Este 8 de enero de 2022 se cumple un año de la masacre de La Vega, en Caracas, donde un operativo de seguridad del Estado venezolano arrojó la lamentable cifra de 23 personas asesinadas a manos de policías y militares, la mayor cantidad de víctimas en una sola incursión de seguridad durante los últimos 50 años en Venezuela.
PROVEA, Centro Gumilla y su proyecto Lupa por la vida presentan “A un año de la masacre de La Vega: Responsables deben rendir cuentas ante la justicia” un informe sobre los antecedentes, contexto, operativo, ejecuciones, denuncias, conclusiones y recomendaciones tras cumplirse un año de la masacre de La Vega, en Caracas.
Ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la masacre de la Vega podrían constituir crimen de asesinato como crímenes de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, denuncian las organizaciones PROVEA, Centro Gumilla y Lupa por la Vida
Para las organizaciones la impunidad continúa triunfando luego de un año de los lamentables acontecimientos, incluso tras denuncias formales de familias que acudieron a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de Venezuela: “No se conoce avance en las investigaciones ” recalcan en el documento de 36 páginas.
La casi totalidad de las 23 víctimas primero fueron detenidas y posteriormente asesinadas delante de sus familiares o en lugares cercanos a los sitios donde fueron detenidas, denuncia el informe. Algunas de las personas que sufrieron ejecución extrajudicial fueron fotografiadas aún con vida por los funcionarios policiales, según el material recolectado.
En el informe también se denuncia la identidad de algunos de los funcionarios que participaron y que pudieran tener responsabilidad en los crímenes perpetrados. A un año de la masacre aún no han rendido cuentas ante la justicia.
¿Qué pasó en La Vega?
El 08 de enero de 2021 unas 23 personas fueron asesinadas en el conocido sector popular La Vega, sur oeste de Caracas, capital de Venezuela. Todas las personas asesinadas eran civiles, no se reportó ninguna muerte de funcionarios policiales y militares.
Los reportes que se conocieron por medios independientes, redes sociales, e información del director de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) señalaron heridos y asesinatos de presuntos delincuentes aparentemente en enfrentamientos.
Los familiares de las víctimas y vecinos del sector denuncian que las personas asesinadas no estaban vinculadas a bandas delictivas, pero fueron ajusticiadas luego de haber sido detenidas dentro de sus viviendas o en la calle. La versión oficial contradice con la versión de los familiares de las víctimas y la población. Desde entonces no se ha abierto una investigación.
Política sistemática
Las organizaciones alertan que la masacre de la Vega es el resultado de una política de Estado con ejecuciones extrajudiciales generalizadas y sistemáticas contra la población civil en las zonas pobres de Venezuela, las cuales podrían constituir crímenes de derecho internacional. Una política apuntalada por una impunidad estructural que favorece la repetición de las violaciones con pleno conocimiento de las más altas autoridades del Estado venezolano, denuncia el informe.
Tras un año los familiares de las víctimas no han recibido un trato digno, señalan las organizaciones de derechos humanos. Además, aseguran que es un trato inhumano ocultar información de lo que pasó, no tramitar las denuncias y dejar a las familias desamparadas en la búsqueda de justicia.
Algunas de las ejecuciones
En el Informe se relata la lamentable ejecución extrajudicial de los hermanos Ángel Jesús y Giovani Daboín Palma Martínez, de 27 y 32 años respectivamente, quienes fueron detenidos sin una orden judicial y ajusticiados en su casa a manos de nueve funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.
“Los funcionarios le dispararon a Ángel primero un tiro en la pierna y no dejaron que sus familiares lo atendieran, a pesar que solicitaba ayuda. Luego le dieron un tiro a la altura del tórax. Sin embargo, su muerte no fue instantánea. Pedía auxilio y los funcionarios no le prestaron auxilio ni permitieron que su tío y hermanos lo auxiliaran. A Giovanni le disparan en otro lugar de la casa. Le dan dos tiros. Uno en la frente de la cabeza y otro en el tórax. El acta de defunción no deja señalado el tiro recibido en la frente de la cabeza” señala el informe.
Silencio del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo
Alfredo Infante, párroco de la iglesia San Alberto Hurtado de La Vega y miembro del Centro Gumilla, denuncia que en el marco del operativo policial se crearon “falsos positivos” ya que según el informe la mayoría de las víctimas no estaban en la confrontación ni vinculadas a las bandas delictivas.
Infante alerta que a pesar de la magnitud de los lamentables hechos, ni el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, ni el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se han pronunciado tras 12 meses y no han abierto ninguna investigación que se conozca.
Marino Alvarado, Coordinador de Investigación de Provea, destaca que el informe insta a que El Ministerio Público dé a conocer la identidad de cada una de las víctimas del operativo policial militar que culminó en una masacre: “El Ministerio debe garantizar protección a los testigos claves y familiares de cada una de las víctimas”
Alvarado recalca que la Defensoría del Pueblo debe convocar y acompañar a los familiares en la exigencia de justicia, exhortando y cooperando con el Ministerio Público en las investigaciones correspondientes.
Exigencias ante la impunidad
PROVEA, Centro Gumilla y su proyecto Lupa por la vida hacen un llamado a las autoridades venezolanas a investigar a los autores materiales y la cadena de mando con responsabilidad en los crímenes perpetrados en la masacre de La Vega, de acuerdo con el Memorando de Entendimiento suscrito entre el Gobierno de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Personas como la Almirante Carmen Meléndez, quien en su momento era la que dirigía todos los organismos policiales en Venezuela, al frente del Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz; a José Miguel Domínguez, director de las FAES que dirigió el operativo; como a otros funcionarios que participaron.
Además, piden que se disuelva a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana por su amplio prontuario de graves violaciones a los derechos humanos. Reiteran su llamado de alerta a los cuerpos armados del Estado que continúan realizando privaciones arbitrarias de la vida: “Deben cumplir con los protocolos de actuación de la fuerza pública en operativos de seguridad ciudadana con plena preservación de los derechos humanos”
Finalmente, señalan que se debe indemnizar a cada una de las familias afectadas por las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la masacre de La Vega. Lamentan que la crisis de los servicios públicos y los reclamos de la población de La Vega continúen sin ser escuchados.
A un año de la masacre, desde Lupa por La Vida, Centro Gumilla y PROVEA seguimos exigiendo #JusticiaParaLaVega
Descargue el informe completo AQUÍ
lavega-1ano-1
