Este viernes se celebró en la ciudad de Bogotá, Colombia, la V reunión de presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica, (OTCA), conformada por presidentes, vicepresidentes, ministros, cancilleres y representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, y cuyo objetivo principal era «adoptar una declaración conjunta que consolide acuerdos regionales, refleje las prioridades compartidas y oriente acciones concretas para enfrentar los desafíos ambientales, sociales y climáticos del bioma amazónico«.
A la cita acudieron, en representación del gobierno venezolano, el canciller Yván Gil y el ministro para el Ecosocialismo Ricardo Molina, para presentar -según dijo Gil en su cuenta en la red social Instagram-, el «sólido historial de logros en la protección de nuestra Amazonía».
Los temas centrales de la Cumbre de la OTCA incluyeron también la integración de conocimientos científicos y saberes ancestrales de los pueblos indígenas como herramientas clave para la protección del bioma amazónico y el acuerdo conjunto que será presentado en la próxima Conferencia Mundial sobre Cambio Climático (COP) a celebrarse en Belém do Pará, Brasil, el próximo mes de noviembre.
Previo a su llegada a la cumbre, el canciller Gil afirmó en Instagram: «A lo largo de los años, el Gobierno nacional, en estrecha colaboración con nuestro pueblo, ha enfrentado la minería ilegal y la deforestación en esta vital región de diversidad biológica, priorizando siempre la vida de nuestros pueblos indígenas y el desarrollo sostenible«.
Una promesa reciclada
Dos años atrás, durante la celebración de la reunión de la OTCA en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil, el canciller venezolano hizo hincapié en las propuestas del gobierno venezolano para recuperar la Amazonía, entre ellas, dijo que había que detener la minería ilegal y combatir los incendios.
«Desde Brasil, continuamos evaluando propuestas para proteger la región amazónica. Venezuela ha planteado un plan de reforestación de la Amazonía, que incluye detener la minería ilegal, combatir incendios, crear zonas de protección y lanzar un satélite amazónico», dijo entonces.
Ese mismo año, Nicolás Maduro dijo en su cuenta X (antes Twitter): “Con trabajo, esfuerzo y un plan concreto, listo para la acción, avancemos unidos en la reforestación, saneamiento y recuperación del Amazonas, por el bienestar de nuestros pueblos indígenas. Estamos encaminados hacia una nueva humanidad. ¡Sí se puede!”.
Tras ese encuentro de la OTCA los ocho países miembros acogieron la Declaración de Belém que concluyó, entre otras cosas, en la necesidad de:
«1 Combinar los esfuerzos, al más alto nivel, de sus Gobiernos para avanzar en una nueva agenda común de cooperación en la Amazonía que sea implementada bajo el objetivo del desarrollo sostenible, de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, de los bosques y del agua, la acción urgente para evitar el punto de no retorno en la Amazonía, el combate a la deforestación y a los ilícitos en la región, el desarrollo económico con inclusión social y generación de ingresos y empleo, a partir de mecanismos de participación social, en particular de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y tradicionales, y el fortalecimiento de la OTCA. Para eso, observarán los siguientes principios:
a. La participación activa y el respeto y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y de comunidades locales y tradicionales, con especial atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad;
b. La protección y la promoción de los derechos humanos, de la igualdad de todas las personas, sin distinción de raza ni de ninguna otra índole y del combate a todas las formas de discriminación».
Pero desde entonces, es poco o nada el aporte del gobierno venezolano en esa dirección.
Exhibir «logros» para ocultar el abandono
La presencia de la delegación del Estado venezolano en la Cumbre de la OTCA, lejos de ser garantía para la visibilización y el abordaje colectivo de los grandes retos que enfrenta la Amazonía venezolana, formó parte más bien de la agenda oficial para intentar consolidar la narrativa sobre los “logros” del gobierno venezolano en la protección de la Amazonía y los pueblos indígenas.
¿Por qué decimos esto?
Porque la actuación pendular del Estado venezolano oscila entre las debilidades y ausencias institucionales y la imposición de la seguridad territorial hegemónica que, en el contexto de la permanente negación de los derechos de los pueblos originarios y el desconocimiento de la protección al medio ambiente, ha aumentado las tensiones y los conflictos socio-ambientales en la Amazonía venezolana.
Las tensiones entre indígenas y actores estatales y grupos armados no estatales, han ido en aumento debido al crecimiento exponencial de la minería ilegal en los estados Amazonas y Bolívar, que ha sido atizado por el mega proyecto Arco Minero del Orinoco que fue impuesto irrespetando el derecho a la consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas.
La paralización de los procesos de demarcación de territorios indígenas; el abandono de las obligaciones estatales de proveer salud, alimentación y seguridad a sus comunidades; la ausencia de garantías para los derechos a la movilidad, educación y a la participación política en igualdad de condiciones y el desmantelamiento de la institucionalidad y la guardería ambiental, forman parte de un amplio repertorio de abusos y ausencias estatales que echan por tierra todos los avances que se alcanzaron con la aprobación de la Constitución de 1999.
Entre los países de la cuenca Amazónica, Venezuela es el que ha dado menos reconocimiento y titularidad a tierras ancestralmente habitadas por pueblos indígenas, quienes son la primera línea de defensa del patrimonio ambiental y se encuentran en situación de riesgo ante el avance del extractivismo y el abandono estatal.
Datos de la plataforma Global Forest Watch (GFW) muestran los avances en los procesos de demarcación y reconocimiento de estos territorios en la región.
