La situación de los derechos humanos en Venezuela continúa deteriorándose de manera alarmante, apuntó este viernes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tras presentar un informe sobre el país.
Volker Türk indicó ante el Consejo de Derechos Humanos que su Oficina documentó una serie de violaciones, entre las que destacan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, particularmente en el contexto de las recientes elecciones parlamentarias y presidenciales. El informe abarca el año iniciado el 1 de mayo de 2024.
Uno de los hechos más preocupantes ocurrió antes de los comicios del mes pasado, cuando las autoridades venezolanas detuvieron a cerca de 70 personas, incluyendo figuras de la oposición, defensores de derechos humanos y 17 ciudadanos extranjeros, bajo acusaciones de pertenecer a un grupo terrorista.
Tras las elecciones, el gobierno afirmó haber desmantelado una presunta red terrorista vinculada con organizaciones humanitarias y de derechos humanos, incluida PROVEA.
En este sentido, Türk reiteró que la legislación venezolana contra el terrorismo y su aplicación “contradicen las normas y el derecho internacional. La mayoría de las personas detenidas por delitos relacionados con el terrorismo son sometidas a procedimientos judiciales que no cumplen con los estándares internacionales”, dijo.
Desapariciones forzadas y detenciones
El informe también señaló que al menos 28 personas fueron víctimas de desaparición forzada después de los comicios presidenciales de julio de 2024, doce de ellas son extranjeras y se encuentran sin acceso a asistencia consular. Además, se documentaron 32 casos de tortura y malos tratos en prisión, 15 de los cuales involucraron a adolescentes.
De acuerdo con el documento, las condiciones de detención son inhumanas. Los detenidos tienen un acceso limitado a atención médica, alimentos y agua potable, y algunos fueron aislados luego de denunciar públicamente esta situación.
Discriminación y falta de participación de las minorías
El informe subraya con preocupación la ley de ONG aprobada en noviembre de 2024 al considerar que la normativa ha dificultado el registro legal de organizaciones sociales, imponiendo requisitos arbitrarios y tarifas ilegales, lo que ha obligado a muchas ONG a cesar operaciones en el país.
Asimismo, da cuenta de la falta de participación de mujeres y otros grupos marginados en la vida pública, la criminalización del aborto incluso en casos extremos, y la discriminación persistente hacia personas LGBTIQ+, quienes son víctimas de delitos de odio y violencia en centros de detención, sin acceso efectivo a la justicia.
Crisis económica e hiperinflación
Por otra parte, la situación económica del país, ya precaria, se ha agravado con el cese de operaciones de la empresa petrolera Chevron, lo que ha contribuido a una nueva ola de hiperinflación. El salario mínimo, que se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares (menos de un dólar), no alcanza ni para cubrir el costo de un cartón de huevos.
Además, los servicios públicos venezolanos atraviesan una crisis, explicó Türk, detallando que el 50% de los estudiantes asistieron a clases de forma irregular en 2024, y el 91% de los hospitales encuestados entre enero y julio de ese año exigieron a los pacientes llevar sus propios insumos médicos para cirugías.
Llamado al gobierno estadounidense
El Alto Comisionado también se refirió con preocupación a los venezolanos deportados de Estados Unidos, muchos de los cuales enfrentan riesgos graves al regresar, e instó al gobierno estadounidense a detener esas deportaciones.
“Reitero mi llamamiento al gobierno de Estados Unidos para que garantice el cumplimiento del debido proceso, implemente los veredictos de sus tribunales, salvaguarde los derechos de los niños y detenga la deportación de cualquier persona a cualquier país donde exista riesgo de daño irreparable”, enfatizó.
Liberación de las personas detenidas arbitrariamente
Antes de terminar su intervención, Türk urgió a la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidos defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres.
Del mismo modo, pidió el fin de las desapariciones forzadas, la asistencia consular para extranjeros detenidos, y la derogación de leyes que restringen el espacio cívico y democrático.
Finalmente, refrendó su compromiso con el diálogo y la cooperación, siempre que se garantice el regreso pleno de su equipo a Venezuela y la implementación efectiva del mandato de la ONU en el país.
Provea alerta sobre castigo a quienes defienden derechos
Durante el mismo diálogo interactivo en el Consejo, la organización venezolana PROVEA denunció que, a medida que el Estado de derecho se extingue en Venezuela, se incrementa la persecución a las voces críticas y a cualquier persona percibida como disidente. Al menos 932 personas continúan detenidas por motivos políticos, según Foro Penal.
La organización destacó los casos de tres personas defensoras que hoy se encuentran privadas de libertad por su labor: Rocío San Miguel, quien desde 2005 exigía rendición de cuentas al poder militar; Javier Tarazona, que documentaba y denunciaba la presencia de grupos armados en la frontera colombo-venezolana; y Eduardo Torres, abogado de PROVEA que defendía a trabajadores perseguidos y acompañaba a familiares de presos políticos.
Pese a no haber trabajado juntos, compartían una misma vocación por la defensa de la dignidad humana. Hoy, enfrentan graves represalias: Tarazona fue detenido en julio de 2021 tras acudir al Ministerio Público a denunciar amenazas; San Miguel fue arrestada en febrero de 2024 y acusada de terrorismo y traición a la patria; y Torres, desaparecido en mayo de 2025, permanece aislado en la sede del SEBIN El Helicoide sin acceso a su familia o abogados
“Nadie debería estar preso por defender derechos”, señaló PROVEA. La organización se sumó al llamado para que cesen las detenciones arbitrarias, las violaciones al debido proceso y las prácticas lesivas como el aislamiento prolongado y la incomunicación.
Finalmente, PROVEA subrayó que la única salida a la crisis venezolana es el cumplimiento de la Constitución y llamó al Consejo de Derechos Humanos a mantener su vigilancia sobre la situación en el país, ante la persistente falta de independencia de los poderes públicos.
Próximamente, informe completo en español.
