4 activistas venezolanas que impulsan la participación y el empoderamiento ciudadano en un país donde las mujeres enfrentan los aspectos más graves de la crisis. Desde cada uno de sus ámbitos: Una comunicadora empodera a jóvenes con la defensa del voto. Una enfermera preside un colegio de enfermería mientras mantiene la exigencia por salarios dignos. Una abogada coordina un movimiento por la visibilización y defensa de las personas LGBTIQ+. Una socióloga crea memoria histórica y trabaja con las juventudes.

La democracia es definida como un sistema político en donde el poder reside en el pueblo, su nombre viene del griego que significa demos, “pueblo” y kratos, “poder”. Es una forma de gobierno en la cual existe participación popular y en la que los ciudadanos pueden elegir y controlar, de manera directa o indirecta, a los gobernantes que los representan. 

La primera elección democrática en Venezuela, en donde pudieron participar todas las personas sin importar su género y aunque fueran analfabetas, ocurrió en 1947, cuando fue electo Rómulo Gallegos como Presidente de la República. Este proceso democrático fue interrumpido por un golpe militar y no sería hasta la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 cuando finalmente se instalaría un sistema político basado en el estado derecho, con la posibilidad de la alternancia en el poder de diversos partidos políticos.  

Han pasado 66 años de aquel cambio político en el que Venezuela se perfiló como un país democrático, pionero en América Latina por la libertad de pensamiento y opinión, el respeto a la pluralidad política y la práctica el diálogo social.. Sin embargo, estas características del sistema político venezolano se han deteriorado progresivamente en las últimas dos décadas. 

El Civicus Monitor, herramienta de investigación que proporciona datos sobre el estado de la sociedad civil y de las libertades cívicas en 196 países. En su informe El poder ciudadano bajo ataque 2023, califica actualmente el espacio cívico de Venezuela como “cerrado”, la peor calificación que puede recibir un país. Debido a casos de intimidación, censura, denegación en el registro de organizaciones. 

Para el año 2021 Venezuela ocupaba el puesto 103 de 190 países con mujeres en el parlamento y en el puesto 57 de 193 países respecto al porcentaje de mujeres en cargos ministeriales datos de la ONU Mujeres. Asimismo, el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) indica que las mujeres venezolanas afrontan una crisis multidimensional que las aparta de las decisiones de poder y la participación política debido a la Emergencia Humanitaria Compleja.     

En la actualidad, Venezuela atraviesa una Emergencia Humanitaria Compleja donde esas singularidades de la democracia están comprometidas. Tan solo en el año 2023, según cifras de la plataforma humanitaria HumVenezuela, unas 2,8 millones de personas tenía la intención de mudarse a otro país, sumándose a 7,7 millones que se han ido desde 2015, según La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) de Naciones Unidas .

En julio de 2023, funcionarios del Estado detuvieron a 33 personas en un local en el estado Carabobo, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV LGBTIQ+) alertó que podría estar iniciando un proceso de criminalización de personas LGBTIQ+ en el país. Sumado a 461 denuncias de acoso y ataques documentados por el Observatorio en 2023. 

Hablar de democracia es pensar en libertad, justicia y en una sociedad donde sus ciudadanos puedan ser como quieran ser. Así se imaginan y actúan cuatro mujeres venezolanas y trabajadoras sociales que luchan un país más justo y democrático. 

Desde cada uno de sus ámbitos o profesión: Una comunicadora social impulsa una de las parroquias más grandes de Caracas. Una enfermera preside un colegio de enfermería reconocido en el país. Una abogada coordina un movimiento que lucha por la visibilización, protección y defensa de las personas Lgbtiq+. Una socióloga crea memoria histórica y trabaja con las juventudes.

Mujeres que movilizan la participación de la ciudadanía en la construcción de una Venezuela democrática más allá del voto

Mariandreina Montilla es la coordinadora nacional de activismo y estructura de Voto Joven, una organización impulsada por jóvenes que promueven la participación ciudadana y la defensa de los derechos políticos y electorales entre jóvenes venezolanos, especialmente la inscripción ante el Registro Electoral y la Defensa del Voto. Además, hace trabajo comunitario en Catia, una de las 32 parroquias de Caracas, ubicada al oeste de la ciudad, para acabar con la estigmatización que existe en torno a la comunidad, lugar en el que vive. 

