El año 2017 constituye para Venezuela, un punto de inflexión. Muchos venezolanos y extranjeros que hacemos vida en el país salimos a manifestar pacíficamente exigiendo nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución; un grupo significativo de ellos, eran jóvenes cuyo descontento los llevó a mantener una férrea posición de permanecer en las calles ejerciendo su derecho a la protesta por un período aproximado de 5 meses entre abril y agosto. Todos fueron reprimidos brutalmente por las fuerzas represoras del Estado y muchos fueron asesinados.
A 7 años de las ejecuciones de nuestros seres queridos, no hay duda que se trató de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil a la que se trató de desprestigiar tildándola de “guarimberos” “apátridas” “traidores” y otros calificativos injuriosos, realizado a través de un patrón de comportamiento en el accionar de las fuerzas públicas que seguían las órdenes emitidas por las máximas autoridades del Estado para acallar y controlar las protestas.
Desde ese momento, los familiares iniciamos un largo proceso ante los organismos encargados, exigiendo una justicia genuina, la cual, sin embargo, se nos ha negado de manera constante y reiterada. Nos hemos enfrentado a un sistema de justicia que nos niega el acceso a la misma, donde se relega a las víctimas y se protege a los victimarios, y donde la impunidad como política de Estado envía un doble mensaje: a la sociedad civil, que el destino de quien protesta solo puede ser una detención arbitraria, una desaparición forzada, la tortura e incluso la muerte; y a los miembros de los órganos represores, que pueden seguir cometiendo estos crímenes porque el Estado está para protegerlos.
Hoy vemos con dolor y preocupación como se siguen cerrando aún más nuestros espacios cívicos. Como cada día una violación de los derechos humanos supera a la otra o como se cometen crímenes atroces, mientras los responsables, tanto materiales como intelectuales, siguen con sus vidas sin que se les exija ningún tipo de responsabilidad. La ausencia de instituciones reales hace que ninguno de quienes hacemos vida en el país estemos seguros.
Sin embargo, nada de lo anterior nos doblegará, por lo que los padres, madres y familiares de los venezolanos asesinados en las manifestaciones, a pesar de nuestro dolor, los obstáculos y las adversidades que este sistema nos impone cada día, seguiremos luchando con la frente en alto y con todas nuestras fuerzas, como muestra de valor, constancia, exigencia de justicia y amor por nuestros hijos y familiares. No estamos dispuestos a bajar la cabeza y rendirnos, porque se lo debemos a esos valientes jóvenes que ese año 2017 salieron con sueños, esperanzas e ideales a exigir sus derechos humanos y no regresaron a casa.
No Estamos Dispuestos a Perder…
Alianza de familiares y Víctimas en Venezuela ALFAVIC-VENEZUELA
