Desde hace aproximadamente una década, con la agudización de la crisis económica del país, se ha generado una desenfrenada carrera por porte del sector oficial, potentados económicos y grupos criminales provenientes de Colombia y Brasil, por el saqueo de los recursos minerales que yacen en los ricos y frágiles suelos del sur del río Orinoco, Amazonía y Guayana venezolana.
Los impactos ambientales son tan graves como los ocasionados a los aproximadamente 34 pueblos indígenas de la región, asentados en 1.600 comunidades. El empleo de mercurio y cianuro, entre otros metales pesados empleados en la minería ilegal, genera severos daños a los ecosistemas fluviales del Orinoco y sus caños. Se trata de la desviación de sus cursos de agua, alteración de su morfodinámica y composición química, envenenamiento de la ictiofauna (peces) y otras especies, en conclusión, la contaminación del río más importante del país, fuente de alimento, agua y vida para los pueblos que han vivido en perfecta armonía con el “Pataü” (Río Grande – Río Orinoco).
Para tener una somera idea del daño que genera la minería ilegal y empleo del mercurio en la extracción y procesamiento del oro, sería muy ilustrativo compartir una investigación publicada en 2011 por Fundación La Salle, donde luego de analizar muestras de cabello de mujeres Pemón de la Gran Sabana, Ye ́kwana y Sanema del río Caura (afluente del Orinoco), el 95% de ellas resultaron con 5 veces los niveles límites de concentración de mercurio, fijado por la Organización Mundial de la Salud. Aunque el estudio en referencia corresponde al estado Bolívar, la situación en el Amazonas no es diferente con los indígenas Ye ́kwana, Yanomami, Piaroa, Jiwi, Sanema, entre otros, debido a su exposición con este metal líquido. Esta situación agudiza el empeoramiento de patologías que pueda presentar la persona directa e indirectamente expuesta al mercurio, aparte del cuadro y sintomatologías propias.
Se trata de un verdadero desastre relacionado con la minería ilegal, que cada día crece más, con poco interés por parte nuestra sociedad sobre los impactos generados a los pueblos indígenas, sus territorios y hábitat. La indiferencia se convierte en irresponsabilidad y complicidad, cuando se trata de las instituciones del Estado venezolano, al mostrar una evidente actitud omisiva y complaciente, por no decir que forman parte del desastre en la región de mayor fragilidad social y ambiental del país.
La presencia de grupos irregulares en actividades extractivistas y conexas en esta región, ha determinado el aumento de una serie de indicadores sociales y culturales en la Amazonía – Orinoquía venezolana. En las aproximadamente 40 minas de oro (cifra conservadora) del estado Amazonas, es evidente la trata de personas, especialmente de niñas y adolescentes indígenas en actividades no acordes con su desarrollo emocional y psicológico, así como de mujeres indígenas en labores de semi esclavitud.
Los jóvenes indígenas, ante el cercenamiento de las oportunidades de desarrollo individual y comunitario, especialmente la falta de condiciones o servicios mínimos (gasolina, transporte…) para ejercer sus actividades económicas tradicionales, forzosamente han tenido que formar parte de la minería ilegal en condiciones paupérrimas y degradantes de la dignidad humana. Estas actividades ilegales también representan una invasión a las culturas indígenas, al generar una erosión a las milenarias practicas de estos pueblos ancestrales.
Estas son algunas de las causas que están originando una de las mayores olas de desplazamientos forzados del siglo XX – XXI de comunidades indígenas al sur de Venezuela. Esta movilidad involuntaria es el producto de un cumulo de presiones sociales generadas por la actual crisis sociopolítica y económica que experimenta nuestro país desde al menos una década, que en el caso de los pueblos indígenas amazónicos, pocos son los datos o indicadores presentados ante la opinión publica debido a la lejanía física y, lamentablemente, también moral y ética por parte de quienes tienen la responsabilidad del respeto y garantía de sus derechos.
Para poner en relieve lo que ocurre en el sur del río Orinoco, es necesario entender las complejas dimensiones de su problemática. No entenderlas desde ópticas frías de laboratorios sociales, sino desde las dramáticas realidades que hoy mismo están padeciendo los pueblos indígenas que reclaman el cese de hostilidades a sus territorios y sus culturas. Entenderlas desde la realidad del pueblo Yanomami, los que habitan en las fuentes del río Orinoco, que debido a la inexistencia de un sistema de salud intercultural en sus territorios, el número de enfermos encabeza la taza nacional de casos o patologías, que pudieran mitigarse si contaran con un medicamento o vacuna a tiempo para el sarampión o la oncocercosis, por ejemplo. Igualmente la prevalencia de malaria en la región, ocupan el primer y segundo lugar del país y Latinoamérica (Bolívar y Amazonas, respectivamente), generando altos niveles de morbilidad y mortalidad, que en la mayoría de esos casos, no logran ni siquiera formar parte de los registros epidemiológicos oficiales.
También azota a estos pueblos indígenas, a falta de un sistema de salud integral adaptado a sus condiciones geográficas y culturales, enfermedades como tuberculosis, hepatitis, helmintiasis, afecciones gastrointestinales, respiratorias, conjuntivales, problemas de salud bucal y muerte materna, este último ocupa en la región el primer lugar del país, lo que constituye una gravísima violación y desamparo de los derechos humanos de la mujer indígena.
En la medida que los pueblos indígenas que habitan al sur del río Orinoco tengan las condiciones mínimas para gozar de sus derechos específicos contenidos en el titulo VIII de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollados en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, serán capaces de procurar su propio bienestar como lo han hecho desde al menos 20.000 años de existencia en la región. El interés de occidente y desde los gobiernos sobre los indígenas, no debe continuar siendo desde la lógica electorera, desarrollista y economicista sobre sus territorios, que normalmente son intereses antagónicos a los de ellos.
Luis Betancourt Montenegro.
Investigador de Derechos Indígenas y Ambientales de la Amazonía. Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM).
