Hace 30 años se registró una de las masacres más terribles en la historia de Venezuela. En la región de Haximú, 16 indígenas Yanomami fueron asesinados por mineros ilegales que pretendían “exterminar a todos los Yanomami de la región”. A pesar de que han pasado tres décadas, aún no se ha cumplido la justicia en el caso y los Yanomami que quedan continúan luchando por sus derechos.
Sobre estos acontecimientos y la reiteración de la denuncia, se realizó un conversatorio en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) para conmemorar el aniversario de la masacre de Haximú. El evento promovido por Odevida capítulo Venezuela, Wayamoutheri, Centro de Derechos Humanos de la UCAB, PROVEA y otras organizaciones, se llevó a cabo la mañana del martes 10 de octubre, contó con la participación de familiares de los sobrevivientes, abogados que llevaron el caso a instancias internacionales y activistas de derechos humanos y organizaciones indígenas que persisten en exigir justicia.
Organizaciones Yanomami de Brasil, encabezadas por HUTUKARA ORGANIZACIÓN YANOMAMI, desde Boa Vista, estado de Roraima, participaron directamente en el evento, especialmente Darío Yanomami hijo de Dvaid Kopenawe, el principal líder Yanomami de Brasil. Además, se contó con la participación de personas de varias universidades de Brasil y de diversos movimientos sociales, eclesiales e indígenas.
Uno de los temas principales del conversatorio fue el grado de cumplimiento del Estado venezolano del Acuerdo Amistoso de 1998 suscrito en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el Estado venezolano admitió su responsabilidad por los hechos y se comprometió a establecer un Plan de Vigilancia y Control Conjunto, para monitorear y controlar la minería ilegal en territorios Yanomami, y la puesta en marcha del Programa Integral de Salud dirigido al Pueblo Yanomami.
La abogada de Provea, Elienai González, explicó que en la actualidad no se cumple con la atención adecuada en materia de salud ni protección a territorios indígenas Yanomami: “Persisten deficiencias para garantizar atención de salud al pueblo Yanomami, y no hay protección del territorio”. La especialista legal expresó que el propio Estado realiza actuaciones contrarias al deber de protección.
Los ponentes denunciaron complicidad de funcionarios con mineros
“Desde el 2018 hemos denunciado que entre Venezuela y Brasil aperan cerca de veinte mil mineros”, aseguró Luis Bello, abogado y director del Programa de Promoción de Derechos Indígenas Wayamoutheri.
El conversatorio reiteró la alerta de que los Yanomami sigan sufriendo las mismas injusticias y violaciones a sus derechos tras 30 años, por lo que consideraron como necesario que el Estado venezolano tome medidas efectivas y urgentes para garantizar la protección y el bienestar de los pueblos indígenas del país.
En el evento se hizo un llamado a la acción para todos aquellos que se preocupan por los derechos humanos y la justicia social en Venezuela. La masacre de Haximú no debe ser olvidada, sino recordada como una lección para nunca permitir que algo así vuelva a suceder.
Prensa Provea
