El director de FundaRedes, Javier Tarazona, así como Omar de Dios García y Rafael Tarazona están detenidos desde el 2 de julio. El constitucionalista Juan Carlos Apitz señala que el fiscal Tarek William Saab, cabeza del Ministerio Público, adelantó opinión sobre el caso, con lo cual demuestra que no es garante de los derechos humanos de los imputados
El director de FundaRedes, Javier Tarazona, y los activistas de la Organización No Gubernamental (ONG) Omar de Dios García y Rafael Tarazona están detenidos desde el 2 de julio. La privación de libertad de estos ciudadanos se hizo tras denunciar, ante el Ministerio Público, el hostigamiento por parte de efectivos del Servicio de Inteligencia de la Policía (SIEP) del estado Falcón.
El fiscal General designado por la constituyente, Tarek William Saab, reiteró, el 6 de julio, la acusación contra Javier y Rafael Tarazona, así como contra Omar de Dios García por los delitos de promoción al odio, traición a la patria y terrorismo. Desde FundaRedes y más de 300 ONG se ha rechazado lo que califican como una detención arbitraria y el caso ha abierto el debate sobre si los detenidos entran en la categoría de presos políticos.
Para el constitucionalista Juan Carlos Apitz, con los activistas de FundaRedes, el gobierno de Nicolás Maduro recurre al comodín de los delitos tipificados en la Ley contra el Odio, aprobada por la constituyente, y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al terrorismo, sancionada por la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, en 2012.
Enfatiza que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que las leyes del odio son una herramienta para la persecución política, no solo en Venezuela puesto que también ocurrió con las dictaduras del Cono Sur.
“Ahora resulta que decir la verdad de lo que pasó en Apure es instigar al odio. La Ley contra el Odio es una ley como la del terrorismo, pero más cómoda para los fines del gobierno. Esta ley va en contra de la garantía de la libertad de pensamiento y la manifestación de ese pensamiento que es la libertad de expresión. Además, esta ley tiene muchos delitos en blanco, es decir, de manera genérica, lo que implica que cualquier cosa puede ser un delito de odio”, puntualiza Apitz.
Desde marzo de 2021, Tarazona ha sido el vocero no oficial ante el país sobre los intríngulis de los enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y la guerrilla colombiana en Apure. En medio de la opacidad castrense, sobre la que muchos analistas llamaron la atención, el representante de FundaRedes dio detalles del combate, de las bajas y de los efectivos venezolanos heridos.
Pero, además, el director de la Organización No Gubernamental (ONG) informó del secuestro de ocho uniformados por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), confirmada por el Ministro de la Defensa 22 días después, de los detenidos v también de los ciudadanos presuntamente ajusticiados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Al mismo tiempo, denunció supuestos vínculos de funcionarios del gobierno con grupos irregulares.
También emplazó al Ministro de la Defensa, general en Jefe (Ej) Vladimir Padrino López, a hablar sin ambages al país sobre la situación en Apure. De hecho, el 17 de mayo, solicitó una reunión con el militar.
Adelanto de opinión
Juan Carlos Apitz esboza que con la detención y el proceso contra los tres miembros de FundaRedes, se evidencian los rasgos de «una dictadura pura y dura» en Venezuela. Cree que el caso contra Javier Tarazona representa la revolución judicial dentro de la perspectiva del gobierno y obedece a las prácticas del ala militarista del gobierno que basa sus acciones en la represión.
«El fiscal Tarek William Saab justificó la detención contra los miembros de FundaRedes. Pero, además, como cabeza del Ministerio Público, la institución que los va a acusar, adelantó opinión, con lo cual demuestra que no es garante de los derechos humanos de los imputados. Debería ser recusado«, enfatiza el jurista.
Añade que el gobierno llevaba días orquestando el expediente contra FundaRedes.
Saab aseveró que los miembros de FundaRedes «realizaron acusaciones públicas sin ningún fundamento que incitan al odio y comprometen gravemente la paz de la república. Este tipo de actividades las venían haciendo bajo la fachada de una organización no gubernamental».
El funcionario dijo que Javier Tarazona «señaló supuestas relaciones comerciales del Estado con estos grupos delictivos relacionados a la explotación de oro, diamantes, coltán. Agregó, de manera irresponsable, que en Venezuela existen pistas clandestinas y laboratorios de procesamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, afirmando además que el Ejército de Liberación Nacional tiene presencia en 21 entidades del país, sin presentar ningún documento que avale esas afirmaciones».
Juan Francisco García, coordinador de FundaRedes en Apure, afirma que el gobierno revolucionario de Maduro insiste en negar la presencia de grupos irregulares en el país . Acota que ese aspecto determinó la aprehensión de Javier Tarazona.
«Hay una negativa del régimen de reconocer la existencia de estos grupos y la libertad con que operan en Venezuela. Ante situaciones muy evidentes, muy duras, ante la denuncia de ciudadanos venezolanos que FundaRedes se ha ocupado de visibilizar, han tenido que reconocer la existencia de esos grupos y la forma cómo operan y cometen actos delictivos y delincuenciales desde el territorio venezolano», dice.
En ese sentido, señala que la situación denunciada por la ONG condujo a armar el expediente contra Tarazona y la institución.
Juan Francisco García asegura, asimismo, que se busca silenciar la labor histórica de FundaRedes basada en plantear el impacto que ha tenido la presencia de esos grupos irregulares en el territorio nacional.
«También se ha expuesto la complicidad que se ha ejercido con ciertos factores del régimen, lo cual afecta, de manera profunda, la existencia pacífica de los ciudadanos venezolanos», puntualiza.
