Al cumplirse 30 años de los sucesos conocidos como la Masacre de El Amparo, hecho en el cual fueron asesinados 14 pescadores a manos de funcionarios policiales y militares pertenecientes al Comando Específico «José Antonio Páez» (CEJAP), la impunidad y la violencia institucional han guiado la actuación de militares y policías venezolanos, propiciando la ocurrencia de abusos contra los derechos humanos. Al menos 572 personas han sido asesinadas en 13 emblemáticas masacres ocurridas en el país desde el 29 de octubre de 1988.
Las condiciones que propiciaron la ocurrencia de la Masacre del Amparo, no sólo no han sido superadas, por el contrario se han agravado en el actual contexto de emergencia humanitaria compleja; aumento de la pobreza; exclusión; y extinción de la democracia y el Estado de Derecho. En contextos de aumento de la conflictividad social; crecimiento del delito; y crisis económica, el Estado venezolano ha impuesto históricamente una visión de seguridad territorial hegemónica, justificando en muchas ocasiones su actuación en el discurso del enemigo interno, basado en la doctrina de seguridad nacional, situación que se ha incrementado en los últimos 20 años de proyecto bolivariano, y que por lo general ampara actuaciones dirigidas a aplacar las expresiones de descontento social y afianzar los mecanismos de vigilancia y control de los sectores excluidos.
En nuestro libro «Las estrategias de la impunidad: nueve años de lucha por la justicia en El Amparo» publicado en 1997, diagnosticamos que una de los elementos que genero las condiciones para la actuación del CEJAP, tanto en la Masacre del Caño La Colorada (El Amparo) y en los sucesos previos conocidos como «Los Amparitos», era la ausencia absoluta de un Estado que atendiera las necesidades básicas de los pobladores y el enfoque militarista para abordar la seguridad ciudadana. Provea afirmó entonces: El nacimiento del CEJAP responde fundamentalmente a la concepción de seguridad territorial hegemónica a lo interno del Estado venezolano, caracterizada por el privilegio del elemento militar por encima de otros elementos como el desarrollo social e institucional.
En 1987 la Unidad de Programación Especial para el Desarrollo del Suroeste de Venezuela (Upesuroeste), ente estatal dependiente del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia para ese entonces, había elaborado un diagnóstico sobre las condiciones socio-económicas de las poblaciones fronterizas situadas al margen del río Arauca, entre ellas El Amparo, en el que se señaló las ausencias institucionales para brindar a los pobladores acceso a servicios públicos como electricidad; agua potable; servicios sanitarios y educativos, entre otros. En 1988 la actuación pendular del Estado pasó de la absoluta ausencia, a la irrupción violenta a través de sus agentes de seguridad. Al igual que ahora no se atendieron -con una visión democrática y respetuosa de los derechos humanos-, las debilidades y ausencias institucionales, por el contrario se impuso la visión militarizada de la seguridad ciudadana.
Amparándose en una visión alejada del respeto a los derechos humanos, el Estado venezolano ha creado a lo largo de estos 30 años grupos élites que se han convertido en escuadrones de la muerte, debido a la discrecionalidad con que actúan y a la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y sanciones para los involucrados en abusos contra los derechos ciudadanos. Desde la creación del CEJAP, estos cuerpos élites han generado cientos de abusos e impuesto la violencia institucional. La más reciente creación es la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, un órgano especial de dicho cuerpo de seguridad que desde su creación se ha convertido en un verdadero escuadrón de la muerte que a diario asesina entre 6 y 8 personas en situaciones que son presentadas ante la opinión pública como «enfrentamientos», pero que indican a todas luces que se trata de ejecuciones extrajudiciales. La actuación del FAES, sustituto de los «Operativos de Liberación y Protección del Pueblo» (OLP), constituye la institucionalización del uso excesivo de la fuerza y las ejecuciones extrajudiciales en el marco de la actuación policial y militar en labores de seguridad ciudadana.
Provea lamenta que al cumplirse 30 años de los hechos de El Amparo sigan ocurriendo masacres en el país, y que el panorama futuro nos indique que estas situaciones seguirán en aumento debido a la ausencia de democracia; la militarización de la seguridad ciudadana; el abierto aliento a la comisión de abusos; la impunidad; y la asunción del terrorismo de Estado por parte de la dictadura de Maduro.
Prensa Provea
