día Mundial del Hábitat se celebrará este 2020 en medio de una situación extraordinaria: la pandemia global de Covid-19. En el caso venezolano, el Coronavirus ha evidenciado la ausencia de una verdadera política pública, eficiente e inclusiva, para garantizar el derecho a la vivienda. Los venezolanos deben mantener las medidas de cuarentena y distanciamiento social en casas inseguras, lo cual repercute en la evolución de la enfermedad en el país. A pesar de la emergencia humanitaria compleja, Venezuela ha sido excluida del plan de respuesta mundial de ONU Hábitat al Coronavirus.
Leilani Farha, relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, afirmó en marzo del 2020, cuando las medidas de Cuarentena contra el Coronavirus ya eran globales: “La vivienda se ha convertido en la defensa de primera línea contra el coronavirus. El hogar nunca antes había sido una cuestión de vida o muerte”. Aunque el derecho a la vivienda tiene en Venezuela rango constitucional, la situación generada por el Coronavirus ha revelado entre nosotros el incumplimiento de los diferentes componentes del derecho a la vivienda contemplados en la Carta Magna: “Adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias”. La llamada “Gran Misión Vivienda Venezuela” se ha reducido al esfuerzo cuantitativista, basado en la cantidad de casas construidas por año, cuyos resultados divulgados no tienen correspondencia con la realidad, impiden la contraloría de la sociedad sobre la gestión pública y dejan por fuera otros elementos imprescindibles para la satisfacción del derecho a una vivienda adecuada.
Más vulnerables al coronavirus
Según la agencia de Naciones Unidas para los asentamientos informales, UN-Hábitat, las medidas promovidas sobre Cuarentena son imposibles en áreas densamente pobladas con agua y saneamiento inadecuados, poca o ninguna gestión de residuos, transporte público irregular y acceso limitado a instalaciones formales de atención médica. Esta es la realidad para la mayoría de la población venezolana, afectada por una Emergencia Humanitaria Compleja, que ha comprometido seriamente su calidad de vida.
El deterioro de las condiciones de ciudades y pueblos en Venezuela ha aumentado las diferentes vulnerabilidades asociadas a la pandemia: Vulnerabilidad epidemiológica (condiciones de vida prexistentes), vulnerabilidad de transmisión (capacidad de realizar de modo efectivo el distanciamiento social y la infraestructura de higiene existente), la vulnerabilidad del sistema de salud (capacidad de atender en cuidados intensivos) y la vulnerabilidad de las medidas de control (fallos derivados de las medidas de protección social).
La discusión internacional coincide en que dos estrategias para el abordaje de la pandemia, vinculado a mejorar las condiciones de vivienda y hábitat de la población: 1) un eficiente manejo de la información y 2) la mayor participación posible de las comunidades y la sociedad civil. En Venezuela ninguna de estas dos posibilidades se cumple. La erosión de la institucionalidad democrática ha estimulado una respuesta unilateral por parte del poder Ejecutivo, basado en el aumento de los mecanismos de control y el incremento de los niveles de censura y autocensura. La opacidad de la gestión pública ha llegado a un nuevo nivel durante el llamado “estado de alarma”, donde se persiguen y criminalizan la difusión de proyecciones no estatales sobre la evolución de la enfermedad en el país. Los datos oficiales, con importantes niveles de subregistro, no reflejan la realidad del Covid-19 en Venezuela.
Según el informe “Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación” publicado por la CEPAL, en toda la región hay experiencias de cómo el sector construcción realiza aportes para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, en Colombia, cuatro empresas unieron sus conocimientos y experiencia para crear un prototipo de estructura hospitalaria hecha en PVC y metal. En Argentina Ternium despachó más de 270 toneladas de acero para la fabricación de hospitales modulares. Esta sinergia es impensable en la Venezuela actual, en la que el gobierno entiende al Coronavirus no como una emergencia sanitaria, sino como un enemigo político que puede ser derrotado mediante una respuesta de naturaleza militar.
Vivienda como propaganda de Estado
Según declaraciones oficiales durante el año 2019 se habrían construido medio millón de viviendas en el país, una cifra extraordinaria tomando en cuenta el contexto de severa crisis económica, escasez de materiales y alto nivel de desempleo en el sector construcción. Luego de un examen de medios oficiales, que incluyó el sitio web del Ministerio de Vivienda, Provea sólo pudo corroborar la construcción de 4.820 unidades habitacionales. La disparidad entre las cifras, y la divulgación sistemática de resultados irreales ha sido calificado por Provea como “mitomanía de Estado”.
Provea ha insistido que las políticas públicas en materia de vivienda –y en particular la GMVV– deben superar el enfoque cuantitativista y viviendista, sustituyéndolo por una visión sustentable de producción del hábitat como un proceso participativo e integral. Este disfrute implica alcanzar gradualmente el equilibrio territorial, la incorporación de la población a la producción dentro de los planes de desarrollo de la nación, la participación social en los procesos de conformación del hábitat como proceso de conformación cultural, la adecuación e invulnerabilidad de los asentamientos por eventos naturales, la cobertura de equipamiento comunitario e infraestructura de servicios, así como la calidad ambiental de seguridad estructural y de condiciones higiénicas de la vivienda. Esta visión existía, por lo menos teóricamente, durante los primeros años de gobierno de Hugo Chávez, pero fue progresivamente abandonada.