Mariandreina Montilla coordinadora nacional de activismo y estructura de Voto Joven en entrevista para Provea

Mariandreina se interesó por lo “público” y lo comunitario desde que empezaron las protestas en Venezuela en el 2014 por un cambio de gobierno, apenas tenía 18 años y sentía la necesidad de aportar algo para que se diera una transformación en el país. 

“Estaba bastante interesada en lo público y eso me llevó a incursionar en diversos espacios, como las ONG y hasta milité en un partido político. Empecé trabajo comunitario como la recuperación de espacios, entrega de juguetes, bastante focalizado en Catia y eso me dio la oportunidad de conocer personas del ámbito social y de diferentes liderazgos”.

Con 28 años de edad y con un año en la coordinación nacional de activismo y estructura de Voto Joven, Mariandreina intenta que el trabajo que hace sea un agente de cambio positivo hacia la sociedad y hacia su entorno.   

Con la emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela, las mujeres se han visto afectadas de manera diferenciada, así lo advierte el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) en su informe Participación Política de las Mujeres en Venezuela 2023, desplazándolas de la política y atribuyéndoles trabajos de cuidado. 

En el informe también destacan que de las más de cien organizaciones con fines políticos entre organizaciones nacionales, regionales e indígenas, solo pudieron constatar seis organizaciones que se encuentran actualmente lideradas por mujeres. El Movimiento Primero Justicia liderado por María Beatriz Martínez, Acción Democrática liderado por Isabel Carmona, Un Nuevo Tiempo liderado por Nora Bracho, Encuentro Ciudadano liderado por Delsa Solórzano, Vente Venezuela liderado por María Corina Machado, y la Causa R, donde la Secretaria General es Andrea Tavares.

Desde el 2021 solo dos mujeres están a cargo de gobernaciones en Venezuela, lo que se traduce en un 9% de representación femenina en estos cargos, con una brecha de género que supera el 90%. Para CEPAZ, esto representó un retroceso en términos de la participación igualitaria entre hombres y mujeres. Demostrando que los partidos políticos no tienen una voluntad real de incorporar a las mujeres en estos espacios, sino que además el Estado venezolano no ha dado una respuesta contundente a esta problemática.

“Me siento identificada con los valores de voto joven, con su liderazgo nacional, es un espacio que te permite hacer y crear. Tienes autonomía para poder desempeñar actividades en torno a la democracia, a la participación juvenil, visión con perspectiva de género, derechos humanos que son pilares fundamentales para lo que hago. Además, poco a poco fui reflexionando que parte de la transformación tiene que venir desde mi espacio que es Catia, uno de los principales lugares que sentía la necesidad de cambiar por la estigmatización que existe en torno a la comunidad. Hay demasiados prejuicios sobre la localidad y hacia las personas”. 

Para Mariandreina, la democracia va más allá de un concepto, “es una forma de vivir”. Donde se acepta la diversidad de pensamiento y la diversidad de las personas.

“Nuestras necesidades y solicitudes no van a ser tomadas en cuenta si nosotros no nos involucramos ni participamos en los espacios de toma de decisión y de poder. Desde la individualidad no vamos a lograr demasiado, sino desde la colectividad. En una Venezuela donde haya democracia seguiríamos siendo cuestionadores, con un proceso de veeduría, que las cosas se están haciendo bien y señalando lo que no se está haciendo bien y, en la promoción de los derechos humanos porque lo cierto es que va a ver un cambio y va a ver democracia, pero a Venezuela le falta mucho en términos de género de inclusión, de derechos en para la comunidad lgbtiq, hay un conjunto de cosas que nos va a llevar un tiempo construir”. 

