El presente documento constituye el informe correspondiente al período julio-diciembre del presente año 2020, sobre la situación actual de los Derechos Humanos de los pobladores de la Subregión Guajira, el cual abarca los municipios Mara, Guajira e Insular Almirante Padilla.
Tras la aparición de la Covid-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó como pandemia la crisis desatada por el virus que según los registros oficiales alcanza ya millón y medio de personas fallecidas por contagio a escala mundial, una vez decretado el Estado de Alarma por el Gobierno Nacional venezolano y el confinamiento obligatorio de las y los ciudadanos, ocasionó un mayor impacto en materia de salud, alimentación, acceso a servicios básicos, educación, entre otros, tras el cierre definitivo de la frontera como parte de la medida de cuarentena.
Como es bien sabido, la población asentada a lo largo y ancho del Estado Zulia, incluyendo los pobladores de la Costa Oriental del Lago, se trasladaban hasta la ciudad de Maicao para abastecerse de alimentos y medicinas, como también para comercializar algún producto en específico, y con las ganancias abastecerse, también es de conocimiento que desde Colombia la población se abastecía de combustible colombiano para movilizar vehículos y motos, es decir, toda una dinámica económico-social de la cual dependía en buena parte el territorio fronterizo de la Guajira, partiendo desde la misma ciudad de Maracaibo, y los municipio que componen la subregión, y que repentinamente fue completamente paralizado por la pandemia.
Por: Jose David González
Colaboradores:
Prof. Rubia Luzardo de Montiel, docente universitaria
Leonel López, periodista
Situación real en cuanto a derechos humanos, sociales y culturales de los pueblos y comunidades indígenas
Contexto legal
La garantía de los derechos económicos, sociales y culturales están contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), desde su Preámbulo, Principios Fundamentales. Artículo 9. Título III de los derechos humanos y garantías, y de los deberes. Capítulo I. Disposiciones generales: Art. 19, 20, 21, 22, 23, 26. Capítulo VI De los derechos culturales y Educativos Art. 98, 99. 100 y 101 y Capitulo VIII De los derechos de los Pueblos indígenas.
Desarrollados ampliamente en Leyes nacionales como Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005): Título IV: De la Educación y la Cultura. Capítulo I: De la educación propia y el régimen de la educación intercultural Bilingüe. Art. 74-81, Ley No. 41 Ley Aprobatoria del Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (2001). Gaceta Oficial No. 37.305 del 17-10-2001. Entre otros instrumentos como: 1) Ley Nacional de Diversidad Biológica, 2000; 2) Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional, 2000; Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, 2001; Ley sobre Sustancia, Materiales y Desechos Peligrosos, 2001; Código Orgánico Procesal Penal – COPP, 1999 y reformado en 2001; Ley Orgánica de Turismo, 2001; Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 2004; Ley de Idiomas Indígenas, 2007; Ley Orgánica del Ministerio Público, 2007; Ley Orgánica de Educación, 2009, entre otros instrumentos internacionales adoptados por el Estado Venezolano que otorgan carácter supranacional a los derechos colectivos.
Necesario precisar que, pese a dos décadas del reconocimiento del Estado venezolano de su carácter multicultural y plurilingüe, el goce y disfrute de tales derechos por parte de los miembros de poblaciones étnicas es limitado, situación agudizada en el contexto pandemia Covid-19, debido a varios factores:
Educación
La situación educativa ya precaria por la emigración de profesionales educadores del país acumulada en los últimos años, deserción y deficiencias de la infraestructura escolar, se agravó con la medida de restricción presencial a las aulas educativas bajo un esquema de estudios a distancia y on-line en virtud de la pandemia surgida cuando en las zonas de los municipios Mara, Guajira y Almirante Padilla circundantes de la Subregión Guajira en Venezuela y frontera con Colombia, se pierde totalmente la conectividad a internet por señal satelital y móviles ya que dependen de la generación eléctrica que permanece sin servicio constantemente, es decir, no hay posibilidades de una educación en línea, ni presencial en virtud de las restricciones al libre tránsito vehicular y de personas. En consecuencia, los niños, adolescentes y jóvenes de la Subregión Guajira tienen un limitado acceso al sistema educativo en la modalidad de estudios a distancia en lo que va del año 2020.
Caso municipio Guajira, que cuenta con 278 escuelas de las cuales 80% de estas instituciones educativas no han recibido estudiantes en este periodo 2020-2021 donde los participantes quedan registrado en un sistema llamado Sistema de Gestión Escolar (SIGE) la cual indica una inscripción de estudiantes a nivel nacional.
La imprecisión en la formulación y ejecución de la política de Educación Intercultural Bilingüe a nivel básico y otros niveles, desarrollada por el Estado Venezolano en los últimos años, y además carente de redefinición totalmente en el contexto pandemia durante este año 2020, no ha permitido avanzar en la promoción y fortalecimiento de la diversidad cultural, idiomas y, formas de vida específicas de las comunidades nativas. De acuerdo a testimonios recogidos a los nativos de los municipios Mara, Almirante Padilla y Guajira, se evidencia que las acciones educativas siguen siendo impuestas por las autoridades gubernamentales, desconociendo las realidades locales, sin coordinación interna e improvisando constantemente las líneas estratégicas de la acción pública.
