Desireé González Morea | Investigadora Derecho a la Seguridad Social, Informe Anual de Provea. Envejecer en Venezuela es uno de los desafíos más cuesta arriba para cualquier ciudadano, la adultez mayor es una de las etapas con mayores vulneraciones en el ciclo de la vida en el país. Con un panorama desolador marcado por un Sistema de Seguridad Social inexistente, decrecimiento del Índice Global de Desarrollo Humano, inflación, precarización de servicios públicos, entre otros factores, los adultos mayores se enfrentan a un conjunto de dificultades que incrementan la desigualdad en donde soñaron con retirarse y descansar.
En América Latina y el Caribe, el deterioro de la cobertura de la protección social ha dejado a un 34,5 % de las personas mayores de 65 años sin ningún tipo de ingresos ni pensiones, lo que agrava su vulnerabilidad, según el Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe, de la Organización Internacional del Trabajo.
En el más reciente Informe Anual de Provea, advertimos que, bajo el matiz de un leve signo de recuperación económica, la desigualdad y exclusión son dos condiciones que han agravado la situación de pobreza en el país. El Programa Mundial de Alimentos reportó que, a pesar de que algunas mejoras económicas habían ayudado a frenar la hiperinflación, la situación de seguridad alimentaria en Venezuela seguía siendo “inquietante”.
Ahondando un poco más en el ámbito económico, para el 2023, el gasto social para el sector de protección y seguridad social es de 13.273 millones de Bs. (763 millones de USD), lo que equivale a un 7,82 % del presupuesto total, según datos del Análisis de la Ley de Presupuesto Nacional 2023 de Transparencia Venezuela.
Lo anterior se ve reflejado en un aspecto debatido y exigido por los pensionados en los últimos años y es el monto de la pensión que, desde 1995, ha estado homologada al salario mínimo, de acuerdo con la Ley de Homologación de las Pensiones del Seguro Social y de las Jubilaciones y Pensiones de la Administración Pública al Salario Mínimo Nacional.
En lo referente a las pensiones otorgadas por el programa social Gran Misión en Amor Mayor Venezuela (Gmamv), fueron entregadas 235.834, comparando el número de beneficiarios de 2021 con respecto a 2022, se tiene una disminución de 14.701, generando la destrucción de cualquier posibilidad de ahorro o plan de retiro de lo que fue la Población Económicamente Activa, acelerando el empobrecimiento de los ciudadanos.
Ausencia de seguridad social
El gobierno de Nicolás Maduro se ha enfocado en medidas asistencialistas como los bonos y programas sociales, y en jornadas que se realizan en algunas comunidades. En la actualidad, no existe una política de protección social con enfoque en derechos humanos que garantice un nivel de vida digno a grupos priorizados.
Son los programas de protección social instrumentos vitales para impulsar a las personas más desfavorecidas, estos les permiten mantenerse saludables, atendidas y optar a oportunidades para superar la pobreza.
Mientras la pensión mensual siga anclada a un salario mínimo de hambre de 130 Bs. ($4.9 sin bonos excluyentes) los adultos mayores de Venezuela seguirán condenados a la línea de pobreza extrema que dicta el Banco Mundial de $64,5 mensuales, lo que se traduce en condiciones de vida indignas y riesgo de muerte por hambre o falta de control médico. Sin olvidar la ausencia que se vive en la garantía de los derechos sociales.
Desde Provea sugerimos la necesidad de implementar esquemas de funcionamiento, presupuesto y operaciones estructuradas para transformar las realidades de los adultos mayores, así como promover acciones de diversos asuntos como pensiones y jubilaciones, salud, alimentación, justicia, vivienda, entre otros derechos.
Los adultos mayores también son beneficiados de las acciones humanitarias, no se debe criminalizar la cooperación internacional en tiempos donde más se necesita.
Es necesario involucrar a diversos actores de la sociedad civil en la concertación de proyectos enmarcados en la garantía y disfrute de derechos, monitoreo y rendición de cuentas que incidan sustancialmente en un nivel de vida digno de los adultos mayores en el país.
Desireé González Morea | Investigadora Derecho a la Seguridad Social, Informe Anual de Provea.
