El pasado 04 de noviembre, tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) murieron y 10 resultaron heridos luego de sostener un enfrentamiento con grupos armados irregulares -presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia-, en la población de Picantonal, estado Amazonas, a escasos minutos de la ciudad de Puerto Ayacucho, capital de la entidad.
A propósito de estos hechos, Provea recuerda que la presencia de agrupaciones irregulares armadas en los estados Amazonas y Bolívar, ha sido denunciada al menos desde el año 2013, sin que el Estado venezolano haya actuado diligentemente para abordar dicha situación. Precisamente, entre junio y diciembre de 2013, representantes de la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (OIPUS), acudieron en dos ocasiones a la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo y Asamblea Nacional, para denunciar la presencia de mineros ilegales; transnacionales mineras y grupos guerrilleros de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en territorios indígenas venezolanos, y la afectación que estos grupos hacen a la vida y costumbres de los pueblos Wottuja y Jivi en la cuenca del Sipapo.
En mayo de 2013, las comunidades indígenas que habitan las cuencas de los ríos Sipapo, Cuao, Autana, Guayapo y Orinoco Medio, dirigieron una comunicación a la representación de la FARC-EP que hacía presencia en sus territorios, con el objetivo de manifestarles su desacuerdo con dicha presencia toda vez que según la cosmovisión y la cultura de estos pueblos ancestrales, el hábitat que vienen ocupando desde hace milenios, esta siendo amenazado por la actividad minera que, según afirmaron, es protegida por la propia guerrilla. Los líderes indígenas comentaron que la Asamblea Nacional se comprometió a brindarles un derecho de palabra ante la Comisión de Pueblos Indígenas del Parlamento, para atender la situación. Dicho ofrecimiento nunca se concretó.
Luego de los sucesos conocidos como la Masacre de Tumeremo, ocurrida en marzo de 2016 Provea exigió a las autoridades tomar medidas efectivas para erradicar y sancionar la actuación de grupos armados involucrados en actividades extractivas o de otra índole. En dicha ocasión Nicolás Maduro señaló como autores de la masacre a una banda de paramilitares, integrados por personas de nacionalidad colombiana, una declaración que se repite ahora en voz de Vladimir Padrino López, quien afirmó que los responsables de la muerte de los 3 GNB en Picantonal, son miembros de agrupaciones paramilitares.
Como han manifestado insistentemente las organizaciones indígenas del estado Amazonas, no solamente grupos paramilitares estarían involucrados en la extracción y distribución ilegal de minerales, sino también organizaciones guerrilleras. Las organizaciones indígenas han entregado denuncias a diferentes instancias de gobierno regional y nacional, incluyendo a la propia Fuerza Armada, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Vicepresidencia de la República, y hasta el día de hoy no han tenido respuesta efectiva a sus preocupaciones. En diciembre del 2014 la Organización de Mujeres Indígenas de Autana (OMIDA), afirmó en un comunicado que “La presencia de grupos armados no estatales, que se auto-identifican como integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representa una amenaza para la vida, autodeterminación y Derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Amazonas, circunstancia que afecta, con mayor contundencia, a las Mujeres Indígenas”. Diferentes denuncias elevadas a las autoridades, cuyas copias reposan en los archivos de Provea, han alertado sobre la potencial ocurrencia de hechos de violencia contra las comunidades. A pesar de las reiteradas comunicaciones y reuniones, la actuación de estos grupos irregulares ha continuado hasta hoy. Igualmente hay que recordar que, en dos oportunidades, comunidades indígenas del estado Bolívar han neutralizado a integrantes de la Fuerza Armada realizando minería ilegal de manera directa, y han denunciado su complicidad con grupos irregulares que se movilizan por los territorios donde se practica.
El desmantelamiento de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en el país, ha tenido consecuencias especialmente dramáticas para las poblaciones de los estados Bolívar y Amazonas. La creación en 2016 del llamado Arco Minero del Orinoco, ha traído consigo la proliferación de las actividades mineras a gran escala, con la consecuente afectación al medio ambiente y a los territorios indígenas; y las recientes disputas entre agrupaciones irregulares y agentes del Estado por el control del territorio y la dirección de las economías criminales que se sostienen de la riqueza del subsuelo. El Estado abandonó sus responsabilidades en estas zonas fronterizas y ricas en recursos minerales y el territorio ha sido penetrado por economías criminales de todo tipo, dejando en medio de la confrontación por el control territorial, a cientos de miles de pobladores en condición de vulnerabilidad y sin posibilidades de obtener respuestas y asistencia institucional por parte del Estado.
Los nuevos hechos de violencia ocurridos en Amazonas ratifican el incumplimiento del Estado venezolano del acuerdo amistoso celebrado en el marco de los sucesos conocidos como la Masacre de Haximú, en el que se comprometió a garantizar la protección de los territorios indígenas, ante la actuación de actores irregulares que generen riesgos, especialmente al pueblo Yanomami. Es necesario desarrollar una política integral que atienda el problema socioeconómico de las personas que practican minería en pequeña escala, garantice la preservación del hábitat de los pueblos indígenas y sus derechos, y la soberanía territorial mediante el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado y la realización de planes de seguridad con enfoque de derechos humanos. Esa será una tarea de primer orden en un escenario de retorno de la democracia y el Estado de Derecho en el país.
Prensa Provea