Desconocimiento de las instituciones del Estado Venezolano de los derechos socioculturales y colectivos de las sociedades indígenas en 4 aspectos a saber:
a) Idioma
En la subregión guajira están los Wayúu y Añú, ambos idiomas están en peligro de extinción y la política de recuperación es casi inexistente por parte del Estado, tanto en el sistema educativo como a lo interno de la dinámica cultural misma. La realidad educativa influye negativamente sobre la garantía de protección de los idiomas nativos.
b) Autoridades tradicionales (Putchipu o palabrero)
Esta figura es desconocida por parte de las instituciones públicas del Estado, no hay programas para su apoyo y promoción cultural en ningún nivel de gobierno, (Municipal, Regional y Nacional), contrariamente; el partido político oficial pretende desplazar su derecho de participación con la imposición de organizaciones sociales (Consejos Comunales, comuna y otros) en las decisiones de la comunidad y localidades, desconociendo las autoridades tradicionales totalmente, no hay posibilidad de participación en la asignación de los programas sociales de alimentación sino se pertenece al entramado oficialista.
c) Jurisdicción de sistema de justicia indígena.
Se evidencia la falta de aplicación de la Jurisdicción Indígena en el proceso judicial ordinario, cuando no se han resuelto procesos judiciales por esta vía en los últimos años, ni menos en el contexto pandemia, desconociendo sus operadores de justicia los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar los derechos colectivos. Contrariamente, se produce el retardo procesal por causas que pudieran ser resueltas bajo los principios de la jurisdicción indígena, la cual observa el encarcelamiento como una medida que no siempre produce la justicia deseada.
d) Formas de vida y subsistencia local (Desarrollo endógeno).
Los modos de producción en los municipios de la Subregión Guajira (Frontera Venezuela con Colombia), están gravemente afectados por la falta de combustible, inflación y altos costos en la compra de insumos, transporte, circulación del dinero en efectivo, desplazamiento de la moneda nacional por la moneda extranjera (el comercio se dinamiza con el peso colombiano y dólar estadounidense), inseguridad ciudadana, contrabando, extorsión y abuso de los organismos de control ciudadano. En el contexto pandemia, esta situación se tornó critica para la producción artesanal de queso, cría de ganado vacuno, ovino, avícola, pesca, siembra entre otros y la respectiva comercialización, cuando las restricciones impuestas obligaron a los pequeños productores, comerciantes y demás participantes de la actividad productiva al aislamiento sin tener otra alternativa que diversificará su posibilidad de ingreso económico y subsistencia de la comunidad y familia societaria.
Concretamente, en el mes de mayo por disposición gubernamental se suspendió el libre tránsito de la frontera en el contexto pandemia. Además, en este segundo trimestre del 2020, los gobiernos municipales ordenaron el cierre de los mercados periféricos de los municipios Mara y Guajira, afectando directamente a los pequeños productores y comerciantes de la zona. Priorizando a sectores económicos constituidos formalmente, sin considerar que el mayor ingreso económico en esta zona recae en el sector informal de la economía. En la zona, diferentes protestas ocasionaron represión civil por parte de los cuerpos de seguridad policial y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. El 15 de Junio 2020, en un procedimiento irregular llevado a cabo en la parroquia La sierrita de Municipio Mara, se produjo el decomiso de productos artesanales que llevaban consigo los transeúntes cercanos al Mercado popular del sector 4 bocas, detenciones arbitrarias se llevaron a cabo, extorsiones por parte de los cuerpos de seguridad para no producir las detenciones o decomisar los productos, arremetimiento y cualquier tipo de abuso en el marco de las medidas en el contexto pandemia, tomadas por los gobiernos municipales en consonancia a la línea ejecutiva nacional, es decir, la prohibición de la economía informal generó otras problemáticas a la ciudadanía, representando esta economía, el principal mecanismo de subsistencia de los pobladores de la zona en su mayoría miembros de la etnia Wayúu y Añú. Estos hechos son replicados en otros sectores de los municipios fronterizos sin respuesta efectiva a la realidad expuesta (Las víctimas se niegan a denunciar por temor a represalia)
Aunado a otras medidas como la suspensión del transporte público, los pobladores se vieron limitados ante la situación de crisis de salud, en trasladar por autogestión privada a sus familiares enfermos cuando los recursos del sistema salud no funcionaban con posterior decesos por la desatención (Muertes en casas que configuran la cifra negra), los testimonios de esta realidad se multiplican cuando se hacen recorridos para recoger las impresiones en torno a la pandemia.
Todas estas situaciones han afectado la condición social de los pobladores de la subregión Guajira, donde la mendicidad se ha duplicado y se escucha el clamor de sus ciudadanos por encontrar oportunidades de empleo que dignifique su vida y la de sus congéneres. El acceso a los programas sociales focalizados de alimentación (CLAP) y bonos económicos otorgados en línea a través del Sistema Patria, no son suficientes para cubrir las necesidades básicas además que no aportan de forma positiva al desarrollo endógeno y cultural de los pueblos y comunidades indígenas, ya que estos necesitan trabajar la tierra y vivir de su producción como forma de vida que reproduce la cultura nativa y cuidado del ambiente, ya que cuando cultiva el plátano, topocho, yuca, hortalizas y frijol para su propia despensa también esta relacionándose con su madre tierra.
El apoyo gubernamental al agricultor y pequeño productor no existe en la Subregión Guajira, se necesitan proyectos concretos sustentables que potencien el desarrollo local, el incremento de costos de los insumos básicos para potenciar estas actividades los limita en su desempeño. Además que se encuentran en una zona donde operan grupos irregulares movilizados de Colombia que los extorsionan y cobran “vacuna” para permitirles trabajar libremente sus tierras.