Además de ser ineficaz, la política viviendista de Nicolás Maduro genera nuevas exclusiones. Durante el año 2018 el portal Runrunes difundió una investigación realizada sobre la GMVV, en la que cuantificó que el 90% tenía deficiencias en el sistema de recolección de basura; el 67% del transporte que comunica a los urbanismos con el resto de la ciudad era precario: el 71% no cuentan con equipamiento educativo; el 62% no contaba con centros de salud; el 91% no tenía instalaciones para actividades culturales y en el 48% no había instalaciones para prácticas deportivas. Las filtraciones y humedad en paredes y techos estaban presentes en el 90% de las viviendas visitadas. Sobre los servicios públicos el 71% poseía servicio de agua, el 48% servicio de gas doméstico, el 43% telefonía fija de Cantv.
La prestación de servicios públicos en los últimos meses ha continuado privilegiando a la región capital en detrimento de las regiones. Según la organización Promedehum durante el mes de agosto parroquias del estado Mérida tuvieron cortes no programados de luz durante todos los días. En la Parroquia Lasso de La Vega, por ejemplo, tuvieron 178 horas sin servicio eléctrico, mientras en la Parroquia Spinetti Dini duraron 152 horas y 30 minutos sin luz. En el estado Lara el grupo Activos por la Luz realiza un monitoreo semanal de los sectores más perjudicados por los cortes no programados de energía eléctrica. Para la semana del 7 al 13 de septiembre de 2020 el sector Obelisco, Sota Vento tuvo 18,28 horas sin luz, con cortes de hasta 5 horas. En segundo lugar, se ubicó la Avenida Ribereña con 14,83 horas sin electricidad y el área de Santos Borgel, La Hacienda, La Pastoreña, Las Mercedes, Atapaima, Almariera y Yacural tuvieron 12,05 horas sin luz. En el caso del estado Zulia, la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ) la crisis de prestación de servicios en la región sigue siendo crónica: “el limitado acceso al agua en el Zulia se agrava por la crisis eléctrica. Los zulianos se ven obligados a buscar y acarrear agua desde tomas ubicadas en calles, plazas o cañadas, o comprar agua suministrada por camiones cisternas a precios pagados en dólares”.
La ausencia de una verdadera política habitacional fue señalada en el año 2015 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. En los resultados del examen realizado el Estado venezolano sobre los niveles de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Comité expresó su preocupación sobre “la persistencia de asentamientos informales y el persistente déficit de vivienda en el Estado parte, así como la información sobre las deficiencias de las viviendas construidas y el deterioro del medio urbano”. En ese momento las recomendaciones realizadas al Estado venezolano incluían la adopción de una estrategia integral de vivienda social basada en el derecho de toda persona a una vivienda adecuada y asequible, así como normas bien definidas de calidad y habitabilidad. Además, sugirió que no incurriera en discriminación o segregación por opiniones políticas y que tuviera un marco de rendición de cuentas. Finalmente, que se tomara en cuenta la disponibilidad y acceso a servicios básicos adecuados tales como agua, saneamiento y electricidad, así como la disponibilidad de instalaciones y servicios que faciliten el uso del transporte público y promuevan un consumo energético razonable.
Insuficiente adaptación al Covid-19
Según la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, las políticas bajo el Covid-19 deben enfocarse en dos grupos de población: 1) los que viven en refugios de emergencia, las personas sin hogar y que viven en asentamientos informales, y 2) los que se enfrentan a la pérdida de empleos y dificultades económicas que podrían resultar en atrasos y desalojos de hipotecas y alquileres.
En el año 2017 las investigadores Tibisay Ramírez y Carol Guevara, de la Cámara Venezolana de la Construcción, estimaron que el déficit funcional en el país de quienes no poseen vivienda y conviven “arrimadas” en casas de familiares o compartiendo con otros grupos, usualmente en condiciones de hacinamiento, era de 1.285.937 familias. Para este sector de la población Farha sugiere un abanico de medidas: “Cesar todos los desalojos; proporcionar viviendas de emergencia con servicios para aquellos afectados por el virus y que deben guardar cuarentena; asegurar que la aplicación de medidas de contención (por ejemplo: toques de queda) no conduzca al castigo de nadie en función de su estado de vivienda; proporcionar igualdad de acceso a pruebas y atención médica; y proporcionar viviendas adecuadas que puedan requerir la implementación de medidas extraordinarias según corresponda en un estado de emergencia, incluido el uso de unidades vacantes y abandonadas y alquileres disponibles a corto plazo”.
Al respecto, el Ejecutivo ha tomado algunas medidas parciales. El 24 de marzo se prohibieron los desalojos forzosos, tanto de viviendas principales como de comercios arrendados durante seis meses, medida que luego fue prorrogada.
