Presentación de Provea durante el evento paralelo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre “La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela ¿Debería prorrogarse su mandato?”, Ginebra, 15 de marzo de 2022.
Lo que se ha puesto en evidencia es que las ejecuciones extrajudiciales son una política de Estado, que puede ser sustancialmente modificada en corto plazo y que no se trata de un voluminoso conjunto de “casos aislados”
¿Puede un gobierno de facto que ha desmontado el Estado de Derecho cumplir de buena fe con los tratados internacionales de derechos humanos? En efecto, el Principio de la Buena fe, previsto en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, es una de las piedras angulares del derecho internacional incluido el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Su cumplimiento require por lo menos de dos condiciones esenciales: un estado democrático y una comunidad internacional que vele por el cumplimiento de ese principio.
Un Estado democrático necesita contrapesos institucionales basados en el principio de separación de poderes. En este sentido, el actual gobierno de facto ha sido posible gracias a la inexistencia un Consejo Nacional Electoral independiente lo que llevó a unas votaciones presidenciales en mayo de 2018 y unas votaciones parlamentarias de diciembre de 2020, que no fueron elecciones libres, ni inclusivas, ni transparentes. De otro lado, la persecución contra la oposición política democrática ha sido posible gracias a un poder judicial que, según el informe de la Misión de Determinación de los Hechos (MDH) de septiembre de 2021 “En lugar de actuar como un contrapeso de otras instituciones del Estado y ofrecer protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ha facilitado su comisión y ha contribuido a la impunidad”. Mención especial merece la Defensoría del Pueblo venezolana, silente e inactiva ante las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en el país. No en vano esa defensoría ha quedado clasificada por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) (la institución competente y asociada a la ONU) en la categoría “B” y no en la categoría “A” que es atribuida a las instituciones que cumplen totalmente con los Principios de París.
Con un escenario interno tan adverso, corresponde a la Comunidad Internacional garantizar que el Estado venezolano cumpla con el principio de la buena fe. Tras denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, el gobierno de Maduro, imposibilitado de también patear el tablero en la ONU, trata de reducir el rol del sistema universal a una mera relación instrumental de cooperación para la que tampoco existen garantías en la institucionalidad nacional. La sola presencia de la ACNUDH en Venezuela sin mecanismos robustos que busquen la rendición de cuentas por responsabilidades individuales como la MDH, esa sola presencia es ampliamente insuficiente para revertir la consolidación de las políticas de Estado que resultan en graves violaciones a los derechos humanos y en crímenes de lesa humanidad, actualmente bajo investigación en la CPI.
Un ejemplo ilustrativo es lo que ha ocurrido con las ejecuciones extrajudiciales en los últimos dos años:
En el año 2021 se cometieron 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado (Lupa por la Vida: Centro Gumilla y Provea). Si bien se constata que hubo una baja considerable en comparación con el año 2020 cuando Lupa por La Vida registró 3.034 víctimas, consideramos que esta práctica se mantiene como política de Estado.
Creemos que cuando se detecta una disminución significativa en el número de víctimas en tan corto tiempo es porque existe decisión política de quienes detentan el poder, para bajar las cifras de violaciones al derecho a la vida. En particular, hay una reducción de la participación en operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y un repliegue de las FAES en varios estados y a nivel nacional. En consecuencia, en 2021 las FAES fueron sustituidas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, como la instancia policial con más violaciones al derecho a la vida, como responsables de 347 presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo que representa el 25%, seguidas por las policías estadales responsables de 426 muertes, para un 30%. Las principales víctimas de esta política de Estado siguen siendo jóvenes de zonas populares en edades entre 18 y 24 años.
Lo que se ha puesto en evidencia es que las ejecuciones extrajudiciales son una política de Estado, que puede ser sustancialmente modificada en corto plazo y que no se trata de un voluminoso conjunto de “casos aislados”. Una disminución tan significativa en las ejecuciones extrajudiciales no habría sido posible sin mecanismos de monitoreo internacional que favorezcan el establecimiento de responsabilidades del Estado, pero especialmente las responsabilidades de individuos que ejercen hoy las potestades del Estado en Venezuela. Y es allí donde la MDH ha jugado un rol esencial con sus investigaciones y sus informes: ha permitido salvar vidas al evidenciar esa política de Estado. Renovar su mandato en septiembre de este año permitirá mantener la presión sobre las cadenas de mando y los más altos responsables, y hacer más viable el desmonte de una política de Estado que victimiza a los sectores populares venezolanos.
El gobierno de Maduro busca retrasar o detener los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos mientras mantiene una política de Estado para cometer violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. No busca fortalecer el funcionamiento del Estado de derecho y de los poderes democráticos en el país, sino evitar que se establezcan las responsabilidades individuales. De allí que, para garantizar el principio de buena fe, sea indispensable mantener una dualidad entre mecanismos que señalan la responsabilidad del Estado, como el ACNUDH, y los que señalan responsabilidades individuales, como la Corte Penal Internacional y la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
Muchas gracias.