Las limitaciones observadas develan la vulnerabilidad en la protección de los derechos humanos de los pueblos originarios, implicando la afectación directa para la diversidad cultural de la nación, produciendo también desconfianza de la ciudadanía en los funcionarios del Estado.
Consideraciones sobre la Política Fronteriza del Estado venezolano: caso Guajira
El Estado Venezolano está en mora con sus regiones fronterizas en relación a la política de relación inter-fronteriza en la búsqueda de la tan anhelada integración latinoamericana prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y convenios internacionales suscritos.
Mientras el tratamiento de fronteras lo configuran los Estados-Naciones, en el marco de la política internacional con la tutela de las respectivas cancillerías o los organismos encargados de la política exterior. En Venezuela además de estas figuras, también la política interna participa a través del Ministerio del Poder Popular para relaciones interiores, justicia y paz en conjunto con otros organismos del poder ejecutivo y legislativo tanto nacionales como regionales, bajo los cuales recae la compleja responsabilidad de intervenir los temas de seguridad, soberanía, planificación, integración, ordenación territorial, narcotráfico, tenencia de la tierra, salud, ambiente, educación, infraestructura y calidad de vida, entre otros aspectos.
En el Estado Zulia, las decisiones políticas fronterizas parecieran alejadas de la realidad que se vive en las mismas, en las cuales se ha visto una militarización excesiva en la última década, cierre del libre tránsito, inexistencia de planes de desarrollo humano acorde a las condiciones culturales de las comunidades nativas y, ninguna medida hasta los momentos ha solucionado los problemas de soberanía, contrabando, extracción de combustible, delincuencia, pobreza, hambre y miseria de la población. Contrariamente los nativos de la zona son vulnerados sistemáticamente en sus derechos.
La política de Estado, implementada en el contexto pandemia, indica que no hay claridad del fenómeno fronterizo, considerando que este no sólo se reduce a un problema de límites y cuidado de los mismos, sino al desarrollo progresivo de esos espacios con impacto integral en sus ciudadanos, sus identidades y relaciones con los otros, por cuanto; las características de frontera configura una dinámica social muy particular para sus pobladores en donde estos, construyen sus modos de vida y códigos específicos de subsistencia.
La realidad actual de la frontera en la Guajira venezolana es anárquica producto de la desidia gubernamental y ausencia de una política fronteriza coherente y asertiva, en virtud de ello, los pobladores cansados de promesas incumplidas y con necesidades de alimentos, incurren constantemente en protestas, saqueos por esa importante arteria vial internacional que comunica con Colombia, con la respuesta represiva y militarización de la zona limítrofe, incurriendo en excesos.
El contexto Covid-19, la situación en cuanto a vulneración de derechos humanos se evidenció en casos que se plantean a continuación:
Seguridad ciudadana
Represión contra la Población indígenas Wayúu y Añú del territorio Guajira, y detención arbitraria de 3 indígenas Wayúu en el ejercicio de la Protesta Pacífica
1. Contexto de la Guajira venezolana.
Por varios años consecutivos La guajira venezolana territorio indígena Wayúu y Añú ha sido víctima del retroceso en la garantía de derechos económicos y Sociales. Como ningún otro sector del país la población indígena padece de constantes cortes eléctricos que se extienden por días. Desde el año 2017, la falta de gasolina, los retrocesos en el transporte público, el acceso al agua en la mayoría de las comunidades llega a través de camiones cisternas que deben ser pagados por los habitantes, la falta de mantenimiento y el déficit de plantas y generadores de luz eléctrica, junto a la Emergencia Humanitaria Compleja y las consecuencias de la militarización del territorio, han generado un deterioro progresivo en las condiciones de vida, en la cultura, y en los medios ancestrales de vida obligando al Pueblo Wayúu y Añú a migrar forzosamente a su territorio del lado colombiano. Al Decreto de estado de Alarma se sumó la implementación de toques de queda en el municipio Guajira, con esto el aumento de la presencia militar en el territorio y la agudización de limitaciones al libre tránsito, comercio, intercambio y manifestación.
2. Antecedentes
Desde el inicio de la Cuarentena con el Decreto de estado de Alarma, a partir del 13 de Marzo de 2020, por la Pademia Covid-19, pueblos indígenas Wayúu y Añú, con un contexto de gran debilidad, sumado al cierre de la frontera, la desinformación, la imposibilidad de movilización, escasez e imposibilidad de acceso a alimentos, gas, gasolina fue agravando la situación. Obligándolos a salir a la carretera para manifestar pacíficamente por atención y comida. La falta de respuesta estatal, produjo intentos de saqueos de camiones con comida y la represión contra las comunidades, tal como fue reflejado en informes previos.
2. Los Hechos.
La militarización del territorio indígena, la Emergencia Humanitaria en la zona y la falta de un abordaje continuo, planificado y eficaz por parte del estado venezolano, ha obligado a poblaciones a volver a salir a manifestar pidiendo atención urgente por razones de sobrevivencia. A pesar del miedo que manifiestan indígenas Wayúu y Añú por el maltrato militar frente a sus denuncias.
El mes de septiembre se agudizó considerablemente la falta de electricidad con apagones que duraron hasta 2 días. El 02.10.2020, en la Guajira venezolana 70 comunidades se encontraban sin servicio eléctrico.
