La discusión sobre la crítica situación de derechos humanos que vive Venezuela ha trascendido ya el ámbito regional para ponerse en primer plano en el Sistema Universal de las Naciones Unidas. Además de ocupar un lugar importante en las actuales sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, ha sido ampliamente discutida durante el actual periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que concluye esta semana. Hoy con 23 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, se adoptó una resolución en el Consejo de Derechos Humanos, en la que se acoge el informe elaborado por al anterior Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre los abusos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro en el contexto de protestas y operativos de seguridad ciudadana; se expresa profunda preocupación por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela en el contexto de la crisis política del paìs; se exhorta al gobierno de Maduro a aceptar la asistencia humanitaria a fin de hacer frente a la escasez de alimentos y medicinas; se insta al gobierno venezolano a cooperar con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y se solicita a la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, a elaborar un exhaustivo informe sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela, para ser presentado en el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La resolución «Sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela», fue presentada por un grupo de 42 países al Consejo de Derechos Humanos. El proyecto de resolución planteaba tres líneas de acción para, en el ámbito de las Naciones Unidas, contribuir a superar la crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela.
Uno de los aspectos más destacados de la recién aprobada resolución, consiste en el llamamiento al gobierno de Venezuela a aceptar asistencia humanitaria para solventar: la escasez de alimentos, medicinas e insumos médicos, el aumento de la desnutrición especialmente entre los niños, y el resurgimiento de enfermedades previamente erradicadas o mantenidas bajo control en la región.
La migración masiva y forzada de más de 2,3 millones de venezolanos -según cifras de ONU- es generada en gran parte por la situación de hambre y de enfermedad que padecen amplios sectores de la población. Recibir asistencia humanitaria es un derecho de la población y no puede ser obstaculizada por el Estado, en especial si sus políticas públicas no han respondido a las necesidades de la población.
A comienzos del mes de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) de la ONU; Comité sobre los Derechos del Niño (CRC) de la ONU; la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); el Dr. Felipe González, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la ONU, emitieron una declaración conjunta exhortando a los Estados, junto con otros actores relevantes tales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organizaciones de la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación a desarrollar una respuesta regional coordinada basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida para responder antes, durante y después del desplazamiento masivo de migrantes y refugiados de Venezuela.
El 19 de septiembre, ACNUR y la OIM, el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración, anunciaron el nombramiento de Eduardo Stein, como Representante Especial Conjunto para los refugiados y migrantes venezolanos en la región. En una declaración conjunta, estos órganos de ONU informaron que la labor del Representante Especial será brindar “apoyo a los esfuerzos de los gobiernos nacionales respecto de la respuesta frente a las necesidades de protección y de soluciones por parte de un número cada vez mayor de refugiados y migrantes venezolanos”.
Desde el año 2015, las organizaciones de la Sociedad Civil venezolanas han solicitado reiteradamente al gobierno de Maduro, la activación de los mecanismos de cooperación y ayuda humanitaria a través de los órganos y agencias de cooperación de Naciones Unidas. La dictadura niega la existencia de una emergencia humanitaria compleja y la profunda crisis en alimentación y salud, cerrando con ello las posibilidades para que se activen los mecanismos de cooperación internacional que coadyuven a solucionar la grave crisis y el severo daño nutricional a la población en mayor situación de vulnerabilidad.
Otro aspecto relevante es el exhorto realizado al gobierno venezolano para que coopere con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos. Venezuela presenta un importante retardo en la presentación de informes periódicos ante los varios órganos convencionales que hacen seguimiento a varios tratados de derechos humanos suscritos por Venezuela. En este sentido el Comité de Derechos Humanos constató en abril pasado el retardo el Estado para presentar su informe a ese comité y el abandono del sistema de seguimiento por parte del Estado. Por su lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial no ha recibido el informe de Venezuela y el plazo venció en enero de 2016. Tampoco ha sido presentado el informe ante el Comité contra la Tortura, y su plazo se vence el próximo 28 de noviembre.
Venezuela no ha permitido la visita de los relatores temáticos a excepción de la visita de Alfred de Zayas, antiguo experto independiente para la promoción de la democracia y el orden internacional equitativo, cuyo informe ha sido ampliamente criticado por su falta de independencia y por fallas graves en su metodología. Los relatores temáticos forman parte de un sistema de 44 mecanismos temáticos, la mayoría de ellos con competencia para estudiar la situación en Venezuela, y muchos de los cuales han solicitado visitar el país para constatar directamente la situación de los derechos para los que han recibido mandatos.
El Estado Venezolano tampoco permitió el ingreso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para realizar su último informe, de junio pasado, como lo dice dicho informe: “Dado que el gobierno venezolano no permitió que el ACNUDH tuviera acceso a su territorio, la información se recopiló a través de observaciones realizadas desde fuera del país”.
Un tercer elemento a destacar es la solicitud realizada por el Consejo de Derechos Humanos al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, para que su oficina prepare un exhaustivo informe escrito sobre la situación de derechos humanos en Venezuela para ser presentado en los próximos períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además se prevén dos informes verbales que deben ser presentados por el Alto Comisionado en febrero y en septiembre de 2019.
Esta última petición significa el establecimiento de un mecanismo de observación independiente del Informe Periódico Universal al que se someten todos los países. De esta manera no solamente se pide la realización de un informe especial sino que se abre el debate sobre Venezuela durante las próximas tres sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
Los gobiernos aliados del gobierno venezolano, y este último, recurrieron a viejos argumentos para evitar que fuera adoptada esta resolución, incluidos argumentos procedimentales. Especialmente, alegaron que se atenta contra la soberanía del Estado venezolano, que se estaría violando el principio de no intervención en asuntos internos, que se está politizando el tema de los derechos humanos y que se están aplicando estándares dobles contra el Estado venezolano. Desconocen de esta manera que los derechos humanos son universales y que los Estados no pueden alegar principios de soberanía para violarlos y menos aún para evitar la rendición de cuentas ante las instancias internacionales con las que se han comprometido. También desconocen que estas instancias fueron establecidas para evaluar el cumplimiento de los tratados internacionales que el Estado venezolano ha suscrito libremente y que protegen a la población.
Prensa Provea
