La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela publicó su cuarto informe en el que denuncia la preocupante campaña de estigmatización y el uso del sistema de justicia contra PROVEA por nuestro trabajo de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales en el país.
La Misión reiteró que desde al menos 2013 nuestra organización ha enfrentado una serie de ataques sistemáticos y desacreditaciones por parte de las autoridades venezolanas. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a los miembros de nuestro equipo coordinador debido al hostigamiento y la estigmatización pública que enfrentaron en ese entonces.
El informe de la Misión de la ONU documenta detalladamente una serie de actos difamatorios y de hostigamiento que PROVEA y sus miembros han padecido en los últimos años, como las acusaciones infundadas de que PROVEA está financiada por organismos de inteligencia de Estados Unidos. Destacadas autoridades del Estado venezolano, como el presidente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PROVEA), han lanzado públicamente estas acusaciones, alegando que PROVEA está vinculada a la CIA y que colabora con grupos terroristas.
Uso del sistema de justicia
El informe también resalta el alarmante uso del sistema penal para criminalizar la labor de defensa de los derechos humanos realizada por PROVEA.
En mayo del 2022, Rafael Lacava, Gobernador oficialista del Estado Carabobo, inició un juicio por presunta “difamación” contra Marino Alvarado, Coordinador de Exigibilidad Legal de PROVEA, y el padre Alfredo Infante, director de Derechos Humanos del Centro Gumilla; tras la exigencia de los representantes de las organizaciones de abrir una investigación formal hacia Lacava por la presunta responsabilidad en 221 denuncias de ejecuciones extrajudiciales a manos de funcionarios policiales en Carabobo.
A pesar de que esta demanda legal fue finalmente sobreseída después de un acuerdo con el Gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, la Misión tiene motivos para creer que este acuerdo no se logró mediante un consentimiento libre y desinteresado, teniendo en cuenta las amenazas constantes y el hostigamiento sufrido por los defensores de derechos humanos en el país.
La Misión de la ONU concluye que PROVEA y sus miembros han sido objeto de una campaña persistente de estigmatización por parte de altas autoridades del Estado venezolano, y que el sistema penal se ha utilizado para criminalizar su labor en la defensa de los derechos humanos.
Este informe subraya la urgente necesidad de proteger y respetar la vital labor de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, en medio de un preocupante contexto de creciente represión y cierre del espacio cívico en el país.
Desde PROVEA reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la promoción de los derechos humanos en Venezuela. Este informe de la ONU es un llamado de alerta sobre el peligroso entorno en el que trabajamos. La comunidad internacional debe tomar medidas firmes para proteger a quienes luchan por la justicia y la libertad en Venezuela. La estigmatización y el abuso del sistema penal contra las organizaciones de derechos humanos no puede normalizarse y deben cesar de inmediato.
Compartimos textualmente lo denunciado por la Misión de la ONU sobre Venezuela al respecto de PROVEA.
Prensa PROVEA.
Creado en 1988, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) es una ONG que defiende los derechos económicos, sociales y culturales en la República Bolivariana de Venezuela.
En varias ocasiones, las autoridades venezolanas han difamado, hostigado y criminalizado a PROVEA y sus integrantes por su labor de defensa de los derechos humanos. Estos ataques remontan a por lo menos 2013. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a los miembros del equipo coordinador de la organización.
El 24 de diciembre de 2019, la CIDH observó que, “pese a la vigencia de las medidas cautelares desde el 2015, no han cesado las declaraciones públicas y estigmatizantes de altas autoridades del Estado de Venezuela hacia la organización PROVEA y sus miembros coordinadores”, decidiendo ampliar las medidas cautelares otorgadas en 2015 a favor de estos. Para basar la ampliación de sus medidas cautelares, la Comisión citó 11 incidentes de hostigamiento y estigmatización pública contra PROVEA y sus integrantes por parte de funcionarios del Gobierno y plataformas progubernamentales, todos ellos ocurridos entre enero y septiembre de 2019.
Difamación y hostigamiento
Entre 2020 y 2023, PROVEA y sus coordinadores fueron objeto de más declaraciones difamatorias y desacreditantes por parte de funcionarios del Gobierno. El 4 de mayo de 2020, la página web del programa Con El Mazo Dando de Diosdado Cabello publicó un artículo señalando a PROVEA como una “organización financiada por organismos de inteligencia de los Estados Unidos”, acompañado de una foto de sus integrantes Alvarado y Uzcátegui.