2.1 La manifestación pacífica sin respuesta gubernamental
El lunes 05.10, 20 pobladores salieron a Troncal del Caribe para exigir a funcionarios militares un encuentro para tratar temas que aquejan a las comunidades. Llegaron a un acuerdo con el Comandante de la 13° Brigada y con el Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de la zona. Ellos se comprometieron a realizar los enlaces con las autoridades municipales. Los manifestantes abrieron la Troncal y se retiraron del sitio.
El 06.10, 20 en Paraguaipoa, comunidades desde muy temprano comenzaron a manifestar, cerrando el paso de camiones por la troncal dado el incumplimiento de autoridades de reunirse con la vocería para dar respuesta a sus peticiones. La cual esperaron todo el día a la Alcaldesa Indira Fernández, la cual se comunicó con uno de los voceros de la manifestación, indicándoles que llegaría a las 4pm y no cumplió.
Manifestantes tomaron la decisión de pernoctar de forma pacífica en el sitio exigiendo y esperando su presencia. Pese a las denuncias, en ese mismo momento comunidades estuvieron 6 horas sin servicio eléctrico.
2.2. Demandas por derechos económicos, sociales y culturales.
Las exigencias de las comunidades indígenas eran respuestas frente a:
- Electricidad: hay comunidades que tienen más de tres (3) años sin servicio eléctrico, sin transformadores de Luz. Según datos de las propias autoridades hay un déficit de 100 transformadores en las comunidades indígenas de la Guajira que son fundamentales para que se mejore el servicio.
- Salud: El déficit de atención en materia sanitaria incluso durante la pandemia. Denuncian que en el hospital binacional no hay insumos y la atención es deficiente.
- El agua potable: El agua no llega a las casas, por lo que la misma debe ser distribuida a través de camiones y cisternas. La mayoría tiene que pagar el acceso al agua potable a precios que superan sus capacidades y la limitada frecuencia de distribución por parte del estado agudiza la problemática.
- Alimentación: Con la cuarentena y las limitaciones de tránsito la situación alimentaria se ha complicado. La distribución de las cajas de alimentos del programa social del gobierno no llega con la frecuencia que se requiere y las mismas no cubren la canasta alimentaria necesaria.
- La comunicación: Las poblaciones se encuentran incomunicadas, tanto la señal telefónica del estado y privadas por los mismos cortes de luz se ha visto afectada dejando a comunidades enteras incomunicadas, en mayor estado de vulnerabilidad frente a emergencias y necesidades.
2.3. Represión violenta por parte de la GNB en la madrugada. Allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias.
El 07.10, 20 mientras pernoctaban pacíficamente en el lugar, a las 3am fueron sorprendidos por una brigada de la GN y el ejército. Fueron reprimidos de manera violenta con perdigones, gases tóxicos, produciendo heridos, personas maltratadas, y realizando detenciones arbitrarias contra 3 indígenas Wayúu.
Los indígenas fueron trasladados y presentados en los tribunales en la ciudad de Maracaibo, Zulia Ese mismo día se realizaron allanamientos ilegales a varias casas y residencias, buscando a los indígenas que habían actuado como voceros de las comunidades en la manifestación. La GNB y el ejército nacional se prevé tener un listado de las personas que liderizaron la protesta. La mayoría debió salir huyendo de sus casas poniéndose a reguardo frente a los allanamiento y las amenazas de ser detenidos arbitrariamente, temiendo por su vida e integridad.
Testimonio del anciano Wayúu Carlos Pérez: “El irrespeto, las desconsideraciones, las violaciones y toda la agresividad hacia el pueblo wayúu, a un grupo de jóvenes, de mujeres que están pidiéndole a las autoridades competentes del estado Zulia y del municipio autónomo Wayúu. A la alcaldía y la gobernación del estado que han hecho caso omiso, en varias oportunidades en la cual el pueblo le ha pedido a estos entes, solventar toda la problemática que nos atañe a todos, no tomando en cuenta el tinte político sino la necesidad de la hermandad. Estamos presos, secuestrados por parte de la negligencia del gobierno en cuanto a surtirnos de los principales rubros alimentarios y todos los elementos básicos que una comunidad debe tener, como es el agua, un líquido que es vital en la vida, la electricidad, la salud, que van de mano agarrada con la educación. En la Guajira no hay nada de esos el elemento básico. Fuimos vulnerados, fuimos maltratados fuimos vejados, vilipendiados, hasta el punto que la guardia nacional arremetió con un grupo de personas que solo estaban pidiendo agua, luz, comida, salud, educación seguridad, la apertura de la frontera colombo venezolana, la apertura del rio Limón para poder nosotros movernos de un lado a otro y poder buscar nuestros alimentos y llevar nuestros enfermos a los sitios clínicos y hospitalarios del estado Zulia. Es una verguenza que nosotros los wayúus, nosotros los venezolanos, tengamos que migrar al país vecino Colombia en busca de salud, mientras que aquí el llamado hospital binacional de Paraguaipoa denominado Hospital centinela no se consigue ni un algodón. Hacemos este llamado a los entes de todo el mundo”. (…) señores del gobierno, tengan un poquito más de conciencia y pónganse la mano en el corazón para que vean las necesidades del pueblo Wayúu”.