El barrio es parte de la ciudad, no está al margen

“También mi trabajo estaría enfocado hacia la cultura y eso involucraría lo social y lo comunitario. Creo que resignificar, el desmitificar todos estos prejuicios en torno a las barriadas, es un trabajo importante que hay que hacer. Trabajar en un ámbito donde se pueda promover la cultura y enraizarse con el país, con la música, la gastronomía, las danzas. Crear espacios de encuentro para todos y todas desde la posibilidad de soñar, imaginar y vivir experiencias. Hacer de las artes un espacio accesible. Somos mucho más que la herida y el dolor”.  

Ana Rosario Contreras es una mujer de 60 años, dice su edad sin titubear, es licenciada en enfermería y desde el piso 1 de una casa ubicada en El Paraíso, al oeste de Caracas, preside el Colegio de Enfermería del Distrito Capital. En su oficina hay cientos de libros, el balcón es su pequeño jardín y una gata le hace compañía. Pero a Ana Rosario no le sobra carácter cuando habla de democracia y justicia, el mismo carácter que la llevó a las calles junto a sus colegas en el año 2015 a denunciar el abandono por parte del Estado al sistema de salud. 

“Desde el año 2015 salimos a la palestra porque empezamos a ver como se disminuían nuestros inventarios y no había decisiones. Empezamos hacer un llamado al Estado porque se estaba escaseando la comida, no había inyectadoras, los equipos no estaban funcionando. Vimos un abandono muy grosero del Estado al sistema de salud y salimos a protestar y pedir ayuda”.  

En el informe de Provea 2023 se denuncia que entre 2019 y 2023, 69,9% de la población perdió atención de salud, tanto en centros públicos como privados, por encontrarse cerrados, con incapacidad de atención o restricciones de horario, haciendo que en 2023, 36,6% de las personas con problemas de salud graves, crónicos y agudos, no pudiesen tener una atención médica adecuada y 32,7% recibir las medicinas necesarias para sus tratamientos.

Además, en el 2023 la inoperatividad y la falta de recursos críticos llevaron a una acumulación de más de 103,3 mil denuncias sobre deficiencias en el servicio, marcando un máximo histórico para el país. Denuncias que apuntan a constantes fallas de electricidad y desperfecto de plantas eléctricas por su excesivo uso; las interrupciones del servicio de agua, generando problemas de higiene en las instalaciones sanitarias y la interrupción de sesiones de diálisis para las personas con problemas renales; los déficits de ambulancias; la escasez de combustible; así como la falta de camas, por su deterioro y abandono , y de temperaturas adecuadas en procedimientos por ausencia de aire acondicionado.  

“En democracia yo tengo el derecho a estudiar con una educación gratuita y de calidad, tengo un sistema de salud fuerte que sea universal y accesible para todos, donde se me pueda solventar algún problema de enfermedad. En un sistema democrático, tengo el derecho de tener un salario digno, un trabajo que me permita un retorno económico que satisfaga mis necesidades y las de mi entorno familiar”. 

Durante el mismo 2023, el sistema sanitario público continuó presentando las consecuencias negativas del colapso estructural que data desde 2012, advirtió el Informe Anual de Provea Informe-Provea-BN-2023-compressed.pdf . Registrando una caída estimada mayor a 70% de los servicios de los hospitales, 80% de los ambulatorios y 90% de los centros de atención primaria del país, de acuerdo con reportes y datos independientes de varias fuentes nacionales, en ausencia de estadísticas oficiales sobre las políticas, planes y desempeño de los centros de salud.

A pesar de que las protestas de los trabajadores públicos han cesado, las exigencias de Ana Rosario por querer una sociedad más justa, equilibrada y productiva no han parado, pero ahora a través de educar a las personas a participar en el cambio.

“Un proceso electoral es la manera más pacífica, pero más contundente que tienen los demócratas para elegir sus nuevas autoridades, pero nosotros tenemos que entender que el voto no es un cheque en blanco. Con el voto tiene que haber contraloría social, hay  figuras importantísimas en la Constitución que dicen que ese funcionario que el pueblo invistió de autoridad para la gobernanza puede ser removido con un referendo revocatorio”.

Para Ana Rosario Contreras, la enfermería es el “corazón palpitante”, es la que se encarga de operativizar el plan que el médico labora, garantiza que el paciente tenga higiene y confort. Es por ello, que cuando se imagina un país en total democracia quiere recuperar la formación y los valores de la enfermería. 

