“Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral […] Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano… Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza… ” Derecho a la Integridad Personal. Constitución República Bolivariana de Venezuela
Marisol Bustamante fue detenida arbitrariamente el pasado 9 de febrero en la ciudad de Siquisique (Lara) tras enfrentar al Gobernador de Lara, Adolfo Pereira, por la crisis en servicios públicos y una denuncia de supuestos medicamentos vencidos entregados al hospital Luis Ignacio Montero de esta ciudad.
Marisol vivió una detención arbitraria tras preguntarle al gobernador por estos problemas y grabar con su teléfono móvil: “El gobernador se molestó por las preguntas. Al terminar y disponerme a salir de las instalaciones del hospital me abordó un militar con rango de general que me ordenó decirle de dónde venía y para dónde iba la grabación” seguido a esto fue trasladada sin orden judicial a la comandancia de la policía Estadal de Siquisique.
Uso arbitrario de su teléfono
Los funcionarios la revisaron sin contacto físico, la mantuvieron detenida por más de una hora, pero eso no bastó. Marisol detalla que su teléfono fue confiscado, le revisaron todo el material de las preguntas al Gobernador, eliminaron todo su contenido y la amenazaron con que no debía haber nada “indebido” que pusiera en duda el “desempeño” del Gobernador. Una arbitraria violación al debido proceso y posesión de sus pertenencias privadas por exigir respuestas.
Marisol fue liberada, pero se sintió vulnerable tras este oscuro episodio. Hoy desea dar a conocer esta situación ya que teme que se repita con otros activistas que trabajan en el Estado Lara, sumado a las constantes amenazas que las organizaciones de la sociedad civil reciben del Gobierno de Maduro.
Patrón de persecución
La detención de la activista Marisol Bustamante es otra muestra del patrón de persecución y criminalización a los activistas, organizaciones venezolanas y sociedad civil en Venezuela. Solo en 2020 la fundación Prepara Familia, la ONG Acción Solidaria, la asociación civil Convite, Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive fueron víctimas de visitas policiales, detenciones, allanamientos y hostigamiento. Recientemente, 5 trabajadores de la ONG Azul Positivo también fueron detenidos, excarcelados y con medidas de presentación cada 30 días, los cargos que les acusan todavía no han sido retirados.
Desde Provea reiteramos la necesidad de respetar el debido proceso y detener la persecución y criminalización contra los miembros de la sociedad civil venezolana. Nos mantenemos firmes en la vigilancia y denuncia de las vulneraciones al derecho a la integridad y cualquier otra presunta violación de Derechos Humanos.
Prensa Provea