Testimonio de Nelsa Peña posterior a la represión: “Doy gracias a dios que yo pueda estar contando esto. El ataque que nos hizo la Guardia Nacional a media noche, a las 3 de la mañana estando nosotros en una protesta pacífica donde gente de la GNB antimotines nos atacaron cobardemente. Fue una protesta muy pacífica. No se le hizo daño a nadie, en ningún momento, al contrario, los gandoleros, los de los buses rojos fueron atendidos. Les dimos almuerzo y cena. Ni siquiera las llaves se las escondimos, no se las quitamos. Tuve que correr, me agarró el Mayor de la GNB Madrid me agarró por el pelo, me templó el pelo, me alzó y me agarró y me estaba asfixiando, dándome puños en la espalda, golpes por aquí por la espalda, como pude le di dos codazos y lo hice caer. Así fue que yo me escape porque ese señor me iba a matar, me iba a matar. No se quedó con eso, con los golpes que me dio, me siguió y haciéndonos tiros, me tuve que lanzar en una cañada con abundante agua sucia para que yo me salvara. Hay dos personas detenidas, hay uno que es totalmente inocente que no estaba en la protesta que estaba vendiendo perros calientes, Yoendri Hernández, y él otro muchacho que estaba en la protesta pacífica con nosotros, se llama Jon Franco y son personas que en ningún momento actuamos de mala fe, al contrario”.
Los indígenas Wayúu detenidos y presentados en tribunales son:
- Yhon Jairo Franco Valbuena. C.I. 11.876.691.
- Yoendri Alejandro Hernández González. C.I. 16.606.208
- Juan Carlos Palmar Fernández
El 09.10. en la audiencia pública, en el Tribunal 13° de Control del estado Zulia, fueron privados de libertad, acusados con los cargos de “incitación al odio, obstaculización de la vía pública y violación al decreto presidencial”.
Testimonio del Hermano de Yoendri Alejandro Hernández González: “Habíaprotestas en Paraguaipoa por falta de luz y otras cosas que estaba exigiendo la comunidad, y bueno, el día que apresaron a mi hermano, fue aproximadamente como a las 5 de la mañana, él estaba en un local que es allí donde también él vive, él estaba afuera porque como no había luz y él estaba un poquito retirado de las manifestaciones. Llegaron los guardias, dispersaron a las personas y como él se quedó allí, bueno. Estaba observando, llegó la guardia y se lo llevó al Comando del Río Limón, el día de hoy (08 de octubre) lo presentaron por el tribunal y le dictaron privativa de libertad. Porque esto se manejó como un asunto político y le imputaron el delito de instigación al odio, obstaculización a la vía pública y violación al decreto presidencial. De verdad que es muy triste y lamentable lo que está sucediendo y es una injusticia porque mi hermano no estuvo en ningún momento implicado en esa manifestación. Se lo llevaron de manera injusta y lo están implicando en esos hechos como si él estuviera allí. Las cosas no fueron así. Junto con el estaban otros dos muchachos que también se los llevaron y el resultado es que están privados de libertad. Ahora hay que pedirle mucho a dios para que pronto salgan en libertad en los 45 días de investigación. Agradezco el apoyo de todas las personas que están en este momento con nosotros apoyándonos en este momento tan duro, de verdad que no tengo palabras y cualquier persona que esté disponible que aporte su granito de arena seremos muy agradecidos de antemano, muchas gracias”
2.4. Militarización, allanamientos ilegales, lista persecutoria y desplazamiento forzoso de líderes e indígenas Wayuu.
El 08.10.2020, Posterior a la represión, la ciudad de Paraguaipoa, lugar donde se llevó a cabo la Protesta fue militarizada. (Video 2). En horas de la mañana siguieron los allanamientos ilegales en varias casas en la población. Generando miedo y terror entre la población indígena.
Indígenas Wayúu denuncian que fuerzas de seguridad sin orden de allanamiento, están buscando casa por casa a los líderes de la protesta para llevárselos detenidos. Por testimonios de fuentes internas, familias y de perseguidos se tuvo conocimiento que existe una lista de 15 personas que están siendo buscadas por participar en la protesta y actuar como vocero/as. Entre los que se pudo constatar que están siendo perseguidos y tuvieron que desplazarse forzosamente de su comunidad se encuentra:
- Abraham Granda 12.412.756.
- Nelsa Peña,10.450.801
- Jairo Gil 5.808.601,
- Sheiner Fernández 20.948.727
- Junior Vieco
- Sara Vieco
- Deysi Silva
- Franco Silva.18.785212
- Carlos Pérez 3.265.000
- Norma Fernández
- Laudith Salas
- Levi Vera. 12.948.020
En el expediente que se pudo conocer de los detenidos, aparece una reseña fotográfica realizada por la GNB, Comando Zonal Nro. 11, Destacamento Nro. 112, primera compañía, segundo pelotón de Puerto Guarero. Se lee textualmente:
“EN LA PRESENTE RESEÑA SE PUEDE OBSERVAR AL CIUDADANO JUNIOR VIECO, LIDER POLITICO DEL PARTIDO PRIMERO JUSTICIA*, SE ALZA EL MOMENTO DONDE LOS EFECTIVOS MILITARES LLAMAN AL DIALOGO CON EL SUSODICHO NEGANDOSE ROTUNDAMENTE INCITANDO AL DESORDEN PUBLICO AL ODIO Y PONIENDO EN PELIGRO.
