Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuncia la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), con el objetivo de fortalecer el uso de sus mecanismos de protección y monitoreo, responder de manera oportuna y efectiva a los nuevos desafíos que requiere la grave crisis de derechos humanos en el país.
La Comisión ha dado seguimiento cercano a la situación en Venezuela desde el año 2002, cuando realizó una visita a ese país. En los años 2003 y 2009, fueron emitidos informes sobre el país en los cuales la CIDH expresó su preocupación por el deterioro progresivo de la situación de derechos humanos y de la institucionalidad democrática. Asimismo, monitoreó la situación desde sus diferentes instrumentos y avanzó en el análisis de peticiones y casos del país. Asimismo, y dado el persistente deterioro de la institucionalidad democrática, desde 2005, la Comisión incluyó a Venezuela dentro de los países con una situación de derechos humanos más preocupantes de la región, en el capítulo cuarto de su informe anual.
A partir del agravamiento de la crisis en 2016, la CIDH intensificó sus labores de monitoreo en el país. Desde entonces, ha enviado 15 cartas de solicitud de información al Estado, un incremento de 25% respecto al promedio del periodo 2002-2015 y emitido 69 comunicados de prensa (25 en lo que va del 2019), expresando grave preocupación por la situación en país.
Desde 2017, la CIDH cuenta con una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para articular los diferentes mecanismos de la Comisión en su atención a la grave situación de Venezuela. Ese mismo año, luego de una evaluación integral respecto a la grave crisis política, económica y social que el país atraviesa, y en atención a la solicitud de la sociedad civil, la CIDH decidió elaborar su tercer informe de país sobre Venezuela. El informe “Institucionalidad democrática, estado de derecho y derechos humanos en Venezuela” documento ampliamente y con detalle la situación de Venezuela, y analiza el impacto que ha tenido el profundo debilitamiento de la institucionalidad democrática sobre la vigencia de los derechos humanos de la población venezolana, así como el alarmante incremento de la represión, torturas, muertes por agentes del Estado, prisión por motivos políticos, violencia e inseguridad ciudadana, entre otras.
En el marco de esta SACROI, también decidió priorizar el trámite y análisis de peticiones y casos respecto de Venezuela. Del 2002 al 2015, abrió a trámite un promedio de 24 peticiones al año; entre el 2016 y 2018 aumentó a 50, y en lo que va de 2019, ha decidido abrir a trámite 90 peticiones. La CIDH decidió asimismo enviar 8 casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (4 en 2019), casi duplicando el promedio anual del periodo anterior. Asimismo, desde el 2016 otorgó 42 medidas cautelares, más que en todo el periodo del 2002 al 2015; y en 2019, ha otorgado 19 medidas cautelares. Estas medidas representan el esfuerzo integrado y coordinado de la Comisión, a partir de sus diferentes mandatos, para responder alas situaciones más graves de la crisis de derechos humanos en el país. En atención a la situación, la CIDH otorgó un alto número de audiencias públicas, sobre la situación de derechos humanos, sobre medidas cautelares y casos de Venezuela, aumentando en un 40% al año. La CIDH ha celebrado 36 audiencias desde el 2016.
La presidenta de la CIDH, Esmeralda de Troitiño, explica que “en el marco de estas acciones y dado el persistente y creciente agravamiento de la situación en el país y considerando el aumento en los requerimientos hechos a la Comisión para darle respuesta integral a la situación en el país, la Comisión creó un mecanismo especial de seguimiento para Venezuela (MESEVE) con el objetivo de fortalecer las labores realizadas por la Comisión en sus diferentes mandatos, especialmente, con respecto al pilar de protección y al monitoreo de la situación de derechos humanos y el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones hechas por la CIDH al Estado venezolano”.
En particular, el MESEVE se ocupará de dar seguimiento cercano al contexto para evaluar las solicitudes de medidas cautelares y dar seguimiento a aquellas otorgadas; priorizar las peticiones recibidas, así como la elaboración de informes sobre admisibilidad y fondo, y el litigio de casos ante la Corte Interamericana; monitorear cercanamente y con capacidades reforzadas la situación de los derechos humanos en el país a través de sus distintos mecanismos, monitorear en terreno la situación de las y los migrantes venezolanos en varios países de la región; documentar las violaciones a los derechos humanos de manera sistemática, hacer seguimiento a sus recomendaciones hechas al Estado, apoyar en el fortalecimiento de la sociedad civil; y servir, en el marco de sus competencias como órgano principal de la Organización de Estados Americanos (OEA), de guía, asesoría e información sobre la situación de derechos humanos en el país.
El comisionado relator para Venezuela, Francisco Eguiguren explica que “en el marco del MESEVE, entre otras acciones, la Comisión elaborará dos informes: uno sobre la situación de derechos humanos en el país y otro sobre la migración forzada de venezolanos”.
Según el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão: “para el desempeño de sus funciones, el MESEVE colaborará con diferentes actores, principalmente las víctimas y sus familiares, las organizaciones de sociedad civil, la OEA, los órganos del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, los Estados, las universidades y otros organismos dedicados a la promoción y defensa de los derechos humanos en Venezuela”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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