El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) inicia una extensa campaña llamada #RescatemosLaDemocracia donde a lo largo de dos semanas y con la mira a un cierre el 23 de julio en Caracas desde la Universidad Central de Venezuela, se busca imaginar lo posible de vivir una democracia en el país, resaltar que solo con la vuelta de la institucionalidad y el Estado de derecho, la nación y la población podrán exigir el pleno respeto a sus derechos humanos, como el derecho a la alimentación, salud, vida, libertad y más.

Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja, producto de una crisis política y social sin precedentes en su historia desde hace más de 7 años. Esta situación ha erosionado los cimientos democráticos del país, afectando directamente la calidad de vida de millones de venezolanos. En este contexto, surge la campaña #RescatemosLaDemocracia, que busca incentivar la participación ciudadana y proyectar un futuro esperanzador para la nación.

Los impactos de esta emergencia humanitaria compleja y la prolongación del conflicto político han socavado las condiciones de vida de los venezolanos en medio de la desigualdad y políticas económicas que no garantizan los derechos sociales, como advertimos en el Informe Provea 2023. La crisis solo tendrá salida cuando las demandas de justicia e igualdad de derechos puedan ser escuchadas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional.

La democracia, como sistema de gobierno, va más allá de la simple celebración de elecciones. Se trata de un conjunto de principios y prácticas que garanticen los derechos humanos, la libertad de expresión, la pluralidad política y la separación de poderes. Como señaló el poeta venezolano Rafael Cadenas al recibir el Premio Cervantes, es urgente defenderla, pues sin ella, la libertad se convierte en una quimera.

La campaña #RescatemosLaDemocracia inicia con un vídeo que invita a los venezolanos a imaginar cómo sería la vida en un país plenamente democrático. Este ejercicio no es un mero acto de fantasía, sino una poderosa herramienta para motivar la acción ciudadana.

El spot vislumbra cómo la democracia puede impactar positivamente en la vida cotidiana, imaginando los resultados concretos contra la corrupción, mejores salarios, calidad de vida, mejora de los servicios públicos hasta el fortalecimiento de las instituciones y la garantía de los derechos fundamentales.

La democracia y los derechos humanos están intrínsecamente ligados. No pueden existir el uno sin el otro, ya que ambos se fundamentan en los principios de dignidad, igualdad y libertad de las personas. En un sistema democrático, el poder y la soberanía residen en el pueblo, que vive con garantías establecidas en la legislación.

Tras 10 años al frente de la presidencia, Nicolás Maduro enterró los salarios, las pensiones y las convenciones colectivas; implosionó el sistema de salud y desmanteló la institucionalidad ambiental, poniendo entre la espada y la pared a los pueblos indígenas. Extinguiendo el Estado de Derecho y la calidad de vida. 

Solo entre 2013 y 2023 se registraron: 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.

Más de 7,7 millones de venezolanos han salido del país en los últimos años, mientras que internamente se ha profundizado una crisis económica que mantiene a la población en pobreza extrema, con más del 45% de los hogares enfrentando inseguridad alimentaria y un salario mínimo estancado en 130 Bs. (4 USD mensuales) que no cubre las necesidades más básicas de una persona. Nos encontramos frente a un panorama autoritario donde la desigualdad reina.

Las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio representan una oportunidad histórica para que los venezolanos se movilicen y tomen medidas sobre el futuro de su país. Sin embargo, es crucial entender que la democracia requiere de una vigilancia constante y un compromiso activo de la ciudadanía. 

La democracia no se limita a la celebración de elecciones. Implica la existencia de una prensa libre, acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas. Es un sistema que rechaza el autoritarismo, la corrupción y la censura. Un verdadero Estado democrático funciona bajo el Estado de Derecho, donde todos, incluidos los gobernantes, están sujetos a la ley. Ninguna de estas características son hoy cumplidas en el país.

La campaña #RescatemosLaDemocracia hace un llamado a todos los venezolanos a participar no solo en las urnas, sino en todos los espacios de la vida pública. La democracia se construye día a día, con la participación activa en las comunidades, la defensa de los derechos y la promoción de un diálogo plural y constructivo. Estar plenamente informados de lo que sucede y promover cambios de ser posibles.