Esa misma noche, durante un discurso transmitido por cadena nacional de televisión, el presidente Nicolás Maduro acusó a PROVEA de ser “una organización financiada por la CIA” y de “darle cobertura a los terroristas” por haber publicado un tuit llamando a que se respetaran los derechos humanos de las personas detenidas en una presunta operación de insurgencia llevada a cabo el día anterior.
El 13 de enero de 2021, dos integrantes de PROVEA, Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, fueron señalados por Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando por haber denunciado los mensajes difamatorios contra ONG que recibían recursos del Reino Unido, y por haber afirmado que el PSUV también había recibido fondos de dicho Estado. Cabello pidió públicamente que se abriera una investigación contra Uzcátegui y que, si no podía probar que el PSUV había recibido dinero del Reino Unido, “que asumiera las consecuencias”.
El 1 de agosto de 2021, el canciller Jorge Arreaza se refirió a PROVEA en un tuit oficial, sugiriendo que la organización debería llamarse “PRO-DEA” – en alusión a la agencia antidroga de los Estados Unidos – lo cual tiene una connotación injuriosa en el contexto político venezolano. Al 22 de junio de 2023, dicho tuit había sido republicado y promovido más de 2500 veces.
El 25 de enero de 2023, Diosdado Cabello señaló nuevamente a PROVEA, acusándola de no ser una ONG legitima, sino “un ente político”, y dijo que sería investigada una vez que se aprobara el proyecto de ley sobre las ONG presentado en enero de 2023.
La Misión también ha recibido información de que algunos miembros del personal de la organización han sido hostigados en sus comunidades y que se las ha negado acceso a las bolsas CLAP o a otros recursos del Estado, por ser integrantes de PROVEA.
Criminalización
El 14 de marzo de 2022 se presentó el informe anual 2021 de Lupa Por La Vida, proyecto conjunto entre PROVEA y el Centro Gumilla que monitorea ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Durante la presentación, los coautores del informe – Marino Alvarado de PROVEA y el sacerdote jesuita Alfredo Infante del Centro Gumilla – llamaron a que se investigara a la policía del Estado de Carabobo y al Gobernador de dicho estado, Rafael Lacava, por su presunta responsabilidad en la cadena de mando de las ejecuciones extrajudiciales que se dieron en Carabobo en 2021. También hicieron un llamamiento a que se investigara a la policía del Estado de Zulia y a su Gobernador.
El 16 de mayo de 2022, PROVEA reportó que el Gobernador Lacava demandó a Alvarado y al sacerdote Infante por la comisión del “delito de difamación agravada continuada” por “exponerlo al desprecio o al odio público”, y que habían sido citados al Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal de Carabobo para enfrentar el proceso.
El 23 de junio de 2022, tras un proceso conciliatorio con el Gobernador Lacava conocido por el Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Penal del Estado Carabobo, Infante y Alvarado hicieron una aclaratoria pública en una rueda de prensa, declarando que no tenían la intención “señalar al Gobernador Rafael Lacava como responsable, ni directo ni indirecto, de presuntas ejecuciones extrajudiciales que pudieran haber ocurrido en el Estado Carabobo”.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron este incidente como un ejemplo del uso del poder judicial para amedrentar a defensores que exigen que se investigue la cadena de mando en las violaciones de derechos humanos en Venezuela. El 17 de noviembre de 2022, el Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal de Carabobo declaró el sobreseimiento del caso “por cumplimiento de acuerdo conciliatorio de fecha 22 de junio del 2022”.
Conclusiones
La Misión tiene motivos razonables para creer que PROVEA, y en particular, sus integrantes, Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, han sido objeto de una campaña de estigmatización por parte de altas autoridades del Estado por la labor que cumplen en la defensa de los derechos humanos. La Misión también tiene motivos razonables para creer que el sistema penal fue utilizado para criminalizar la labor de defensa de los derechos humanos de Alvarado, mismo si el caso fue sobreseído a raíz de un acuerdo con el Gobernador. Como el acuerdo fue firmado en un contexto de constantes amenazas, ataques y hostigamientos de los defensores y defensoras de derechos humanos y cierre progresivo del espacio cívico en el país, tal como documentado en el presente informe, podría derivarse que el acuerdo en cuestión no fue producto de un consentimiento libre.
Descargue el informe completo de la Misión aquí
Mision-Determinacion-Hechos-2023-espacio-civico