Testimonio de Nelsa Peña, mujer Wayúu, educadora (desplazada forzosa): “Buenas noches, Nelsa Peña luchadora social del municipio Guajira, quisiera compartir este pequeño vídeo y que las personas que lo vean lo hagan viral. He sido perseguida, maltratada, ultrajada, violentada moral y físicamente por la GNB, en especial por el comandante Madrid. Si en el día de mañana me llegase a pasar algo, responsabilizó directamente a la alcaldesa del municipio Guajira Indira Fernández a Wolfang Fernández y al vocero de mi comunidad. Ya que solamente con sólo participar en una manifestación pacífica me han tildado de todo un poquito y por eso dejo este vídeo porque temo por mi vida y la vida de mis hijos. Por eso es que yo responsabilizó a esas personas”.
Testimonio de Sheiner Fernández, perseguido e hijo de Jorge Fernández detenido (Desplazado forzosamente): “Estábamos en la protesta y estamos huyendo de la GNB porque supuestamente se maneja una lista y por seguridad y para que no nos vayan a agarrar desprevenidos, así como nos cayeron tuve que salir de casa, estoy por otro lado”. “Hay supuestamente una foto de perfil que como se subieron fotos a las redes sociales y todo eso, como que manejan una de mis fotos, a mi como tal no tienen mi nombre sino me están nombrando como el flaco de la esquina, todos saben dónde vivo, es por mi descripción que supuestamente me andan buscando”.
Testimonio de Levi Vera, (Desplazado forzosamente): “En esa lista de los supuestos 15 está mi nombre también, estoy en estos momentos resguardado. El nombre mío es Levi Enrique Vera, pero ellos me tienen en la lista como “coco Leví”
3. Siguen patrones represivos por manifestar y se agudiza la persecución contra quienes disienten.
A pesar que en reiteradas oportunidades vecino/as, y en este caso comunidades indígenas Wayúu, han realizado diferentes manifestaciones, llamados y peticiones de respuestas, las autoridades consecutivamente se niegan a reunirse con los manifestantes y no dan respuestas planificadas y sostenibles en el tiempo. Realizan acuerdos que no cumplen y frente a las demandas sociales recurren a la violencia contra las protestas para dar mensajes ejemplarizantes e instalar un mecanismo de miedo para que personas desistan de protestar. Hemos encontrado los siguientes patrones que son muy preocupantes:
- Represión violenta de la protesta: Así como se ha denunciado a nivel nacional, desde la cuarentena los niveles de represión contra manifestaciones por derechos básicos al agua, gas, gasolina y electricidad son reprimidas violentamente por los cuerpos de seguridad. Ya el 12.04.2020 , la represión contra la población que pedía alimentos, dejó varias personas heridas, entre ellas una mujer educadora Wayúu quien recibió perdigones en su rostro. Según testimonios, fueron a las 3am de la madrugada cuando estaban pacíficamente pernoctando y en el momento de mayor vulnerabilidad atacados sin mediar palabras de forma violenta. La saña con que efectivos militares atacan, persiguen y golpean a manifestantes, así como los niveles de impunidad en esta actuación y su repitencia a nivel nacional indica un patrón aceptado y conocido por la línea de mando y el ejecutivo nacional.
- La elaboración de listas persecutorias: En los sucesos de Kumaracapay contra la población indígena Pemón en febrero de 2019; en las protestas en el estado Lara durante la cuarentena 2020; en el estado Yaracuy en Septiembre 2020; y ahora en Paraguaipoa militares, órganos de seguridad y funcionarios policiales crean listas con los manifestantes que actúan como voceros/as y posterior a las manifestaciones realizan casa por casa allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias.
- El uso de redes de civiles pro oficialistas para control social, y delación contra sus vecino/as: Así como se ha denunciado en otras ciudades del país, el gobierno ha creado redes de civiles -con diversas denominaciones que sirven para el control social y la delación contra personas que constitucionalmente y en el ejercicio de derechos fundamentales protestan pacíficamente por la garantía de derechos.
- Detenciones Arbitrarias: Continua el patrón de detener a personas que no están cometiendo ningún delito. Incluso aquellos que se encontraban en las inmediaciones de la manifestación, pero no participaban en ella. Se violan los derechos y no se respeta preceptos de flagrancia.
- Allanamientos ilegales: Ya se ha convertido en un patrón de los cuerpos de seguridad del estado incluyendo a la GNB, realizar allanamientos ilegales contra viviendas de personas o familiares de quienes participan en las manifestaciones o consideran disidentes. Los operativos se realizan de forma violenta, entrando en las casas, violentando a las personas, amenazando y en algunas oportunidades robando las pertenencias. Sembrando el terror entre la población.
- Respuesta violenta “ejemplarizante” para generar terror e inhibición a ejercer el derecho a la manifestación: Parte de la respuesta de los órganos de seguridad del estado se basa en generar terror en la población que exige derechos. Frente a la violencia de la represión, las agresiones verbales, físicas, la persecución contra quienes actúan como vocero/as, los allanamientos ilegales, las detenciones arbitrarias y los reiterados tratos crueles inhumanos y degradantes a detenidos, los ciudadano/as generan miedo e inhibición para el ejercicio de sus derechos.