Como parte de esta iniciativa, se invita a todos los ciudadanos a seguir el evento presencial y en línea “Rescatemos la Democracia” el próximo martes 23 de julio a las 10:30 AM en la sala de usos múltiples del edificio FaCES de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Caracas; donde Andrea Mesa, Isabella Picón y Mariandreina Montilla conversarán sobre el significado de la democracia, el papel de la juventud para revivirla y su poder de cambio. El evento será moderado por Ricardo del Bufalo, quien también ofrecerá el acto de cierre. 

Rescatar la democracia en Venezuela no es solo una aspiración política, es el camino hacia una vida digna para todos sus ciudadanos

Es el momento de imaginar y construir juntos ese futuro donde los derechos sean respetados, las instituciones funcionen y cada venezolano pueda desarrollar su potencial en libertad. El 28 de julio no es solo una fecha electoral, es la oportunidad de dar un paso firme hacia ese futuro que todos anhelan. Pero también un día clave para entender que solo los venezolanos pueden unirse, participar y llevar la delantera en todos los procesos por venir.

La democracia, como nos recuerda la historia, no es inviolable. Requiere del compromiso y la participación de todos. Hoy, más que nunca, es el momento de unirse, participar y trabajar juntos para rescatar la democracia y construir una Venezuela donde la dignidad y los derechos de todos sean una realidad cotidiana.

A partir del diagnóstico plasmado en nuestro Informe Anual 2023, presentamos un conjunto de exigencias y recomendaciones que pueden guiar al país en la creación de políticas necesarias para restituir el pleno disfrute de los derechos a la población venezolana y que consideramos deben formar parte del debate entre quienes participan en la actual contienda electoral.

  • Sobre el derecho a la Alimentación:

Es necesario construir políticas públicas que cuenten con la participación activa y corresponsabilidad de los grupos poblacionales más afectados por la inseguridad alimentaria y nutricional, a través de estrategias focalizadas, sostenibles e incluyentes.

  • Sobre el derecho al Ambiente Sano

El Estado venezolano debe suscribir y adoptar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), cuyo objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos al acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

  • Sobre el derecho a la Educación

Se deben adoptar medidas que contribuyan a disminuir las barreras económicas para el acceso a la educación mediante la dotación de uniformes y útiles, la creación de bibliotecas escolares o de aula, la masificación del Programa de Alimentación Escolar y los comedores universitarios, y rediseñar el pasaje estudiantil u otros programas que garanticen el acceso material a la educación en todos los niveles.

  • Sobre los Derechos Laborales

Respetar los derechos colectivos del trabajo, en especial el derecho a la negociación colectiva, el derecho constitucional a la huelga y la libertad de asociación y reunión. Poner fin a las medidas administrativas y judiciales que obstaculizan y criminalizan el ejercicio de la libertad sindical, y detener los procesos judiciales que se siguen contra sindicalistas y trabajador por el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones.

  • Sobre los derechos de los Pueblos Indígenas

Inmediata paralización del Proyecto Arco Minero del Orinoco y de las actividades extractivas legales o ilegales que se desarrollan en territorios indígenas, hasta que no se realicen los procesos de consulta previa, libre e informada con estos pueblos y los correspondientes estudios de impacto ambiental. Asimismo, avanzar en el proceso de demarcación y titulación de tierras indígenas garantizados en la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI).

  • Sobre el derecho a la Salud

Emprender un plan nacional para restituir las capacidades rectoras, administrativas y operativas del sistema sanitario público, con asignación de recursos suficientes, la asistencia técnica y financiera de organismos internacionales y la participación de todas las instituciones sanitarias públicas y privadas, la Asamblea Nacional, las gobernaciones y alcaldías, las ONG y personas afectadas, los gremios y sindicatos de profesionales y trabajadores de la salud, la academia y las universidades del país.

  • Sobre el derecho a la Seguridad Social

Ejecutar en diversos niveles la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social con el fin de promover un mejoramiento de la calidad de vida de las personas beneficiarias y accionar con una perspectiva de desarrollo y bienestar la promoción de un sistema de seguridad social.

  • Sobre el derecho a la Tierra

Garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que los campesinos y productores puedan desarrollar su actividad agrícola sin que grupos delictivos y organismos de seguridad -actuando al margen del Estado de derecho-, vulneren el libre desarrollo de las fuerzas productivas del campo.

  • Sobre el derecho a la Vivienda

Detener la asignación de viviendas de interés social a través del llamado “Carnet de la Patria” y de cualquier otro mecanismo pueda convertirse en un instrumento de control social o de discriminación por razones políticas.

Conozca más sobre los datos de nuestro Informe Anual 2023 y sus recomendaciones aquí

Prensa Provea.