FundaRedes tocó a la FAN
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, no duda en calificar como arbitraria la detención Javier y Rafael Tarazona, y Omar de Dios García.
«El asunto es que Javier Tarazona tocó el tema militar, el pilar fundamental sobre el que se sostiene el régimen. Los hechos descritos no dejaron en buenos términos a la FAN, por eso se trata de callar la voz de quienes revelaron los puntos flancos y las debilidades de la Fuerza Armada», esgrime.
Daniels subraya que el hecho de que se detenga una persona por denunciar, ataca al sistema de justicia porque inhibe, justamente, a otros ciudadanos de hacer lo mismo.
«Entonces, de ahora en adelante, si cada vez que se va a denunciar un delito, tiene que tener el caso ya solucionado con todas las pruebas y todo, entonces de qué sirve hacer una denuncia. Si eso fuera asi, Josè Vicente Rangel hubiera estado preso toda su vida porque, en la IV república, él hacía ese tipo de cosas», resalta el abogado.
El director de Acceso a la Justicia asevera que los tres delitos imputados a los miembros de FundaRedes carecen de asidero y refuerzan la tesis recurrente del gobierno de percibir a las ONG como el enemigo interno. Alí Daniels añade que no puede hablarse de traición a la patria cuando, según el Código Penal, este delito implica servir a otro en prejuicio de Venezuela.
Acota que el fiscal General designado por la constituyente no habló de ningún elemento de pruebas. Dijo que la referencia sobre el registro de números telefónicos del exterior no es convincente, cuando, dado el incremento de la diáspora, todos los venezolanos tienen comunicación con el extranjero.
Daniels subraya que, en el caso de Javier Tarazona, tampoco existe ningún elemento que apunte hacia el delito de terrorismo.
«Javier Tarazona pidió investigar y dijo que, en Venezuela, hay elementos de la guerrilla colombiana. Durante muchos años se ha dicho esto y además lo confirman habitantes de la propia zona fronteriza que conviven con estos grupos irregulares. El expresidente Hugo Chávez, en cadena de radio y TV, pidió que se otorgara el estatus de beligerancia FARC», expresa Daniels.
De acuerdo con el fiscal Tarek William Saab, seguramente, Javier Tarazona «es un adicto a las narcoseries, a las novelas colombianas, a ver este tipo de hechos de lo que ha ocurrido en Colombia. Son cosas muy delicadas, no se está hablando de una simple información o denuncia sobre temas caseros o cotidianos. Buscaría justificar acciones de carácter intervencionista en territorio venezolano».
Sin embargo, el coordinador de FundaRedes en Apure, Juan Francisco García refuta las afirmaciones de Saab. Asevera que la ONG ha sido una organización muy ética en el manejo de la información y los mensajes difundidos han corroborados, «con algunas fuentes del propio gobierno, o de las instituciones, incluso de la Fuerza Armada».
Agrega que el fiscal Saab actúa como un apéndice del Poder Ejecutivo y mantiene su posición «amañando» el criterio de FundaRedes.
«En primer lugar, debo decir que no hemos recibido ningún tipo de instrucción de nadie, de ningún organismo ni nadie en particular fuera de Venezuela. Nuestra labor ha sido cien por ciento nacionalista, de un voluntariado bien interesante que ha crecido sistemáticamente en el tiempo», argumenta Juan Francisco García.
Añade que desde la ONG se ha insistido en la formación de sus activistas para que entiendan y asuman la importancia de la promoción y defensa de de los derechos humanos. García destaca que la detención de Javier Tarazona y sus otros dos compañeros no detendrá el trabajo de FundaRedes, aunque reconoce habrá un reacomodo interno.
Tarazona, preso de conciencia
Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, dice que a los miembros de FundaRedes se les ha tratado como presos políticos, y pone como ejemplo el hecho de que a un preso común no se le dificulta el acceso a la defensa privada como ha ocurrido en este caso.
«Se impuso la defensa pública que es cómplice de las acciones del Poder Judicial. Y un defensor público no puede pedir evaluar las pruebas que tiene la Fiscalía. Esto lo hacen para tener control sobre los elementos de prueba», argumenta.
Sin embargo, Juan Francisco García, coordinador de FundaRedes en Apure, subraya que Javier, su hermano Rafael Tarazona y Omar de Dios García, en ningún momento, han sido activistas de partidos políticos, ni tienen una causa política.
«Son presos de conciencia, han puesto todo su empeño, su moral y toda su ética a la defensa de los derechos humanos. Son unos presos de conciencia en manos del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro porque, en su acción pública, nunca han hablado de odio y de resentimientos, nunca han impulsado la violencia como un medio. Son presos de conciencia porque toda su actividad ha sido dedicada a la búsqueda de la paz, a la promoción y defensa de los derechos de los mas débiles, son presos de conciencia porque se ha hecho una campaña de mentiras y de odio, de difamaciones para privarlos ilegítimamente de su libertad”, subraya García.
El constitucionalista Juan Carlos Apitz acota que los miembros de FundaRedes fueron detenidos por razones políticas y coincide con García en que son presos de conciencia.
Agrega que se trata de los representantes de una ONG que, con su trabajo, no pretende acceder al poder. «Son presos de conciencia porque no hay libertad de pensamiento», señala.
De acuerdo con Amnistía Internacional, una persona puede convertirse en preso de conciencia por diferentes motivos, ente ellos «con el pretexto que han cometido un delito aunque en realidad sólo han criticado a las autoridades».
Alianza Tal Cual – Provea