Los colores más claros muestran las zonas en las que no ha habido ningún tipo de reconocimiento estatal.
«La participación activa y el respeto y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas y de comunidades locales y tradicionales» destacada en la Declaración de Belém, ha sido letra muerta para el Estado venezolano.
Entre los ocho países miembros de la OTCA, Venezuela y Surinam son los únicos que no han suscrito el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), cuyo objetivo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
En un reciente informe elaborado por Provea, la coalición ODEVIDA y el Programa Venezolano de Promoción de los Derechos Indígenas en Venezuela “Wayamoutheri”, se documentan los riesgos en los aspectos culturales e identitarios que han producido migraciones de varios pueblos indígenas hacia países vecinos como Colombia y Brasil, debido a graves problemas de sobrevivencia, empobrecimiento socioeconómico, falta de atención en salud y discriminación.
También, se destaca la grave situación de salud en que se encuentran varios pueblos indígenas del país debido a las condiciones sanitarias vinculadas al crecimiento de la minería con un consecuente aumento de los focos mineros en varias regiones.
La morbilidad y mortalidad han aumentado exponencialmente por enfermedades como el paludismo y la tuberculosis.
Tal es el caso del Alto Orinoco en el estado Amazonas, donde hay reportes de las propias comunidades que hacen referencia a numerosos casos de estas dos enfermedades, incluyendo índices de mortalidad bastante elevados.
Expansión minera y deforestación de la Amazonía
Tal como reseñamos en nuestro Informe Anual 2025, la minería ilegal se ha expandido más allá de los límites establecidos en el Decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, impactando focal pero intensamente a la Reserva Forestal La Paragua y al estado Amazonas.
Esta actividad, ejercida sin ningún tipo de regulación institucional, pero con evidente complicidad oficial, genera graves daños ambientales, como deforestación, contaminación mercurial de suelos, agua y ecosistemas en general, más pérdida de biodiversidad.
Especialistas consultados por Provea, señalan que la pérdida de bosque entre 2023 y 2024 en el territorio meridional de Venezuela, incluyendo Delta Amacuro y el Esequibo, se ubica entre 75.000 y 85.000 hectáreas.
Dicha caída, si bien se debe principalmente a la deforestación causada por sectores agropecuarios y madereros, se suma a la eliminación de la selva natural por parte de la minería aurífera.
Pese a que el gobierno, a través del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), continúa realizando operativos militares destinados -según sus voceros-, a combatir la minería ilegal al sur del país, estas acciones militares no han sido efectivas y la extracción de oro, coltán y casiterita sigue muy activa en esos territorios.
En el caso del estado Amazonas, en contravención del Decreto N° 269 que prohíbe la minería en todo ese territorio, continúa la minería ilegal en los parques nacionales Yapacana, Serranía La Neblina, Duida Marahuaka y Parima Tapirapeco, cuyo ordenamiento jurídico protector es vulnerado totalmente.
En el Parque Nacional Yapacana -situado en el municipio Atabapo del estado Amazona-, donde está concentrada aproximadamente el 85% de la minería en la entidad, sus ecosistemas han sido impactados en gran medida. Para 2023 ya se habían deforestado 3.277 hectáreas.
Los operativos militares que han sido exhibidos como «logros» por la administración Maduro en su lucha contra la minería ilegal, carecen de eficacia y sostenibilidad.
Se siguen ejecutando operaciones militares en sitios previamente desalojados, por ejemplo en Yapacana. Esto es indicativo que dichos operativos no han funcionado y que la extracción de oro sigue en ascenso en el estado Amazonas.
La GFW informó que entre el 20 de febrero de 2024 y el 22 de agosto de 2025 se registraron 23,584,029 alertas de deforestación en Venezuela, cubriendo un total de 288 kha. El equipo de GFW destacó que en 2024 Venezuela perdió 153 kha de bosque natural, equivalente a 64.8 Mt de emisiones de CO₂.
GFW señala que desde 2002 y hasta 2024, Venezuela perdió 678 kha de bosque primario húmedo, lo que representa 28% de su pérdida total de cobertura arbórea en el mismo periodo de tiempo. El área total de bosque primario húmedo en Venezuela disminuyó en 1.8% en este periodo de tiempo.
Según muestran los datos de GFW la perdida de la Amazonia venezolana -donde se ubica la mayor parte de los bosques del país-, se ha incrementado durante los últimos 18 años, con un marcado ascenso a partir del año 2016, año en que fue aprobado el decreto Arco Minero del Orinoco y a las puertas de la Emergencia Humanitaria Compleja.
Ante un panorama tan complejo, urge que las autoridades del Estado venezolano asuman un compromiso real con la protección de la Amazonía y con los pueblos que la habitan.
El cumplimiento de los procesos de demarcación y entrega de titularidad de tierras a los pueblos indígenas, el respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada y a la asociación autónoma de los pueblos y organizaciones indígenas, la paralización de los proyectos de megaminería en el marco del Arco Minero del Orinoco, la lucha eficaz y sostenible contra la minería ilegal, el desalojo de grupos irregulares, el desmantelamiento de las gobernanzas ilícitas que controlan el territorio, y la suscripción y adopción del Acuerdo de Escazú, son grandes deudas del Estado venezolano que contradicen abiertamente los «logros» que intenta mostrar la gestión de Nicolás Maduro ante la OTCA y la opinión pública internacional.
Prensa Provea
