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En 10 años el dirigente sindical de la empresa estatal Ferrominera del Orinoco Rubén Darío González ha sido sometido a dos procesos judiciales y encarcelado por ser consecuente en la defensa de los derechos laborales.

Rubén es un símbolo de resistencia al autoritarismo y a su vez, su persecución, un ejemplo del uso arbitrario del poder contra quienes se atreven a exigir derechos.

En el año 2009 fue detenido por dirigir una huelga exigiendo el cumplimiento de la convención colectiva. Tras un largo proceso judicial que duró cinco años se le declaró no culpable de ninguno de los delitos imputados y se le otorgó libertad plena. De esos cinco años de proceso el dirigente sindical pasó año y medio tras las rejas.

Su encarcelamiento no disminuyó la disposición de lucha de Rubén González para mantenerse firme ejerciendo sus labores de dirigente sindical y defender los derechos de los y las trabajadoras. Se le pretendió doblegar a través de amenazas frecuentes que sería detenido y hasta una orden judicial pretendió impedirle realizara asambleas del sindicato con sus agremiados.

Ante una sentencia inconstitucional e injusta solo queda la desobediencia y resistencia pacífica. Así lo manifestó públicamente y así lo cumplió.

La persistencia del sindicalista en exigir el cumplimiento de la convención colectiva, su actitud irreverente ante las amenazas y su liderazgo no lo podía tolerar una dictadura que tiene una clara política anti sindical y anti obrera. Un gobierno que llevó a niveles extremos el sufrimiento de los obreros y sus familias y pulverizó el salario así como las convenciones colectivas.

El 12 de agosto de 2018 mientras Rubén González dirigía una asamblea en la entrada de la empresa,  un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana intentó detenerlo sin orden judicial alguna. No obstante, los trabajadores allí concentrados en asamblea, protegieron al dirigente con su cuerpo y de forma pacífica impidieron a los GNB que se llevasen detenido de forma ilegal al sindicalista.

El 29 de noviembre es detenido en una alcabala por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, sometido a un inconstitucional proceso judicial en la jurisdicción militar y enviado a la cárcel de la Pica en el estado Monagas.

Más de cinco meses encarcelado lleva el sindicalista Rubén González como consecuencia de un proceso judicial injusto y amañado.  Un rehén de la dictadura. Uno más de los presos políticos de Maduro y su cúpula.

Exijamos la libertad de Rubén González, el cese a la percusión contra los dirigentes sindicales y que se ponga fin al uso de tribunales militares para juzgar a civiles.

La exigencia de la libertad de los presos políticos debe ser una lucha constante en la ruta para lograr el retorno de la democracia y una mejor Venezuela.

Prensa Provea