Ana Rosario Contreras presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital en entrevista para Provea

“Quiero formar parte del equipo de reconstruir el sistema de salud. Creo que el sistema de salud debe garantizar el derecho a las y los venezolanos que hoy se aquejan. Quiero seguir luchando por el gremio de enfermería, somos 59 % del equipo de  salud, somos hombres y mujeres que la sociedad no nos ha dado justo reconocimiento, normalmente se ve a la enfermera como la que pone una inyección o la que pone una curita y eso no es enfermería, es un profesional de salud que ha estudiado cinco años en la universidad para gerenciar el cuidado del paciente. La o el enfermero da cuidado dentro de un marco científico donde sabemos qué hacer, cómo hacer”.  

Ser embajadora

“Quiero ser la embajadora para que la sociedad venezolana y el mundo entienda la importancia un profesional de enfermería dentro del equipo de salud, porque hay estudios que han demostrado que cuando disminuye el número de enfermeras en un hospital aumenta el riesgo de morir el paciente y esto no tiene otra significación que es que no hay quién cuide porque cada uno de los diferentes gremios que hacemos vida en el sector salud tiene un rol importante”.

Showny Azar, tiene un ímpetu hacia la justicia que la impulsa a trabajar por una sociedad más equitativa. Tiene 29 años. Es socióloga de profesión y en el año 2019 junto a Verónica Chópite fundaron el Observatorio de Juventudes de Venezuela. Organización que estudia y trabaja con jóvenes.

“Decidimos crear el observatorio de juventudes porque nos dimos cuenta que hay muchas organizaciones que hacen cosas con los jóvenes pero ninguna los estudia como tal. En el 2022 hicimos nuestro primer proyecto, la Cátedra del Sentido con 40 jóvenes de Caracas para contar experiencias y vivencias en marco del sistema autoritario venezolano. Salieron relatos que tuvieron que ver con la crisis humanitaria compleja, la escasez y las protestas de los años 2014 y 2017. Hicimos un análisis de cómo están viviendo los jóvenes en Venezuela y además preservamos memoria histórica que era el fin principal del proyecto”. 

Para Showny, en una sociedad “adultocéntrica”, es importante enfocarse en los jóvenes para saber cómo se han desarrollado en el contexto del gobierno venezolano. Debido a que en el informe la Cátedra del Sentido determinaron que: los patrones y los estilos de vida de las juventudes se han visto totalmente modificadas producto a la precarización de la vida, la falta de libertades fundamentales y la característica violencia política. 

Precisión a la que llegaron luego de recoger relatos de los 40 jóvenes en doce categorías que fueron: protestas, estrategias políticas, polarización, víctimas; cárceles y presos, miedo, hambre, escasez, pobreza, humor, sentimientos, ausencia de normalidad, visiones de futuro.

También señala el informe que: en Venezuela las juventudes se gestan como una población pospuesta por su falta de experiencia, pero también por el no reconocimiento de sus capacidades para que integren estructuras propias, con autonomía para acumular capacidades, generar identidades e incidir en su entorno.      

“Nos vinculamos mucho con lo juvenil porque vivimos este sistema desde que empezó Chávez en el año 1998 hasta nuestros días. Es importante saber si los jóvenes reproducen o no prácticas autoritarias tomando en cuenta que han vivido en este mismo sistema siempre. Nos hemos dado cuenta que las sociedades, instituciones y partidos políticos son muy adultocéntricos y han hecho creer que los jóvenes no tienen voz ni voto en los asuntos públicos y no es así porque la visión de ellos es necesaria para construir democracia”.

Hay tres pilares fundamentales que delimitan la democracia en un país, según Showny y son: libertad, instituciones y memoria.

“Democracia principalmente es libertad, instituciones y memoria. Me he dado cuenta que la democracia también se trata de eso porque venimos arrastrando malas prácticas estatales de hace más de 40 años, muchas situaciones que han requerido de una política de memoria de estado para la justicia y para la reconciliación y eso es algo que no se ha dado y nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Libertad para poder ejercer nosotros individualmente y como colectivo, como queramos ser todo bajo el marco de las normas y las leyes y, las instituciones, separación de poderes para que todos los ciudadanos tengan un trato por igual, independiente de su ideología, raza o clase social”. 