- Desplazamiento y migración forzosa de comunidades indígenas y la vulneración de derechos de pueblos Indígenas: Tal como sucedió en los eventos de Kumaracapay Feb-2019 ampliamente reseñados, La militarización, la respuesta persecutoria, incriminatoria y la política gubernamental de criminalización y persecución contra líderes obliga a indígenas a salir huyendo para garantizar su vida, integridad y libertad a otros lugares, En pueblos de frontera como el Wayúu y el Pemón, son obligados a migrar forzosamente a los países vecinos. Generando así una violación, ruptura y consecuencias muy graves en derechos fundamentales para pueblos y comunidades indígenas como lo son cultura, identidad y su pertenencia al territorio y su comunidad. Aun cuando sean pueblos binacionales indígenas obligados a salir forzosamente de sus comunidades generan unas fracturas profundas que no son individuales sino colectivas y con consecuencias graves a las formas ancestrales de vida.
4. Peticiones
Solicitamos sus buenos oficios para que interceda en el ejercicio de su mandato y en salvaguarda de los derechos humanos de los venezolano/as y pueblos y comunidades indígenas en realizar un llamado y recomendaciones y lograr la acción inmediata para:
La desmilitarización inmediata del territorio indígena Guajira, ancestralmente habitado por el pueblo Añú y la Gran nación Wayúu. La pandemia por Coronavirus no puede usada como excusa para violentar derechos de pueblos y comunidades indígenas. Militares no entienden la cultura, ni hacen análisis u abordaje diferenciado de la pandemia, de las necesidades y las afectaciones en del déficit de derechos económicos, sociales y culturales ni de las afectaciones culturales. Debe cesar la política de guerra contra pueblos indígenas del país. Señalando a indígenas como enemigos, “Guarimberos” o delincuentes.
Liberación de personas detenidas arbitrariamente:Las 3 personas detenidas durante la manifestación no estaban infringiendo la ley, no estaban cometiendo ningún delito y no estaban incitando al odio. No fueron detenidos en flagrancia por lo que deben ser liberados sin ningún cargo.
El cese de los allanamientos ilegales y las listas persecutorias contra quienes se encontraban manifestando pacíficamente por derechos fundamentales.
El cese de usar el decreto presidencial de estado de alarma y Toque de queda como excusa para violar derechos a la manifestación pacífica, libertad de expresión, y derechos de pueblos y comunidades indígenas.
Garantía y Respeto a la protesta pacífica: Solicitamos de manera urgente el respeto, garantía y promoción del derecho fundamental a la protesta pacífica.
Atención urgente a la Emergencia Humanitaria compleja que vive la Guajira venezolana. atención urgente, adecuada, concertada, consultada y con participación de las comunidades ante la grave Emergencia Humanitaria y servicios que viven comunidades indígenas de la Guajira Venezolana y que afectan derechos de los Pueblos indígenas Wayúu y Anú.
Cese de hostigamiento y criminalización de la labor de defensores y defensoras de los derechos indígenas, que hacemos acompañamiento, denuncia y monitoreamos que los derechos de nuestros pueblos ancestrales Añú y Wayúu no sean vulnerados. La labor en defensa de los derechos humanos no puede significar la persecución y el hostigamiento en contra, poniendo en riesgo la integridad y vida de defensore/as.
Protestas en el municipio Mara por parte de familiares de personas privadas de libertad
El Comité de Derechos Humanos de La Guajira hizo acompañamiento de un grupo de familias que se acercaron hasta la sede del Instituto Autónomo de Policía del Municipio Mara, para llevar a cabo una protesta pacífica en relación a la situación de los reclusos que se encuentran privados de libertad en la sede del ente seguridad. Estas acciones emprendidas por varios ciudadanos se dieron luego que se conociera la muerte de un ciudadano privado de libertad de nacionalidad colombiana, quien respondía al nombre de Javier Enrique Marruco, de 31 años de edad, según reseña del portal Radio Fe y Alegría Noticias, el hecho se suscitó el jueves 29 de octubre en horas de la noche, cuando, según su esposa la señora Gaudi Chacín, aseguró que los policías asesinaron a su esposo por razones de xenofobia, “ellos pensaban que porque era colombiano él no tenía derechos…él era un ser humano”, expresó
A partir de ese momento, familiares de los reclusos se acercaron hasta el lugar exigiendo respuestas de sus familiares y dar respuesta de las condiciones en las que se encontraban, ellos denunciaban que dentro de los recintos habilitados por las autoridades se encuentran enfermos, con úlceras en el cuerpo, infecciones estomacales, de orina, deben hacer sus necesidades fisiológicas en la misma área donde duermen, algunas de las madres presentes en la protesta aseguran que llevan más de 4 meses sin ver a su familiar allí dentro.