Sobre el sector de la población que estaría perdiendo empleos o disminuyendo sus ingresos, la relatora de la ONU sugiere proporcionar asistencia financiera directa o diferir los pagos de alquiler e hipoteca; promulgar una moratoria sobre los desalojos por mora; introducir medidas de estabilización o reducción de alquileres; y, al menos durante la pandemia, suspender los costos y recargos de los servicios públicos.
El gobierno anunció el 23 de marzo el decreto 4.169 en el que se suspende los pagos de alquileres tanto de uso comercial como aquellos utilizados como vivienda principal. La ONG Acceso a la Justicia solicitó que medidas similares de compensación, como demoras en pago de impuestos o exoneraciones, fueran aplicadas también a los arrendatarios, en especial los pequeños “cuya subsistencia depende del cobro de alquileres de viviendas o locales comerciales”. Una decisión complementaria fue la de impedir el corte de los servicios de telecomunicaciones: cable, televisoras, telefonía o cualquier medio de comunicación familiar. El gobierno ha venido distribuyendo una serie de bonificaciones adicionales al salario a través del llamado “Sistema patria”, un beneficio que no es universal, por lo que no incluye a todas las personas que han visto disminuidos sus ingresos por la pandemia.
Las políticas de adaptación al Covid-19 realizadas por el Ministerio de Vivienda son superficiales y se basan en la apariencia de normalidad en mantener un supuesto ritmo de entrega de viviendas durante el año, que fueron estimadas el 28 de mayo, en plena pandemia, en una cifra de 400.000 casas. Desde el inicio del estado de alarma, hasta el 28 de septiembre, el sitio web del Minvih ha publicado un total de 57 noticias. 35 de estas notas periodísticas, el 61% eran sobre la GMVV, mientras que 15 de los artículos (26%), eran sobre acciones sobre el Covid-19. De estas, 8 trataban sobre jornadas de desinfección, limpieza y embellecimiento realizado en un urbanismo en particular y 2 sobre las jornadas de flexibilización. Según las notas del sitio web de Minvih durante el estado de alarma se habrían entregado un total de 566 viviendas. Sólo 17 de las notas (29%) corresponden a informaciones de fuera de Caracas.
La actuación superficial y cosmética del Ministerio de Vivienda venezolano contrasta con las políticas de adaptación a la pandemia implementadas por sus homólogos en la región. En el caso del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, este ente ha realizado un importante liderazgo institucional en la respuesta al Covid-19. Entre la diversidad de inciativas se encuentran los créditos Findeter dirigidos a las empresas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; Tratamiento de residuos sólidos en el marco de la emergencia por Covid-19 con acciones para diferir el pago de los hogares, el lavado y desinfección de espacios públicos de alta concurrencia, aumento de subsidios, mantenimiento de los servicios, protocolos de bioseguridad, protección de sectores vulnerables y campañas de concientización; soluciones alternativas de suministro de agua para comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, palenqueras y campesinas y, finalmente, lineamientos preventivos y de mitigación para el sector de la construcción de edificaciones y su cadena de suministros. Comparativamente el Ministerio colombiano generó 142 noticias, casi el triple que su par venezolano, durante la situación de Cuarentena.
Venezuela excluida del plan de acción de ONU Hábitat
Venezuela no se encuentra en la lista de 16 países latinoamericanos seleccionados como beneficiarios del plan de acción Covid-19 de ONU-Hábitat.
Esta agencia de Naciones Unidas ha construido una política para enfrentar al Coronavirus en base a los siguientes principios de compromiso:
– Apoyar las respuestas de COVID-19 relevantes para las zonas urbanas y los asentamientos humanos, se prepara para el impacto y responde a brotes en asentamientos informales y barrios marginales, manteniendo una visión de recuperación e impacto a más largo plazo.
– Proporcionar y movilizar el máximo apoyo a los gobiernos y comunidades regionales y locales como responsables de primera línea.
– Contribuir a una respuesta coordinada más amplia creando alianzas estratégicas mundiales y regionales, movilizando su experiencia para apoyar a las agencias clave de las Naciones Unidas y otras partes interesadas, aprovechando aún más nuestras funciones de promoción y asesoramiento.
– Maximizar el potencial de reorientar o ampliar los programas y proyectos existentes para lograr un impacto directo y tangible. Identificar nuevas áreas de compromiso en coordinación con otras agencias de la ONU, gobiernos locales y socios clave, lo que conducirá a resultados medibles.
– Participar sistemáticamente en el monitoreo y el aprendizaje, para garantizar que el conocimiento sobre cómo las respuestas anteriores han contribuido a una mayor resiliencia se integren completamente en las decisiones relacionadas con la crisis actual.
Desconocemos las razones por las cuales Venezuela ha sido excluida de este abordaje. El pasado 2 de mayo 121 organizaciones sociales y de derechos humanos del país remitieron una comunicación a ONU Hábitat para conocer los motivos de la exclusión. Dicha comunicación, a pesar de haberse remitido por diferentes canales institucionales, no obtuvo respuesta.