Seguir fortaleciendo la democracia aún en un país plural

“Enseñar a los jóvenes que desde su rol contribuyan a la democracia no necesariamente desde un partido político sino desde cada espacio, familiar, ciudadano, público o privado. Aportaría desde la investigación que es también una de mis áreas, en temas de juventudes y políticos, y con otras organizaciones en la construcción de memoria que es algo muy progresivo que no para, para obtener justicia, reparación y verdad a las víctimas. 

Las organizaciones de la sociedad civil siempre serán necesarias aún estando en un país democrático porque  cumplen el rol de ser el contralor ciudadano para observar el estado, velar para que la ciudadanía esté en buenas condiciones, para que los derechos humanos se garanticen y para velar y hacer que se cumplan los derechos que están en la constitución”.  

Betzabeth Bracho es una joven abogada de 29 años que coordina dos organizaciones en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, en el occidente de Venezuela. Una es la fundación La Papelera tiene hambre que se enfoca en disminuir los altos niveles de contaminación a través de la educación ambiental y actividades de impacto, para incentivar la participación ciudadana y los cambios de hábitos y de consumo por unos más sostenibles. 

Y la otra es Somos Mov, un movimiento que lucha por la visibilización, protección y defensa de las personas Lgbtiq+. 

En el año 2023 ocurrieron 461 casos de violencia hacia las personas Lgbtiq+ según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV LGBTIQ+). En su informe Voces contra el prejuicio presentado en mayo de este año, destaca que de esos 461 casos registrados más de la mitad fueron discursos discriminatorios, con 235 casos (50,98 %), seguido de los incidentes discriminatorios, con 160 casos (34,71 %), así como los delitos basados en prejuicios por orientación sexual, identidad, expresión de género o diversidad corporal, con 50 casos (10,83 %). 

La violencia intragénero, con 8 casos (1,74 %); la violencia extrema, con 4 casos (0,87 %); la violencia autoinfligida o suicidios, con 3 casos (0,65 %) y las desapariciones, con un caso (0,22 %) completan el listado de violencias más comunes hacia esta población.

En América Latina solo en 8 países es legal el matrimonio igualitario, Venezuela no está entre ellos ni tampoco está permitido el derecho a la identidad para las personas trans.

Betzabeth cree que la forma en que pudiesen estar representadas distintas opiniones y prevalecer el interés colectivo de manera libre y no impuesta, es a través de la democracia. 

“Las personas tenemos que poder opinar sobre los temas que nos compete, que las organizaciones con su experticia decir cómo pudieran ser algunas cosas junto con la academia, que la sociedad se organice, que los políticos escuchen más a las personas que tenemos mucho que decir y que hayan votaciones en los que en verdad se muestran propuestas y no personas. Las propuestas son muy importantes y es lo que debería ser una democracia con distintas ideas y argumentos”.

Desde hace 12 años, Betzabeth, forma parte de la fundación La Papelera tiene Hambre, donde incentiva la participación ciudadana con una fuerza y voluntad para cambiar el lugar en el que vive. Recuperando espacios verdes, recolectando plástico y educando sobre el ambiente desde la escuela hasta en las calles. Desde que estudiaba en La Universidad del Zulia se dio cuenta que tenía que empezar hacer algo por la ciudad.     

Un gobierno abierto con datos

Betzabeth se imagina una Venezuela democrática con un gobierno transparente, donde las personas puedan confiar en los procesos que se dan.  

“De mi parte seguiría en el tema ambiental porque veo como el cambio climático va afectando cada día más a distintas poblaciones. Trabajaría en producciones audiovisuales para incentivar nuestra cultura, para honrarla porque no se le da el valor que merece y se cree que la cultura de otros países es la mejor. Mostrar también que hay otras formas de vivir y que todos somos distintos. Lo que más importa es trabajar por el bien común y colectivo, cuidar el ambiente y cuidarnos a nosotros mismos desde la diversidad, la tolerancia y el respeto”. 


Prensa Provea.