Un nuevo reporte publicado esta semana por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), advierte que habrá un fuerte impacto en los sistemas de salud de la región, como consecuencia de la pandemia Covid-19 y debido a que la mayoría de los países no han invertido lo suficiente en el sector. 

El informe titulado Coyuntura, escenarios y proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis de la COVID-19 analiza los escenarios post-Covid-19 en la dimensión económica y social, advirtiendo que incluso antes de la aparición de la pandemia, “[…] la situación social en América Latina y el Caribe se estaba deteriorando”, debido al aumento de los indices de pobreza y pobreza extrema, el aumento de las desigualdades y el descontento de la población ante las políticas y medidas de los gobiernos. “En ese contexto, la crisis tendrá repercusiones negativas en la salud y la educación, así como en el empleo y la pobreza”, ha dicho el órgano.

La CEPAL indicó que los sistemas de salud de América Latina y El Caribe se caracterizan por ser débiles, fragmentados e incapaces de garantizar el acceso universal necesario para hacer frente al COVID-19. “Los sistemas permanecen segregados y claramente desiguales al ofrecer servicios de distinta calidad a diferentes grupos poblacionales”, destaca el reporte. Para 2018 el gasto público en salud en la región se situó en 2,2% del PIB regional, muy distante del 6% del PIB recomendado por la Organización Panamericana de la Salud para garantizar la cobertura universal del derecho. 

El reporte de la CEPAL advierte también sobre la insuficiencia de las las instalaciones hospitalarias en la región. El órgano afirma que para 2018, apenas siete países de América Latina y El Caribe contaban con más camas de hospital por cada 1.000 personas que el promedio mundial. Para ese año, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, respectivamente, eran los países del sub-continente con la menor cantidad de camas de hospital disponibles, una situación de abandono y desinversión que -al menos en nuestro país-, se agudizó durante 2019 y sigue empeorando en 2020.

En materia de gasto público en salud, Venezuela no sobrepasó 1,5% del PIB hasta 2015 -último año en el que hubo información pública oficial-, situándose muy por debajo del promedio regional de 2,2% y aún más lejos del 6% recomendado por la OPS.

Venezuela sin capacidades sanitarias

En Venezuela al menos 60% de las capacidades de atención médica disponibles en 2018, prestada por centros de salud públicos a 82% de la población usuaria, se perdieron. De acuerdo con la documentación del Reporte Nacional sobre el Derecho a la Salud en la Emergencia Humanitaria Compleja de Venezuela, elaborado por 12 organizaciones de la sociedad civil venezolana, incluyendo Provea, en esa extensa destrucción, los pocos centros de salud que todavía funcionan tampoco pudieron garantizar en 2018 una mínima atención adecuada debido a las profundas deficiencias que presentan.

En la información registrada por Provea para su Informe Anual 2018, se contabilizó un total de 16.186 denuncias de violación del derecho a la salud en el sistema sanitario público, incrementándose en 67,5% respecto de las 9.662 de 2017, concentradas en la pérdida de personal de salud, insumos y medicinas, ambulancias y presupuesto. El período registró una tendencia más acentuada de graves fallas y limitaciones en los pocos servicios disponibles para prestar una atención médica apropiada.

También, desde 2016, se acentuó la tendencia en la cual los pocos servicios disponibles mostraron graves limitaciones para prestar una atención médica apropiada. En 2018 aumentaron de manera más severa los problemas en la disponibilidad de insumos, medicinas y vacunas (134%); personal de enfermería (129%) y equipos médicos (129%); así como se incrementaron las denuncias por el deterioro de la infraestructura y de las morgues (110%) y las fallas eléctricas (100%).

En noviembre de 2018, con información de los 40 hospitales públicos tipo III y IV de mayor importancia en los 24 estados del país, la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) de la ONG Médicos por la Salud reportó que 33% de las camas estaban inoperativas, 43% de los servicios de diagnóstico habían cerrado y 51% de los servicios de Rayos X no funcionaba, al igual que 42% de los servicios de Ecografía. En 95% de estos hospitales tampoco contaban con equipos de Tomografía y Resonancia Magnética (TAC).

A ello se sumaron los cortes eléctricos y las interrupciones en el servicio de agua potable, que hicieron más crítica la situación de los hospitales durante 2018 y 2019.

Las advertencias del ACNUDH

En julio pasado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela que las “Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”. 

El incumplimiento de dichas obligaciones y la respuesta autoritaria del gobierno de facto ante la crisis generada por la pandemia actual, propician un panorama aún más adverso para las garantías del derecho a la salud en Venezuela en un escenario post-Covid19.


Prensa Provea