Señor Vice-Presidente, Excelencias, Distinguidos delegados y delegadas,
Quisiera actualizar al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, según lo dispuesto en la resolución 57/36 del Consejo.
Mi Oficina ha empezado a reanudar sus operaciones en el país en las últimas semanas.
Mi esperanza es que podamos recuperar nuestra plena presencia.
Como en otras situaciones, mi Oficina puede desempeñar un papel importante teniendo puentes entre las instituciones del Estado y la población del país.
Echando la vista atrás a los últimos meses, sigo profundamente preocupado por el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas postelectorales de julio y agosto, incluso por parte de civiles armados que apoyaban al gobierno. Insto a que se lleve a cabo una investigación rápida y efectiva de al menos 28 homicidios que, según se reporta, incluyeron a manifestantes, transeúntes y miembros de las fuerzas armadas.
Las autoridades han confirmado la detención de unas dos mil personas desde las elecciones. Me preocupa que muchas de estas personas han sido detenidas arbitrariamente, incluidos adolescentes y adultos jóvenes, miembros de la oposición, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y abogadas, así como transeúntes.
Las autoridades anunciaron la liberación inicial, con condiciones, de más de un centenar de personas detenidas. Desde entonces han anunciado nuevas liberaciones. Se trata de un paso importante. Animo a las autoridades a que revisen los casos de las personas que siguen detenidas, en consonancia con las garantías procesales internacionales y otras normas de derechos humanos.
Insto a que se ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, tanto antes como después de las elecciones presidenciales. Esto incluye a los defensores de los derechos humanos, como Javier Tarazona y Rocío San Miguel, y a los trabajadores humanitarios.
También insto a las autoridades a que ofrezcan garantías de un juicio justo a las personas detenidas. Esto incluye permitirles designar a un abogado de su elección y proporcionar a las personas indígenas intérpretes.
Me preocupa el uso continuado de la legislación antiterrorista contra manifestantes, incluidos adolescentes, y los informes sobre desapariciones forzadas y malos tratos.
Insto a las autoridades a que cumplan su obligación de garantizar que las condiciones de detención se ajustan a las normas internacionales. Las autoridades deben proporcionar alimentos adecuados, agua potable y atención médica a todos los detenidos, muchos de los cuales están recluidos en celdas superpobladas y necesitan urgentemente atención médica.
El espacio cívico en Venezuela sigue estando restringido.
Mi Oficina ha recibido informes fidedignos de que personas defensoras de los derechos humanos, dirigentes sindicales, periodistas, miembros de la oposición, trabajadores humanitarios y personal que trabaja en los colegios electorales han sido objeto de amenazas y hostigamiento. Dado que muchos han abandonado Venezuela, animo a los Estados de la región a garantizar su protección internacional y a adoptar un enfoque flexible en relación con los documentos de identidad expirados.
Según se reporta, al menos tres organizaciones no gubernamentales han cesado sus actividades en medio de denuncias de vigilancia, persecución y actos de represalia, como detenciones selectivas y cancelación de pasaportes. Esto contribuye a crear un clima de temor y tensión social e impide que las organizaciones de la sociedad civil lleven a cabo su vital labor.
La legislación restrictiva, como la Ley Simón Bolívar y la Ley de ONG, aumenta mi preocupación. Estas nuevas leyes corren el riesgo de vulnerar el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y participación política.
Es esencial que las autoridades tomen medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esto es importante para cualquier sociedad, y especialmente en Venezuela ante la toma de posesión en enero y las elecciones previstas para el próximo año.
Se necesitan con urgencia negociaciones políticas entre las distintas partes interesadas para acordar un camino viable.
Pido que todos los procesos electorales sean transparentes, inclusivos, pacíficos y plenamente acordes con las normas internacionales de derechos humanos.
También seguimos de cerca la situación de las seis personas que se encuentran en los locales de la embajada argentina, y estamos dispuestos a apoyar todos los esfuerzos para encontrar una solución.
Los y las venezolanas se enfrentan a graves obstáculos para acceder a la alimentación, la educación, la atención sanitaria y un trabajo digno, incluido un salario digno. Los salarios siguen siendo extremadamente bajos a pesar del aumento del 8,5% del Producto Interno Bruto registrado el año pasado. Las comunidades marginadas y aisladas se ven desproporcionadamente afectadas por la falta de servicios básicos. Insto a las autoridades a que aborden estos problemas de derechos humanos en consonancia con sus obligaciones internacionales.
El reciente anuncio de medidas para mejorar las condiciones de trabajo de los profesores es un paso adelante. Sin embargo, me preocupan los informes sobre la suspensión arbitraria de los salarios de los docentes, el despido injustificado de trabajadores y la jubilación forzosa de dirigentes sindicales, incluso por sus opiniones políticas.
Algunas comunidades indígenas también se enfrentan al impacto de la minería ilegal en su territorio. Las operaciones militares contra estas actividades deben ir acompañadas de la reintegración social y de un componente civil, y deben respetar el consentimiento libre, previo e informado.
Me alarman las noticias sobre el asesinato de un guardián indígena que participaba en la protección del territorio frente a la minería. Pido que se lleve a cabo una investigación transparente sobre este homicidio, y sobre el homicidio del defensor de los derechos de los pueblos indígenas, Virgilio Trujillo, hace dos años.
También me gustaría señalar de nuevo que las amplias sanciones sectoriales tienen un impacto desproporcionado en los más vulnerables, y también afectan al trabajo de algunas organizaciones de derechos humanos y humanitarias. Es necesario reevaluarlas y levantarlas.
Sr Presidente, Excelencias,
Visité Venezuela hace casi dos años, y lo siento por la gente del país, que ha pasado por momentos muy difíciles. Me quedó claro entonces, como ahora, que la sociedad necesita sanar, superar las divisiones y la polarización, y entablar un diálogo inclusivo como prioridad absoluta.
Estamos dispuestos a apoyar al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela en estos momentos difíciles, en un espíritu de compromiso constructivo.
FIN