Una vez que el Comité de Derechos Humanos de La Guajira llevó a cabo una visita al municipio Mara, constató que las personas con condenas o en espera de juicio en los diferentes puestos y comandos de Polimara, Guardia Nacional y el Ejército, se encuentran en condiciones deplorables como hacinamiento, no cuentan con servicios de salud, y mal alimentados, se evidenció además la presencia de ciudadanos que ya recibieron su sentencia, sin embargo aún se encuentran en la sede de Polimara, como también de ciudadanos que desde el mes de marzo cuando se desató la pandemia, hasta el mes de noviembre no habían sido presentados antes los tribunales correspondientes, lo cual se constituye una clara violación al debido proceso todo esto se logró determinar luego de una reunión que se llevó a cabo en la sede de la institución policial con el comisionado Falliz Zambrano, a continuación, presentamos la minuta de la reunión:
MINUTA:
Cumpliendo instrucciones del Ciudadano Alcalde el ING. Luis Caldera y bajo las Directrices emanadas del Comisionado Lcdo. Falliz Zambrano Director del instituto Autónomo de Policía del Municipio Mara, en Pro de la Prevención del Delito, fortaleciendo las Temáticas y Políticas Públicas en relación a la Seguridad Ciudadana y al Orden Público, enmarcado en la Gran Misión a Toda Vida Venezuela y la Misión Cuadrante de Paz, se llevó a cabo una Reunión en el despacho del Comisionado Falliz Zambrano Director General de la Policía Municipal de Mara en compañía del Supervisor Eudomar Silva Gerente de Operaciones de la Policía, Cabe de destacar que en dicha Reunión asistieron Representantes del comité de los Derechos humanos tales como; el Ciudadano José David González C.I. 11.065.331 como Coordinador General, en compañía de la licenciada Vicenta Morillo Concejala Indígena del Municipio Guajira y la Abogada Mercedes González Coordinadora Nacional de los pueblos indígenas, donde se dio a conocer el cumplimiento por ley. El apego y Respeto de los Derechos Constitucionales de los derechos de los Detenidos albergados en las salas de Retenciones de este Cuerpo de policía tal cual lo establece y Contempla el Artículo 49 de la Constitución de la República de Venezuela en concordancia del Artículo127 del Código Orgánico Procesal. Esto con los fines de demostrar la Transparencia Laboral en cuestión de Guardia custodia y trato decoroso de todos los Detenidos. Que allí albergan de igual manera al Comité se acercó a las salas de retenciones para dialogar y conocer los sus inquietudes así como saber sus causas y Motivos de aprehensiones también se les facilito un material (listado) de la cantidad y causas de todos los detenidos además realizaron un recorrido por las instalaciones de este comando logrando visualizar y entrevistarse con un personal Médico que se encontraban realizando una jornada de vacunación contra la fiebre amarilla, antigripal y despistaje contra el Covid19. Dando así por terminada la visita a este Centro de coordinación policial y retirándose de las instalaciones antes mencionadas.
El Cddhhg recomienda encarecidamente una planteada la situación carcelaria en el municipio Mara, una revisión exhaustiva por parte del sistema judicial y penitenciario del Estado Venezolano.
Por su parte, Carlos Hernández Iguarán, representante de la organización OIWA MARA, con sede en el municipio Mara, informó al Cddhhg que existen otras situaciones que afectan los derechos de la ciudadanía marense en materia de inseguridad, el cual involucra incluso a funcionarios públicos. “Los funcionarios públicos se han visto involucrados en hechos de corrupción en cuanto al ámbito de seguridad, situación que los medios de comunicación no reflejan”.
En cuanto a acceso a servicios públicos, Iguarán reconoció que la población ha podido acceder al suministro de agua potable a través del acueducto Wuinka, un proyecto impulsado por el gobierno nacional que garantizado el vital líquido a gran parte de las comunidades marenses. Sin embargo, en el contexto Covid-19, en algunas comunidades hubo dificultades puesto que los camiones cisternas que surten no pudieron funcionar ante la falta de combustible (gasolina y gasoil).
De igual manera, en lo referente a Educación, el método implementado por el gobierno sobre la educación desde casa, realmente no funcionó, según la organización OIWAMARA explicó que muchas familias en zonas rurales no tienen acceso a la televisión ni a servicio de internet.
Finalmente, el Comité de Derechos Humanos de la Guajira llevó a cabo una visita al municipio Insular Almirante Padilla este municipio está ubicado en una Isla en medio de aguas del lago de Maracaibo, al norte del estado Zulia con el fin de revisar y analizar la situación de los DD.HH de las comunidades Añú asentadas allí. Acompañados por la ciudadana María Castillo, exconcejala del municipio y miembro de la organización Benposta. En recorrido que realizamos en compañía de la mencionada ciudadana, pudimos constatar algunas situaciones que ponen en evidencia el estado crítico de sus habitantes en cuanto a derechos humanos y se mencionan a continuación;
Aunque el Cddhhg no tuvo acceso a datos precisos de los entes del estado encargados, sin embargo, se pudo conocer un panorama general de la situación por testimonio de sus habitantes que el estado de desnutrición de la población es crónico, la mayoría de las personas no cuenta con acceso a los productos alimenticios de primera necesidad, relatan que el pescado está desapareciendo porque hay mafias que operan detrás de su acaparamiento. La venta de productos Clap se presenta con poca frecuencia y las bolsas sólo contienen pasta, arroz y harina, mientras que la venta en establecimientos el costo de los productos sobrepasa el poder adquisitivo de los hogares que dependen de un salario o de la economía de subsistencia.
Por otro lado, organizaciones no gubernamentales denunciaron que en el mes de julio fue asesinada una persona por arma de fuego tras generarse una protesta en las inmediaciones de una estación de servicio de combustible en Isla de Toas. El ciudadano respondía al nombre de Joe Albornoz, de 18 años y de ocupación pescador, quien, según testigos y familiares, fue ultimado de un disparo por un funcionario de la Guardia costera cuando exigía surtido de gasolina. El hecho, es materia aunque e investigación, constituye una violación flagrante del derecho a la vida.
A continuación y a manera de cierre de este informe, les compartimos imágenes en el transcurso de la elaboración.
Realización de este informe: Jose David González
Colaboradores:
Prof. Rubia Luzardo de Montiel, docente universitaria
Leonel López, periodista
